Escribe Nicolás Morel
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Estudiantes del Centro de Estudiantes de Artes Audiovisuales (CEAA) de la UNA (Universidad Nacional de las Artes) denunciaron el accionar de miembros del servicio de inteligencia del Estado dentro de la universidad.
El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando subieron a redes sociales el video de un joven arrancando carteles de la agrupación que conduce el centro de estudiantes, el Nuevo MAS. Entre las pertenencias que el hombre dejó tras de sí luego de ser increpado por los estudiantes encontraron una credencial que identifica al provocador como Ramón Alberto Molina. Junto al nombre se lee la leyenda “Cadete beca 970 - Icía. [inteligencia] II sección”. El Nuevo MAS elevó una denuncia formal a las autoridades de la universidad y al Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 3 de Capital Federal.
El accionar de servicios de inteligencia y grupos de tareas del Estado en la universidad no es novedad. A principios de año una docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA denunció un ataque a la casa de sus padres luego de que se hiciera viral un video de ella debatiendo en la puerta de la Facultad con un grupo de militantes libertarios, a quienes acusaba de defender el desguace de la ciencia y la educación públicas. Durante la rebelión universitaria del año pasado, mientras un centenar de Facultades en todo el país preparaban la toma de sus lugares de estudio, grupos de choque armados con palos y gases pimienta provistos por la Policía Federal atacaron asambleas en las universidades de Quilmes y Córdoba. Su alfil Santiago Caputo llamó recientemente a “exterminar” al socialismo en Argentina y dirige el organismo a través de sus personeros, Milei ha reforzado la función represiva y reaccionaria de los servicios de inteligencia.
En los últimos días trascendió la existencia de un nuevo plan de inteligencia de la SIDE que fomenta el espionaje hacia quienes “buscan erosionar la confianza de la opinión pública” sobre el gobierno. Se trata del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que promueve la recopilación de información personal, por parte del servicio de inteligencia del Estado, de cualquiera que cuestione públicamente las medidas del gobierno nacional, bajo la presunción de que actúan para “minar la confianza pública en las instituciones”.
El Plan de Inteligencia Nacional da piedra libre a los servicios de espionaje para avanzar en la identificación y el hostigamiento de cualquiera que cuestione la orientación del gobierno. Representa la extensión, en el área de inteligencia, del recrudecimiento de la política represiva que se ha visto, por ejemplo, en las ultimas marchas de los jubilados, y que incluye el aval oficial del empleo de armas de potencial letal como las granadas lacrimógenas que casi causan la muerte del periodista Pablo Grillo el mes pasado.
La provocación, entonces, forma parte del intento del gobierno de desarmar al activismo estudiantil y obrero. Milei acaba de resolver, decreto mediante, la eliminación del derecho a huelga para todas las ramas productivas, mientras se desenvuelven en todo el país los elementos de una situación social explosiva. A principios de mes se asignó, también por decreto, un aumento de $25.000 millones de pesos para la SIDE, de los cuales un tercio de ellos pueden ser usados a discreción por el organismo de Inteligencia sin rendir cuentas a nadie. En marzo se asignaron otros $7.000 millones de pesos. Ninguna de estas dos partidas fue cuestionada por los partidos reunidos en el Congreso, los cuales tienen la potestad de frenar la asignación de estos recursos.
Sumado a todo, el episodio viola el principio de autonomía universitaria, que prohíbe el accionar de las fuerzas represivas dentro del territorio de las universidades nacionales. La gravedad del hecho reclama el pronunciamiento de todo el movimiento estudiantil y universitario. Las autoridades del Departamento de Artes audiovisuales no se han expedido al respecto, así como tampoco el rectorado de la UNA. Tampoco lo han hecho los centros de estudiantes de la universidad, ni las federaciones universitarias. Todos -peronistas y radicales- forman parte de los partidos del régimen que sostienen la policía represiva y antiobrera de Milei en el Congreso, en los sindicatos y, también, en la universidad.
La preocupación del gobierno se posa en el desarrollo de las autoconvocatorias y del activismo independiente, que actualmente cuenta con episodios importantes en la docencia, los trabajadores metalúrgicos y del transporte. Es el canal a través del cual puede desenvolverse una acción histórica de la clase obrera que derrote la política liberticida de Milei y de sus colaboradores. Las provocaciones de los servicios de inteligencia deben ser rechazadas mediante la movilización de estudiantes y docentes de la Facultad: para ello, debemos retomar el camino de la rebelión educativa.