El mezquino proyecto jubilatorio, un gancho para presentar un bloque político patronal ‘opositor’

A la hora en que los diputados aprobaban la norma previsional que se discutió ayer, ya no quedaban jubilados en las inmediaciones del Congreso; una señal inconfundible del desinterés por el proyecto cuya aprobación se descontaba. Votaron con los pies, lo que Diputados tenía previsto hacer con sus manos.

Diputados aprobó un aumento de 7,2 % sobre los haberes actuales, y un aumento de $40.000 sobre el bono de $70.000. Por el primer concepto, la jubilación mínima subirá $21.000, que los mal intencionados (que nunca faltan) describen como $700 por día. Sumado al bono, la jubilación mensual se ‘elevaría’ a $437.000. Es menos del 40 % de una canasta de pobreza, y la tercera parte de la llamada “Canasta del jubilado”. Para llegar a esto, los diputados alargaron las horas de la sesión para conseguir el espacio que les permitiría invocar a “nuestros jubilados y sus derechos”. Sólo desde diciembre de 2023, el centro CEPA ha calculado una pérdida en el poder adquisitivo de los haberes del orden del 36%. Esto, no toma en cuenta el derrumbe experimentado bajo Alberto y Cristina F, y Guzmán. Varios jueces y camaristas del interior -Mendoza, Salta, Córdoba y otras provincias- han ido más lejos que los “combativos” diputados, pues están dictando fallos que asumen pérdidas de hasta el 45 % en los haberes, entre marzo de 2021 y junio de 2024.

La ley aprobada, además, convierte en ley al actual decreto que actualiza a las jubilaciones de acuerdo a la inflación pasada. Esto significa que descarta cualquier otro indicador -por ejemplo, el salario, cuando supera al índice de inflación- que permita un progreso del poder adquisitivo de las jubilaciones. La ley “reparadora” constituye un retroceso estratégico. Aunque Milei vete este proyecto, que aún necesita el voto del Senado, el debate fue recontra importante, porque expuso el programa de unidad de un bloque mayoritario de Diputados opositores, alternativo al gobierno, en materia previsional. Esta unidad se restringió, a la hora de votar el mantenimiento por dos años de la moratoria, cuando una parte de esta oposición eligió la abstención. Martín Menem, el presidente de la Cámara, no hizo votar el derecho a abstenerse, como lo exige el reglamento. La llamada izquierda votó, como se esperaba, este proyecto, pero evitó, en todo momento, denunciarlo por su mezquindad económica y por encubrir el proceso de parto de un frente opositor, y forzar, al menos parcialmente, el debate del proyecto histórico de la izquierda argentina en materia previsional. Sus oradores se esforzaron, visiblemente, por subrayar el acompañamiento al proyecto en discusión, para no sacar los pies del bloque “opositor”. El inefable Fernando Iglesias denunció a este frente en formación de partidos patronales y la llamada izquierda, como “trotskista”. El saltimbanqui “la tiene clara”.

Los diputados han votado la prórroga de la moratoria por dos años, algo que permitiría, si no fuera vetada, la jubilación disminuida de miles de trabajadores sin aportes, en virtud del negreo de las patronales o de la desocupación masiva. La “prórroga” fue votada con fecha de vencimiento, 2027, antes de las presidenciales, para habilitar el verdadero proyecto “opositor”, que es de imponer la jubilación “proporcional”, que se encargó de presentar el ex macrista Massot – una jubilación acorde a los años aportados por debajo del tiempo mínimo exigido. O sea, “acomodar” los haberes a la falta de aportes causada por el desempleo o el trabajo en negro.

“Responsabilidad fiscal”

El proyecto incluye un capítulo que financia los aumentos aprobados. Establece cobrar el IVA que no pagan los directores de empresa, y redistribuir 30 millones de dólares asignados recientemente para la SIDE. A un aumento mezquino, una financiación que no afecta a los grandes ganadores de la política de emisión de deuda pública en gran escala. Los pagos de vencimientos e intereses en 2025 son de más de 8 mil millones de dólares; en 2026, el doble. La “recapitalización” del Banco Central ha costado un endeudamiento por 20 mil millones de dólares, que se van yendo en salidas de capital. El dinero “es fungible” – no va a los jubilados o al Garrahan y el Conicet, sino a las cuentas bancarias del capital.

Los diputados aprobaron también una “emergencia en discapacidad” que prevé una pensión equivalente al 70% de un haber mínimo -210.000 pesos. Si el discapacitado “osara” ganar más de dos salarios mínimos, pierde el beneficio. En las comisiones del Congreso, los colectivos de discapacidad denunciaron a este estipendio por “mezquino”. Para despachar todos los asuntos sociales en una sola jornada parlamentaria, los diputados trabajaron ayer horas extras. Esto revela la coordinación política de un bloque opositor que incluye al kirchnerismo, antes de la condena definitiva de CFK, que se ha apresurado a llenar un vacío político, como el que dejaron las elecciones provinciales desdobladas.

Senado y veto

Este “vuelto” de los diputados en favor de jubilados y discapacitados ha quedado condicionado al Senado y al Ejecutivo. El gobierno se encuentra operando sobre los senadores peronistas -ofrece transferencias “unilaterales” a sus provincias cambio de voltear o de dormir este paquete de leyes-. En Diputados, el macrismo “de Macri”, no el libertario, se abstuvo, o sea que amenaza cambiar de campo. Esos votos serán necesarios a la hora de conformar el tercio necesario para dejar en pie un veto presidencial. Macri los condicionará a la conformación de listas para las elecciones de Buenos Aires.

Minutos antes de votarse, Nicolás del Caño anunció el “apoyo crítico” del FITU a la ley jubilatoria, debido a sus aumentos “insuficientes”. El FITU presentó a las leyes votadas como una “victoria de la movilización”. Pero la movilización real se fue antes de la votación, a diferencia de las mujeres que no se movieron de la plaza hasta que no se aprobara el derecho al aborto. La “calle” reclama jubilaciones que cubran la canasta del adulto mayor; el Garrahan luchaba por un aumento que cubra la canasta familiar, un reclamo que luego se extendió al conjunto de los hospitales nacionales

El apoyo “crítico” no existe, es un invento de la corriente política de Del Caño, conocida como morenismo. El proyecto votado es, ante todo, político; a sabiendas de que será vetado, quiere ser la expresión de un bloque patronal de oposición en formación. La tarea es denunciar ese proyecto en términos reivindicativos y en términos políticos. Por eso se dice que el parlamento es, para los socialistas, una tribuna de cara a los trabajadores, para que expongan el antagonismo con el capital y sus gobiernos. Esta posición nítida permite que a la hora de votar se elija el procedimiento más conveniente, como votarlo como un mal menor frente a otro mayor, y denunciándolo políticamente como una gran maniobra antiobrera. Así lo ha hecho siempre la dirección histórica del Partido Obrero, que planteó la expropiación sin pago de las empresas vaciadas, y luego votó los proyectos compensadores contra quienes quería desalojar a los obreros que las ocupaban. Esta posición de conjunto sirvió para luchar por el no pago de las cuotas de resarcimiento, cada vez que el financiamiento del trabajo entraba en crisis. En lugar de un apoyo ‘critico’, la obligación es denunciar a “los aliados” que lo promueven y apoyan, para separar claramente a los dos campos históricos fundamentales: la burguesía y el proletariado.