Reforma migratoria: entre la deportación en masa y la ciudadanía paga

Desde que el presidente Javier Milei anunció una reforma del régimen migratorio en la apertura de inicio de sesiones del Congreso Nacional el pasado 1 de marzo, se fue publicando por diferentes medios el contenido de la misma. El gobierno agita la deportación de todo extranjero que cometa un delito sin importar la pena del mismo, donde los ilícitos con penas menores acinco años serán motivo para denegar el ingreso al país o para la deportación. También será deportado todo aquel que ingrese al país por un paso ilegal.

Impulsará el cobro de los servicios de salud a los no residentes tanto transitorios, temporarios o irregulares e impondrá como obligatorio contar con un seguro médico para ingresar al país. Son cinco los distritos que ya tomaron medidas para cobrar a los no residentes la atención en los hospitales: Salta, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires. El gobierno lanzó el monto difícil de comprobar, de que se gastan $114.000 millones de pesos en atención a extranjeros. Esto fue discutido por la provincia de Buenos Aires que dice que la atención a no residentes tiene un impacto mínimo siendo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones.

La ley habilita a las Universidades Nacionales a que definan aranceles para los residentes temporarios y mantiene la gratuidad de la primaria y secundaria. A pesar de la vasta propaganda xenófoba, son 122.000 los extranjeros en el sistema universitario. Lo que representa el 4,5% del total, un número cercano al porcentaje de extranjeros residentes en el país.

Este engendro de reforma migratoria incluiría la “ciudadanía por inversión” donde los extranjeros ricos podrán tener el certificado sin trabas, colocando un monto de inversión, aún no definido, para obtener el beneficio de la ciudadanía en un trámite simple y exprés. La nueva ley para los migrantes, será primero un DNU de vigencia inmediata que luego se ratificará a través del senado y de diputados.

Un copión de Trump

Esta reforma rompería con una continuidad histórica en la Argentina para el caso de las políticas migratorias. Fundamentales para los derechos civiles como lo son el precepto de igualdad ante la Ley y el rechazo a la mercantilización de derechos. Argentina durante los siglos XIX y XX estuvo ligada fuertemente a la inmigración principalmente desde España, Italia y países de Sudamérica.

La corriente fascistoide de partidos de derecha a la que adhirió Javier Milei impulsa una guerra civil contra los inmigrantes, relacionándolos de manera reaccionaria con el narcotráfico, la delincuencia organizada e incluso el sabotaje, denunciando una competencia desleal por los puestos de trabajo y un aprovechamiento de los sistemas y servicios públicos.

Esto último es algo ridículo ya que, en varios de los países desde donde impulsan este planteo, como es el caso de Estados Unidos, estos servicios son prácticamente privados. De fondo buscan llevar a la masa de trabajadores extranjeros a una situación de precariedad e inseguridad migratoria que sirva como palanca extra para las patronales a la hora de imponer condiciones de trabajo y de salario extremas.

Esta política migratoria de Donald Trump llevó a Estados Unidos a deportaciones masivas, separaciones de familias completas, vuelos con deportados rechazados en países latinoamericanos y conflictos diplomáticos de todo tipo, concluyendo, en pocos meses, en una crisis de mano de obra en las fincas y plantaciones agrarias en los estados de California y Texas. La cuestión de la ciudadanía paga o Golden Visa terminó en un choque dentro del Partido Republicano entre Elon Musk y el ala conservadora del trumpismo que teme brindar con una herramienta de penetración al empresariado y gobierno chino.

Los pagadores de impuestos

Las declaraciones de Manuel Adorni intentaron reflejar una preocupación por el “dinero de los pagadores de impuestos” en contraposición con los migrantes que se aprovecharían ilegítimamente de la jurisprudencial nacional. Dijo “garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos”, “obtener la residencia permanente o la Ciudadanía será un trámite exigente” y finalizó “en este país dentro de la ley todo; fuera de la ley nada".

El vocero tal vez desconocía o prefirió desconocer el nuevo blanqueo impulsado por el ministro Caputo, que habilita justamente a aquellos que evadieron impuestos a ingresar sus fondos a sistema bancario del país, incluso aquellos que estén vinculados a la actividad delictiva o al tan mentado narcotráfico. Si sumamos esto a la ciudadanía mediante pago, Argentina podría transformarse en tiempo record en una meca internacional para el blanqueo de activos procedentes del delito.

Adorni en su conferencia desbarrancó con otra figura muy discutida, los llamados “tours sanitarios” donde desde países limítrofes se entraría exclusivamente para ser atendidos en el desmantelado sistema de salud de nuestro país.

“Quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados” colocó Adorni desde Casa Rosada acompañado por Patricia Bullrich, el vicejefe de gabinete Lisandro Catalán y Carlos Manfroni del Ministerio de Seguridad. La entrada por pasos ilegales en la frontera y su deportación inmediata, es otra cuestión discutida. Las denuncias de corrupción, mal funcionamiento e incluso de mal informar el pase por los pasos migratorios son muy extendidas. Los ciudadanos de países limítrofes deben hacer largos trámites y colas para poder asentar su entrada al país de manera correcta.

Todas estas figuras flojas de papeles y en choque con varios tratados internacionales suscriptos por el país, serán incluidas en la letra chica de la ley en que está trabajando la Secretaría legal y técnica.

El naufragio previo de Patricia Bullrich

El antecedente inmediato es la Ley de Migraciones sancionada en diciembre del 2003, que ya ubicaba en su listado de impedimentos “haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior” a delitos con pena mayor a tres años. Esta ley del gobierno de Néstor Kirchner que luego fue acompañada en el 2007 por la Ley Antiterrorista, completó un acentuamiento punitivo: normaba mucho de lo hoy propuesto. Tras varias denuncias de organizaciones como el CELS, diferentes apelaciones y plazos, permiten hoy dilatar la medida de expulsión.

En el año 2017, la entonces ministra de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, bajo excusa de luchar contra el narcotráfico impulsó una ampliación de los mecanismos para deportar extranjeros a través del DNU 70/17. Este decreto abiertamente xenófobo, cayó en el 2021 por diversas acciones de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales y de derechos humanos. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones lo declaró inconstitucional con un fallo que contó con la firma de los tres jueces.

Ante las críticas, desde el entorno de Javier Milei redoblaron diciendo que no puede permitirse ser “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”. La segunda plana del gobierno agitó en la última semana un endurecimiento marcando que “en los últimos 20 años ingresaron más de un millón y medio de inmigrantes de forma irregular”. Este dislate antimigratorio es agitado regularmente por mileistas en villas y barrios populares para generar dudas anunciando que “se dará de baja el DNI de todo aquel que reclame o tenga planes sociales” en un burdo intento de tirar agua sobre cualquier lucha por trabajo o por las reivindicaciones más elementales.

A pesar de todo lo dicho, Argentina de ninguna manera pasa por una crisis migratoria de algún tipo, desde principios de siglo XX al año 2022, los nacidos en países limítrofes oscilan entre el 2% y 3% del total de la población.

Esta ofensiva del gobierno, muestra una vez más, la crisis sin salida a la vista de una economía parada y en depresión que no puede incorporar mano de obra, generar empleo y que busca por todos los medios reforzar el ataque a las condiciones de trabajo y de vida. Por eso insiste con las paritarias del 1% mensual, la prohibición del derecho de huelga y con este endurecimiento contra los trabajadores migrantes.