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El impasse económico que arrastra el plan Milei-Caputo está sacudiendo las placas tectónicas del régimen político, entre los bloques de la burguesía y sus camarillas, los gobernadores provinciales. Milei y los caudillos provinciales se preparan para desenvolver un nuevo y más violento golpe de Estado económico contra las masas, en vísperas de las elecciones de octubre.
La monumental colaboración prestada por los gobernadores, entre los que se encuentra el salteño, dio vía libre a la reforma laboral, la pulverización de salarios, jubilaciones, derechos laborales y democráticos. El agravamiento de las contradicciones económicas pone ahora a los mandatarios provinciales en una confrontación más directa contra la gestión de Milei, bajo el reclamo de los grupos capitalistas locales.
En Salta -un polo exportador de materias primas- los sectores capitalistas reclaman una nueva devaluación para maximizar ganancias y abaratar costos de producción. Los grupos mineros y los agroexportadores, reclaman la reactivación de la obra pública en rutas e infraestructura, además, la eliminación de retenciones y cargas tributarias provinciales. Aquí se anota la UIS. Lo mismo ocurre con los sectores vinculados a la especulación inmobiliaria y al negocio del turismo que, en 2024 se derrumbó. Los empresarios denuncian un atraso cambiario que favorece la salida del turismo hacia el extranjero.
La “patria” capitalista exportadora en Salta celebra la licuación de salarios y derechos laborales. Acaba de ser beneficiada con la reducción del 1,5% del pago de ingresos brutos, y la eliminación de tasas de exploración para proyectos mineros. No les alcanza.
Sáenz se suma al coro de reclamos provinciales contra el gobierno nacional con esta agenda, pero fundamentalmente, por la caída de los fondos de coparticipación. Ésta no es una consecuencia desconocida para los gobernadores. Es parte de la política que avalan, pero las consecuencias son explosivas. En Salta sólo en marzo se perdieron 1.810 puestos de trabajo registrado, vinculados a la construcción. En el último año, la provincia perdió más de 10 mil puestos de trabajo de los cuales el 50% eran registrados. Los índices de desocupación superan a la mitad de la población activa.
Pero no es la agenda obrera lo que desvela a Sáenz, sino el requerimiento del gran capital que lo sostiene, como intermediario entre el gobierno nacional y la provincia. Esto es lo que se juegan los bloques capitalistas en las elecciones de octubre -quién será el nexo entre nación y los negocios en la provincia- con diputados y senadores como moneda de cambio en el Congreso. Milei por su parte, parece jugarse a barrer definitivamente con Sáenz y las representaciones locales, con listas “puras” de La Libertad Avanza. En medio de esta confrontación con los gobernadores, los acusó de ser "la última trinchera de la casta", durante un discurso ante empresarios en Puerto Madero.
En este escenario, Sáenz opera para consolidar un frente común con gobernadores, no solo detrás de la presentación de una ley de coparticipación, que propone redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles, o en su defecto, habilitar a las provincias que retengan los tributos que se transfieren a Nación. Está dispuesto a negociar los términos necesarios para “no afectar el déficit fiscal de la Nación”. Es decir, no alterar la agenda de Milei para el pago de la deuda, pero, en tal caso, habilitar la potestad a las provincias para imponer impuestazos permanentes contra la población. La agenda de los gobernadores incluye una reforma tributaria que podría ser negociada con Milei y Sturzenegger para aprobar la reforma laboral y previsional, es decir, un nuevo y más brutal golpe de Estado económico contra las masas.
Pero el bloque de gobernadores tiene pretensiones que van más allá de una agenda legislativa. El salteño mantuvo reuniones con el cordobés Llaryora con quien no descarta conformar un frente federal que dispute en las elecciones de medio término. Un bloque opositor a Milei que no confronta en términos estratégicos con su agenda liberticida, sino que representa una adaptación y continuismo. Sáenz como Llaryora, se postulan ante la burguesía y el gran capital como una variante conservadora y derechista ante el posible derrumbe económico. La disputa electoral entre los bloques de la burguesía y los partidos patronales tiene como propósito legitimar, esa agenda reaccionaria en nombre del “voto popular”.
En la provincia Sáenz derechizó su agenda liquidando el salario de los estatales con cesantías a más de 120 docentes, habilitó la militarización de la frontera norte bajo la órbita de Patricia Bullrich con el plan Güemes y el Plan Roca, de reforzar una persecución y regimentación mayor contra los trabajadores en la frontera con Bolivia. Sáenz celebra su política de privatización de la salud pública mediante cobro a los extranjeros y avanza con el ataque y vaciamiento a la obra social de la provincia (IPS).
Frente a semejante operativo contra la clase obrera, la agenda de los trabajadores solo puede ser impulsada por una intervención política propia de la clase obrera. Con esta perspectiva Política Obrera intervendrá en las próximas elecciones, convocando a los trabajadores a impulsar en común un programa de salida bajo la premisa de la defensa del derecho al trabajo y al salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, sobre la base del cobro de impuestos extraordinarios a los especuladores; el reparto de las horas de trabajo para terminar con la subexplotación laboral y la jornada de ocho horas. La nacionalización de la explotación minera y en particular el litio, bajo control de sus trabajadores. Poner fin al negocio especulativo atado al esquema de oferta y demanda que hoy tiró al suelo el valor del litio en el mercado mundial, el mismo debe estar orientado según un interés social. Abajo la confiscación vitalicia que representa la deuda externa contra trabajadores y jubilados que jamás representó una contrapartida para las masas. Es pura usura, rechazamos el pago de la deuda que hoy implica el 120% del PBI.
