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El gobierno trumpista militarizó la ciudad de Los Ángeles (L.A.), California, disponiendo la movilización de 2.000 soldados de la Guardia Nacional, una medida abiertamente ilegal ya que no fue solicitada ni coordinada con el gobernador del Estado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que además hay 500 marines acuartelados y disponibles para ser enviados a reprimir las protestas.
El viernes 6, la ICE (fuerzas represivas de inmigración) llevó adelante redadas masivas contra los inmigrantes en toda el área metropolitana de Los Ángeles -la segunda más grande ciudad estadounidense. Las redadas -coordinadas con el FBI y la DEA- privilegiaron el centro de L.A. y zonas conocidas por contar con una alta proporción de inmigrantes y con industrias y comercios que demandan mucha mano de obra. La persecución de inmigrantes por parte de las fuerzas represivas generó protestas inmediatas y enfrentamientos que fueron duramente reprimidos. Las redadas se produjeron en dos “Home Depot” (una cadena de tiendas para el hogar) -lugar en el que muchos trabajadores jornaleros son contratados por clientes para tareas de mantenimiento o refacciones- y claramente no apuntaban contra “criminales”, como suele declarar el gobierno, sino contra trabajadores. No es casual la elección de la ciudad para llevarla a cabo. Los Ángeles es una “ciudad santuario” para los inmigrantes, lo cual significa que sus autoridades han declarado que la ciudad no participará ni colaborará con la persecución de los inmigrantes por parte del ICE. Una gran parte de la población (alrededor del 46%) es de origen “latino”, un 34% de la población son inmigrantes, y en torno a un 8% son indocumentados (más de 80.000 personas). Por otra parte, tanto L.A. como California son gobernadas por autoridades del Partido Demócrata.
La redada generó una respuesta popular y sindical, que buscaba impedir la detención masiva de personas de origen latino, lo cual motivó detenciones de manifestantes y en particular del líder sindical David Huerta de SEIU (sindicato de servicios, comercio, etc.), quien “Según testigos y videos difundidos en redes sociales, se encontraba observando y documentando las operaciones de ICE cuando fue empujado por un agente federal, lo que provocó que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica y posteriormente llevado al Centro de Detención Metropolitana”, donde permanece bajo arresto. Mientras que diversos pronunciamientos sindicales y políticos -incluido el del gobernador de California- reclamaron la liberación de Huerta, “el fiscal federal Bill Essayli defendió el actuar de los agentes. Afirmó que Huerta bloqueó deliberadamente el paso de un vehículo oficial y será procesado por obstrucción a la labor federal. ‘Nadie tiene derecho a interferir con agentes federales. Será arrestado y enjuiciado, sin importar quién sea’”. En la jornada del viernes fueron detenidas al menos 44 personas y se produjeron movilizaciones masivas en el centro de LA. Los testigos denuncian detenciones indiscriminadas contra los manifestantes, que se fueron incrementando en los días siguientes.
El sábado, Trump decidió el envío de tropas de la Guardia Nacional, decisión rechazada por el gobernador Newsom y por lo tanto ilegal y contraria a la soberanía estadual. Se trata de una medida con escasos precedentes (la última vez, cuando Lyndon B. Johnson movilizó a la Guardia Nacional en Alabama invocando la ley de insurrección de 1807, para proteger la marcha por los derechos civiles de la ciudad de Selma). Donald Trump no ha invocado la ley de insurrección, y el despliegue de la Guardia Nacional ya ha sido denunciado por el Estado de California en los tribunales.
El “zar de la frontera” Tom Homan (funcionario trumpista a cargo de las deportaciones masivas de inmigrantes) llegó incluso a amenazar a los funcionarios de California y al mismo gobernador de ser arrestados en caso de interferir. Newsom le respondió “adelante, arrésteme”, lo cual generó el comentario de Trump de que “sería estupendo” (detener al gobernador), “Yo lo haría si fuera Tom [Homan]”. Las intenciones golpistas del presidente son cada vez más descaradas.
Las autoridades demócratas intentan desviar la cuestión hacia los tribunales, desactivando la movilización en las calles y sobre todo el enfrentamiento con la represión. El senador “independiente” de centro-izquierda Bernie Sanders, un crítico y aliado de los Demócratas, muestra su completa impotencia cuando declaró a CNN: “Yo diría que, en gran medida, el futuro de este país depende de un pequeño número de republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado que saben más, que sí saben de qué se trata la Constitución”. La “oposición” busca que los jueces o una minoría Republicana les saque las papas del fuego, al mismo tiempo que miles se lanzan a las calles para enfrentar la ofensiva reaccionaria.
La militarización de Los Ángeles busca sin duda reforzar el régimen “liberticida” de Trump, buscando generar una polarización de la opinión pública en torno a la cuestión migratoria, e intentando instaurar un régimen policiaco represivo. Trump ha lanzado redadas en otras ciudades “santuario” gobernadas por los Demócratas, aunque la realizada en L.A. es sin duda la de mayor alcance y repercusión. Es evidente que el régimen trumpista se preparó para el estallido popular que emergería de esta caza de los inmigrantes, y que la movilización de tropas federales apunta a un cambio de régimen. El lenguaje violento y ofensivo que usualmente utiliza el presidente, ha escalado en estas horas, amenazando a los manifestantes “de izquierda radical” y supuestos “alborotadores pagados” con represión y cárcel, así como llamando al gobernador Newsom como “Newscum” (nueva basura). La orden de Trump de activar la Guardia Nacional no se limita a L.A., ya que “también ha autorizado el despliegue de tropas en cualquier parte del país donde se estén produciendo o sea probable que se produzcan protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, incluso si son completamente pacíficas”, cita a una experta el New York Times; “Esto no tiene precedentes y constituye un claro abuso de la ley.” (NYT, 8/6).
En otras palabras, la movilización de la Guardia Nacional -y potencialmente de los marines- implica prácticamente la declaración de la ley marcial contra las protestas.
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