Escribe Maxi Duque
El Partido Obrero protagoniza un falso viraje.
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En el marco del paro convocado para los días 19 y 20 de mayo, se conoció una declaración de la Agrupación Naranja de docentes universitarios (Partido Obrero). La convocatoria al paro y las consignas incluidas en el título operan como excusa para presentar un cotejo entre tres proyectos de ley presentados por la UCR, la UP y el FIT-U. El ángulo que eligen para realizar tal comparación es que, en materia salarial, los proyectos de los radicales y el pejotakirchnerismo solo le “encomiendan” una serie de medidas al Poder Ejecutivo. El único que le “ordena” al gobierno una actualización salarial y una serie de otras medidas sería el proyecto del FIT-U. Concluye alertando a la docencia universitaria y preuniversitaria sobre la necesidad de “no entrar en la trampa parlamentaria” -en una declaración cuyo objetivo disimulado pasa por reivindicar un proyecto de ley propio-.
Pero esto, que ya es demasiado, no es todo. Para encontrar el sentido de las cosas hay que ubicarlas en su contexto y en su desarrollo. En 2024, el FIT-U votó a favor de un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que… ¡le “encomendaba” al Poder Ejecutivo la actualización del presupuesto y el aumento de salarios para los trabajadores de las universidades! Impulsado por los partidos políticos que habían acompañado la Ley Bases, los rectores de las universidades y las direcciones sindicales, el proyecto de ley constituía una estafa ya que no ordenaba ni obligaba a nada al gobierno -simplemente le encomendaba- y tenía como único objetivo conducir al movimiento de lucha que había protagonizado la histórica marcha universitaria contra la política antieducativa y anticientífica de Milei-Caputo hacia la vía parlamentaria para desbaratarlo.
Desde Política Obrera se denunció inmediatamente la maniobra de este frente político contra el movimiento de lucha en defensa de la universidad y la ciencia. Los diputados del FIT-U en vez de utilizar la tribuna parlamentaria para evidenciar la estafa, votaron a favor de la misma reforzando ese frente. A tal punto que en un caso se votó sin fundamentar por qué, como Vanina Biasi, la legisladora del PO -recordemos que Prensa Obrera tardó varios días en publicar un artículo sobre la cuestión-. O peor, el fundamento del voto expuesto por Christian Castillo, el diputado del PTS, advertía, casi rogaba, que se votara la ley porque si no iba a haber una huelga indefinida en las universidades.
El apoyo parlamentario a la ley se replicó en los sindicatos como AGD UBA. En la asamblea donde se discutió el tema la Agrupación Naranja (PO), la dirección del sindicato, mocionó para que se votara el apoyo a la ley. Las intervenciones a favor intentaron ridiculizar nuestro planteo sobre el mero carácter encomendador de la misma, apostaban para que el veto abriera una crisis política (por arriba) y se vanagloriaban de saber, como todo militante revolucionario sabe (sic), que cualquier ley de la burguesía constituía una maniobra contra la clase trabajadora. Se olvidaban lo más importante: la denuncia de las maniobras de la burguesía en el parlamento y el desarrollo de una campaña que clarificara y alertara a la docencia universitaria, que en general apoyaba la ley, de “no entrar en la trampa parlamentaria”.
Aunque ahora rechazan -un año después- los planteos de encomendar al Poder Ejecutivo, retomando los planteos hechos por la Tendencia Universitaria Clasista (Política Obrera), sin embargo, continúan “encomendando” a las centrales sindicales y al frente gremial universitario que se pongan a la cabeza de la lucha en defensa de la universidad, la ciencia, el salario y las condiciones de trabajo de sus trabajadores.
Las consignas incluidas en el título de su declaración son elocuentes: “por un plan de lucha nacional”, una forma disimulada de encomendarlo a las direcciones colaboracionistas de las federaciones sindicales, esas que el año pasado (y lo que va de éste) dilapidaron la energía de un movimiento de lucha que cuando vio un canal para manifestar sus exigencias lo tomó en forma masiva.
La otra, “por una tercera marcha nacional”, también queda encomendada en este cuadro a las direcciones sindicales y a los rectores ya que, como afirman sus dirigentes, no puede hacerse sin estos. La experiencia del año pasado nos muestra que ésta tercera marcha debería ser el resultado del impulso y desarrollo de asambleas, autoconvocatorias y acciones conjuntas con el movimiento estudiantil, no del seguidismo a quienes trabajan por la unidad entre burócratas sindicales y universitarios.
El hilo conductor de esta política es la acentuación de la orientación parlamentarista del FIT-U -acaban de conformar en silencio un interbloque con el PJ-. Que se podría profundizar mediante la elaboración de un proyecto de financiamiento universitario consensuado con estos bloques para que sea votado y aprobado -y seguramente vetado- tal como sucedió el año pasado, y que la tercera marcha universitaria sea convocada por rectores y burócratas para cuando la nueva versión se trate, algo similar a lo ocurrido con el proyecto acordado en 2024 y la segunda marcha universitaria.
Todo esto muestra la importancia y la validez que tuvo la presentación de la lista “Sociales en Lucha” en las elecciones de AGD Sociales, que planteó la necesidad de darle al sindicato una orientación que permitiera abrir un proceso de lucha independiente de las burocracias sindicales y universitarias. Aquí reside el motivo real por el cual el FIT-U y sus aliados imponen una interpretación amañada del estatuto del sindicato impidiendo que la lista ocupe el lugar que le corresponde en la CD. Aunque importante, el problema central de nuestras diferencias no es la falta de vigor en la orientación del sindicato, como adujeron desde el oficialismo. En tiempos de grandes convulsiones históricas “la inversión de los polos magnéticos” no afecta solamente a los protagonistas de El Eternauta, impacta también sobre las organizaciones de izquierda provocando que el “vapor” de las masas se disipe… momentáneamente.