UNPAZ: votemos relanzar una lucha a fondo por nuestra educación

En la Universidad Nacional de José C. Paz habrá elecciones de centro de estudiantes los días 10, 11 y 12 de junio. Estas ocurren después de años sin convocarse y a través de la decisión arbitraria de la actual conducción, la cual se tomó sin involucrar al conjunto del estudiantado.

En 2024, tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, la universidad atravesó un proceso de rebelión de toda la comunidad docente y no docente, fueron asambleas masivas con miles de estudiantes. La ocupación de la universidad fue una iniciativa desplegada por el movimiento estudiantil y docente ante el ataque del gobierno nacional, pero también ante la defección de las autoridades universitarias, de la burocracia sindical y de la conducción de las federaciones estudiantiles, que comprendían que una iniciativa de tal carácter no solo comprometía al gobierno liberticida de Milei, sino, también, a sus propios negociados en la universidad.

La crisis educativa que dio lugar a la rebelión del año pasado se ha profundizado desde inicios del cuatrimestre. No solo por la continua devaluación del presupuesto y el salario docente, sino por el intento de implementación de un nuevo sistema de créditos universitarios (SACAU), el cual prevé la desarticulación de las carreras, su vaciamiento y el despido masivo de docentes. Es un paso en la dirección de la mercantilización de nuestras carreras. En la misma sintonía se habilitó recientemente a las universidades nacionales a arancelar la educación a estudiantes extranjeros.

Las autoridades peronistas de la Universidad no han hecho nada para intervenir en defensa de la educación. Han llegado a un entendimiento con el gobierno nacional: acuerdan en que las universidades deben garantizarse sus propios recursos. Con esta comprensión en mente han procedido a ejecutar el presupuesto de miseria de Milei en la UNPAZ: alegando falta de recursos redujeron la extensión del CIU -curso de ingreso, el cual pasó de ser cuatrimestral a ser solo un mes- y dejaron en la calle a 60 de sus docentes, recortaron la oferta académica, cerraron contra cursadas y profundizaron el estado de abandono edilicio.

Pero principalmente ese entendimiento se refleja en tomar la orientación del gobierno nacional, que es la de modificar totalmente la universidad como la conocemos: es abrirle paso al arancelamiento de las carreras, al recorte de los contenidos, a un sistema de carreras cortas y recortar todo aquello que represente un gasto fiscal para el Estado, independientemente de su función e importancia social.

Medicina no se cierra

El reflejo de dicha orientación se ve claramente en el intento de cierre de la carrera de Medicina por una mera cuestión presupuestaria, sin tener en cuenta la importancia de dicha facultad, una de las únicas dos del conurbano donde se dicta en forma gratuita (la otra es la Universidad de La Matanza).

Las autoridades lo único que hicieron fue poner un filtro totalmente excluyente en el curso de ingreso que dejó afuera a miles de estudiantes, la mayoría mientras estudia también trabaja y no hubo contra cursadas ni oferta académica para todos ellos y nadie les dio respuesta alguna a los estudiantes.

Toda esta radiografía del ajuste aplicado en la UNPAZ demuestra que las autoridades universitarias se han convertido en personeros del gobierno nacional en la aplicación de esta reforma educativa, adecuándose a administrar la miseria presupuestaria. Esta coincidencia de intereses es un reflejo de lo que ocurre en la provincia, donde Axel Kicillof se encarga de aplicar a rajatabla las paritarias a la baja y reformas de las condiciones laborales que exige Milei en todo el país. También es un reflejo de la convivencia entre el gobierno nacional y los partidos de la oposición -peronistas, radicales, macristas- en el interior del Congreso.

El centro de estudiantes

La agrupación de Mario Ishii, empleados con salarios municipales, se convirtió en la correa de transmisión de esta orientación política de las autoridades.

Se han limitado a apoyar una nueva formulación de la Ley de financiamiento universitario, redactada por el Consejo interuniversitario (CIN), la cual reedita la experiencia fracasada del año pasado y evita una conclusión fundamental: que el terreno del Congreso -controlado por Milei y sus socios de la oposición- no es terreno para conquistar el derecho a nuestra educación.

Las salidas parlamentarias como la ley de educación lo único que hicieron fue llevar a todo el movimiento educativo a una encerrona y a boicotear las luchas en curso.

El gobierno nacional se encuentra encerrado por contradicciones explosivas -la tendencia al default, recesión económica, devaluación-, de un lado, y por una tendencia creciente a la movilización popular, como lo muestran los residentes del Garrahan, los choferes y los docentes bonaerenses, del otro. La perspectiva del ataque a la educación encuentra asidero en todos los partidos del régimen porque es la salida que la crisis capitalista le quiere imponer a la juventud.

Por otro lado, un grupo vinculado al gobierno nacional se presenta a elecciones bajo el sello “Universitarios por La libertad avanza” (ULLA) en el departamento de Salud y Deporte. Sobre ellos pesa un prontuario de amenazas a estudiantes y docentes que llevan a cabo actividades políticas en la universidad: es lo que ocurrió el año pasado, cuando increparon a docentes que estaban dando clases públicas en el marco de la lucha educativa. Proponen eliminar cualquier rastro de debate político en la universidad: es lo que el Gobierno necesita para poder imponer su desguace de la educación pública. Es un planteo fascista, el cual han tratado de imponer mediante la acción de grupos de choque, como ocurrió durante el año pasado en la Universidad de Quilmes o de La Plata.

Ante una crisis que se agudiza, debemos volver a la experiencia que nos dejó el 2024 y retomar el camino de confrontación contra el Gobierno; la reflexión que deja aquella importante experiencia política es la demostración de la complicidad entre las autoridades universitarias (CIN), el Congreso, las burocracias sindicales (ADIUNPAZ y ATUNPAZ), la burocracia estudiantil (Descamisados) y el gobierno nacional, que prosigue aumentando una deuda impagable con el FMI, pero sigue con el relato de que “no hay plata”. Todos en contra de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Debemos reanudar las asambleas masivas de toda la comunidad, de forma autoconvocada por fuera de las instituciones “representativas”, los procesos de deliberación con medidas de fuerza como lo fueron las marchas federales educativas, pero también la del 1F- Marcha antifascista, la masividad del 24 de Marzo, los paros docentes y no docentes discutidos desde las bases y medidas de fuerza como las clases pública o las tomas de edificios.

Política Obrera reivindica y busca fortalecer esta lucha con esta perspectiva.

En el departamento de Economía, Producción e Innovación tecnológica se presentan dos listas: “HACER” (descamisados) y la lista 10 “Frente de estudiantes en defensa de la educación pública”, integrada por nuestro partido, Política Obrera, Izquierda Socialista, el PTS y estudiantes independientes.

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