Sandra Pettovello, por qué no quiere informar sobre las Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo

Hugo Alconada Mon (La Nación, 2/7) reveló una serie de episodios judiciales que tienen centro en el Ministerio de Capital Humano. El nudo del conflicto es un reclamo de información sobre los fondos que manejaron las Unidades de Gestión (UG), buena parte de ellas a cargo de las principales organizaciones sociales, en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’. La negativa del Ministerio a brindar lo que considera información sensible incluye el bloqueo del acceso a los datos y un pedido para que la Corte Suprema se expida sobre el asunto.

El expediente, anterior a la actual gestión, es un pedido hecho por legisladores de la Coalición Cívica. El Movimiento Evita, junto a la UTEP, fueron las organizaciones receptoras de la gran mayoría de los fondos multimillonarios girados a las UG.

El Ministerio sostiene que la difusión de estos datos obstaculizaría las investigaciones penales en curso sobre los planes Potenciar Trabajo, ya que revelaría la identidad reservada de los testigos en las causas. El diputado Hernán Reyes, sin embargo, uno de los denunciantes, explicó que el pedido no incluía “la difusión de nombres y domicilios de quienes pudieran declarar en procesos penales en calidad de testigos protegidos”. Pero que sí solicitaron el “obrar de personas jurídicas”, como las rendiciones de cuentas de cooperativas y los convenios firmados en la Secretaria de Economía Social, todos estos “trámites administrativos anteriores a los procesos judiciales a los que se hace referencia”.

La denuncia a la Oficina Anticorrupción (OA) se hizo en el año 2023, todavía en pleno gobierno de Alberto Fernández. La figura invocada era la de conflicto de intereses: Emilio Pérsico y sus colaboradores, en esos años, otorgaban partidas mientras estaban relacionados indirectamente con las cooperativas que conveniaron con el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Reyes sumó un pedido de datos sobre los programas sociales al comienzo de la gestión Pettovello; ante la negativa, en 2024 acudió a tribunales con un amparo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo del juez Furnari, rechazó el amparo, alegando que “la difusión de la información requerida podría afectar la correcta tramitación de las causas penales referenciadas” .

En apelación, la Cámara dio la razón a los denunciantes, porque ni la ministra ni el Ministerio de Capital Humano han explicado “de manera razonable de qué modo la divulgación de la información solicitada podría afectar la estrategia jurídica o la defensa en el marco del proceso judicial en curso, ni tampoco ha demostrado que la apertura de la causa penal haya sido motivada de manera exclusiva por la información solicitada, ni que la documentación requerida se encuentre efectivamente bajo reserva”.

Ante el revés, los abogados de Pettovello decidieron, el 11 de junio pasado, ir a la Corte Suprema. Allí volvieron a insistir que “la información solicitada resulta prueba esencial de causas en trámite en la Justicia Federal de todo el país vinculadas a coacciones efectuadas por movimientos sociales”. El ocultamiento de la información se ha convertido en razón de estado.

Con esto dicho el miércoles 25 el propio Reyes volvió con la solicitud de información. Petovello parece actuar en defensa de Emilio Pérsico y su gestión –una rareza libertaria-. El jueves, a través de la red X, la ministra se despachó: “No voy a permitir que sugieran que encubro posibles delincuentes que yo misma denuncié. Los legisladores deben permitir que el Poder Judicial haga su trabajo y soy la primera que va a proteger a los testigos.”

Acompañando este posteo, se emitió un comunicado: “este Ministerio ha promovido y colaborado activamente con múltiples investigaciones, incluyendo la denuncia penal formulada en fecha 19 de marzo de 2024, dando origen a la causa CFP 963/2024, donde se investiga a exfuncionarios de la anterior gestión de gobierno -Emilio Pérsico, entre otros- por irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo”.

Es difícil saber cómo se haría el cruce de datos del Potenciar Trabajo, que llegó a tener unos 1,6 millones de titulares, para identificar al puñado de menos de una decena de testigos protegidos reclutados a través del mecanismo de una línea telefónica de denuncias. También es difícil interpretar cómo estos serían afectados por la publicación de las rendiciones de cuentas y convenios firmados durante del gobierno de Unión por la Patria.

La tensión judicial sube en fechas en que se dan las puntadas finales para el comienzo del juicio oral a Eduardo Belliboni y 15 referentes del Polo Obrero -oficial-. Serán días en donde se definirá el papel de Emilio Pérsico como hacedor, gestor y receptor de la ayuda social nacional.