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El gobierno liberticida habilitó espionaje interno, que tiene como objetivo el control social y la represión, en un cuadro social convulsivo, a través del Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE libertaria. Entró en vigencia desde finales del 2024, pero los detalles salieron a la luz la última semana y comenzó a ejecutarse en enero pasado a partir de una directiva secreta que ordenaba “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a todo actor “no estatal”, en un contexto social que el gobierno caracteriza, como consta en el PIN, de “creciente polarización política para expandir su influencia” y dañe el relato oficial, sobre todo, del delicado rumbo económico del tándem Milei–Caputo.
Quien estuvo al frente de realizar inteligencia a los “grupos sociales más vulnerables”, fue -en la jerga de los servicios- “el Señor 8”, Diego Kravetz, director general de operaciones, responsable de llevar adelante la primera fase del PIN. Kravetz, de conocidos vínculos con el Mossad, ha estrechado vínculos con otros servicios de inteligencia, en especial con la CIA. En enero pasado ingresaron 80 agentes a la SIDE digitados directamente por las agencias extranjeras, previa depuración de 500 empleados, lo que reafirma el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, ratificado en el PIN, que establece como “blanco” a quienes pretendan erosionar estos vínculos.
La bajada de Kravetz a sus agentes subordinados fue la de acumular información de “grupos sociales vulnerables”, para dilucidar cuáles son sus “capacidades y motivaciones” y prever el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación” (La Nación 28/05/2025) La primera fase de implementación del PIN también abarcó a “actores estatales” de otros países que pudieran llevar adelante “tácticas” que horaden el desarrollo político de la Argentina, a través de “ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” (idem). Todo este andamiaje represivo justifica las millonarias partidas presupuestarias de la SIDE libertaria que Santiago Caputo maneja a discreción y que no rinde cuenta alguna.
El PIN cuenta con diez Lineamientos estratégicos que establecen objetivos generales y particulares. Es en los últimos en los que se abre la posibilidad de llevar adelante espionaje interno, prohibido por ley. La Ley de Inteligencia Nacional, 25.250, en su artículo 4, fija que ningún organismo de Inteligencia del Estado podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En el Lineamiento estratégico 2, denominado “Superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, se establece examinar la propagación de “información falsa o engañosa” con la “la intención de influir en la opinión pública y/ o manipular a personas vinculadas a procesos decisorios, de manera contraria al interés nacional”. Teniendo en cuenta la arbitrariedad del gobierno libertario, todo economista, periodista, activista, organización social, quedan sujetos a ser vigilados por la SIDE.
El Lineamiento Estratégico 3 es concordante con la ofensiva antiobrera del gobierno de Milei, ya que apunta a quienes lleven adelante paros o bloqueen plantas o fabricas que “pudieran afectar las cadenas de abastecimiento centrales para el comercio exterior y la disponibilidad local de bienes y servicios”. Este lineamiento por un lado representa una ofrenda a las patronales y por el otro, se complementa con el decreto que cercena el derecho a huelga, en un contexto en donde las mismas van en ascenso.
En lo que se refiere a “Seguridad” el PIN pretende brindarles una protección especial a los ministros de Seguridad, Bullrich y de Defensa, Petri, estableciendo una “especial atención sobre quienes desgasten la confianza de la sociedad en los responsables de la Seguridad de la Nación. Lo mismo sucede con quienes intenten hacer lo propio “en las instituciones de Seguridad y Defensa” (El Destape 28/05/2025/). También el PIN tiene un apartado sobre “Salud Pública” para aquellos que “procuren generar angustia en la población respecto de la posible propagación de enfermedades, considerando el espectro desde la vacunación hasta tratamientos de las enfermedades infectocontagiosas”. El conocimiento de estos lineamientos se da en medio de la venida Robert F. Kennedy Jr., el ministro de Salud “antivacunas” de Estados Unidos. Ambos países han ratificado su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El lineamiento en “Salud Pública” claramente tiene como objetivo acallar y perseguir a aquellos que pongan en cuestión la política en esta materia del gobierno liberticida. Los trabajadores del Hospital Garrahan que denuncian el desfinanciamiento del nosocomio y llevan adelante acciones de fuerzas, deben de estar ya bajo la lupa de Diego Kravetz.
Como hemos señalado en estas páginas, un punto crucial del PIN es blindar al gobierno en relación con el plan económico de los liberticidas, y en este sentido, entre sus objetivos se encuentran la vigilancia y coacción a aquellos que siembre incertidumbres en la confianza del sistema financiero “y la solvencia de las instancias bancarias de la Nación”, cuando el gobierno viene quemando reservas día a día.
El diputado radical Pablo Juliano presentó un proyecto de resolución para citar a Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, a la Cámara de Diputados, para que brinde precisiones sobre el PIN. El Congreso de la Nación es un convidado de piedra, ante este avance fascistizante de la pandilla libertaria. El Estado policiaco que viene montando el gobierno nacional debe ser barrido por una acción histórica e independiente de la clase trabajadora como ya lo ha probado en momentos históricos precedentes.
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SIDE libertaria Por Lucas Giannetti, 27/05/2025.
