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El gobierno había anunciado, en setiembre pasado, que iba retirar la concesión de las autopistas a Abertis, el grupo que controla Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste. En cambio, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue autorizarles un verdadero tarifazo que ronda en promedio un 110 % y en algunos peajes llegará a 150 %.
El aumento de tarifas concedido a Abertis está por arriba de lo establecido por Vialidad Nacional para los peajes del resto del país. "El organismo nacional impulsa una actualización tarifaria del 90 %, en dos etapas: un 50 % será aplicado a partir de mayo (tras cerrar la consulta el día 2 de ese mes), mientras que el 40 % restante entraría en vigencia a partir de agosto" (Época, 10/4).
Recule
El recule del Gobierno en este caso es todavía mayor que el que protagonizó en Vicentín. ¿Por qué autorizarle aumentos por arriba de la inflación a concesionarias con contratos en cuestionamiento? Según Clarín, "La luz verde a los aumentos alimentó sospechas de “una negociación en curso”, para destrabar la pelea judicial. Un reconocido interlocutor del sector sostiene esa premisa, aunque el Gobierno la niega" (6/4).
El origen de la disputa está relacionado con el negociado de las inversiones PPP (Participación Público Privada) en el que la deuda tomada por las concesionarias tenía como respaldo el Tesoro Nacional. Ante el derrumbe de la moneda y por lo tanto de la recaudación en dólares de los peajes, el gobierno de Macri autorizó una dolarización de las tarifas. La deuda generada por el desfasaje de los peajes con el dólar fue renegociada a una tasa del 8 % de interés en dólares, libres de impuestos, sin descontar las inversiones no realizadas. Los macristas ‘explicaron’ que no había otra salida, porque la concesionaria española Albertis reclamaba 1.250 millones de dólares y había iniciado acciones contra Argentina en el Banco Mundial. El entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, refrendó la dolarización de las concesiones, inaugurando el sistema dual de indexación: las tarifas de los peajes se ajustan por inflación y por la variación del dólar CCL (contado con liquidación).
Reforma laboral
El negociado de las autopistas no se reduce a la cuestión de las tarifas: por la implementación de las tecnologías de las barreras, se ha reducido prácticamente a la nada la mano de obra necesaria para el cobro de peajes. El gobierno autorizó a su vez a las concesionarias una tarifa penalizada a quienes no adhieran al telepeaje, para apurar la reconversión tecnológica.
De este modo, en los peajes -concesionados por las privadas tanto como en los gestionados por el Estado- se está operando una profunda reforma laboral, en la que la tecnología está terminando con los puestos de trabajo. La precarización de los contratos también es parte del esquema de flexibilización laboral: en el conflicto entre Aubasa y el SUTBA, desde el sindicato "afirman que hace más de un año que exigen como organización que la empresa efectivice a casi 100 empleados, sin respeto a los trabajadores ni la ley de Contrato de Trabajo”. Para colmo, Facundo Moyano, su secretario general, se pronunció públicamente a favor de una reforma laboral, aun cuando la supuesta reconversión de los puestos de trabajo en los peajes de Aubasa -la concesionaria de la Provincia de Buenos Aires- ha sido un fracaso.
El avance del gobierno contra el negociado de los contratos de los peajes, luego de varios años de complicidad, termina en un nuevo retroceso: un tarifazo que pagarán los usuarios de las autopistas y una reforma laboral que pone en peligro los puestos de trabajo de los trabajadores de peajes. Como bautizó Cristina al propio Frente de Todos, esta es la agrupación “amague y recule”.
