Escribe Carlos Suárez
Tiempo de lectura: 2 minutos
El cierre de la planta de Lamb Weston, ubicada en Munro, dejará en la calle a más de un centenar de trabajadores. Fue anunciado por la patronal este 8 de enero. Este hecho no es un “reordenamiento técnico” ni un problema de “vecinos y municipio”, como pretende presentarlo la empresa y repite la burocracia sindical, sino una reorganización capitalista orientada a maximizar la rentabilidad, descargando la crisis sobre los trabajadores.
La multinacional estadounidense, una de las mayores productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció que concentrará toda su producción en su nueva planta de Mar del Plata, donde invirtió más de 320 millones de dólares, con una capacidad productiva superior a 100.000 toneladas anuales, orientada en un 80-85 % a la exportación hacia América Latina (La voz de Tandil, 9/1). La decisión responde a su estrategia global de reducción de costos, centralización productiva y aumento de la tasa de ganancia, aprovechando además la cercanía al puerto y a las zonas paperas (Balcarce, Tandil, sudeste bonaerense).
Es decir: no hay crisis empresaria, hay una relocalización de capital que deja a Munro como zona de descarte.
En la planta cerrada no sólo se produjeron despidos masivos. Hubo retiros voluntarios, cesantías encubiertas y de trabajadores contratados por agencia. La empresa desarma y retira maquinarias alquiladas, confirmando que el cierre es definitivo. De una dotación que había llegado a superar los 170 trabajadores, hoy quedaban poco más de 100, muchos de ellos actualmente de vacaciones, lo que facilitó el vaciamiento.
Este proceso de vaciamiento se desarrolló ante la pasividad cómplice del Sindicato de la Alimentación (STIA) y de su secretario general, Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer. Mientras la patronal avanzaba con despidos graduales y tercerización, el sindicato se limitó a saludos a la bandera, sin asambleas, sin plan de lucha y sin ninguna medida efectiva.
Es particularmente grave que el propio Escalante haya declarado públicamente que “a ningún empresario le conviene un sindicato débil” (La Política Online, 10/12/25), mientras en los hechos deja pasar el cierre de una planta entera sin ofrecer resistencia, permitiendo una verdadera sangría en el gremio de la alimentación.
Escalante también declaró que “no hay qué negociar”, porque hay trabajadores por debajo de la línea de pobreza (ídem). Precisamente por eso, no hay margen para aceptar despidos, sino que hay que ocupar, luchar y exigir la continuidad laboral bajo control de los trabajadores.
La empresa intenta justificar el cierre con un lenguaje técnico (“eficiencia”, “costos logísticos”, “rentabilidad”). El gobierno de Milei y Caputo, por su parte, ha creado el marco ideal para estas maniobras: apertura comercial, desregulación laboral y destrucción de toda protección industrial.
Mientras Lamb Weston consolida una megaplanta exportadora el Conurbano pierde empleo industrial. No es un caso aislado: SKF, Whirlpool, Tres Arroyos y otras multinacionales avanzan en la misma dirección. Se trata de una reprimarización y extranjerización de la economía, con zonas enteras convertidas en desiertos industriales, muchos de ellos en la provincia de Kicillof, donde su nuevo agrupamiento político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no ha abierto la boca ni realizado ninguna acción frente a este atropello contra los trabajadores.
La audiencia del 14 de enero no debe ser una puesta en escena para negociar indemnizaciones, sino un punto de apoyo para una movilización y un plan de lucha real.
