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El viernes 6 de junio, el Juez Alfredo Wagenerer notificó a la secretaria general de Suteba Tigre, María Elisa Salgado, a la Secretaria de formación político-sindical, Marina Lazcano Warnes, y al vocal, Alfredo Cáceres, de la imposición de una restricción perimetral a raíz de una denuncia realizada por una inspectora del distrito, cuyas prácticas intimidatorias, autoritarias y de hostigamiento sobre directivos y docentes fueron denunciadas oportunamente por la seccional, y frente a la cual la DGCYE no se ha pronunciado.
Este desconocimiento del derecho al libre ejercicio de la actividad sindical, a compañeros referenciados en la oposición a Baradel, se desarrolla en un marco en el cual crecen el repudio y el rechazo a la política de acuerdos salariales a la baja entre Kicillof y la conducción Celeste de Suteba. El masivo paro del 20 de mayo se desarrolló en esa perspectiva, poniendo de relieve, además del retroceso salarial, las crisis de infraestructura y del IOMA y la sobrecarga laboral producto de las reformas antieducativas implementadas.
La judicialización sobre la actividad gremial de compañeros que son parte de la comisión directiva de una seccional opositora, dirigida por la lista Multicolor, no constituye un hecho aislado. El desconocimiento del derecho al paro, expresado en los descuentos y las faltas injustificadas, y el manoseo del régimen de licencias completan una política de contención y restricción de las luchas docentes impulsada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la anuencia de Baradel, en el marco del ajuste sobre la educación pública que llevan adelante Milei y los gobernadores. El cuadro se completa con una escalada de la política represiva y autoritaria impulsada por el gobierno nacional.
Desde la Tendencia Docente Clasista nos solidarizamos con los compañeros y llamamos al conjunto de los docentes a repudiar esta medida y cualquier intento de regimentación de las luchas.
