El Salvador: el culebrón entre el Poder Ejecutivo y la Corte culmina en un golpe

Escribe Emiliano Monge

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tomó medidas para consolidar su control sobre los aparatos del Estado.

En una sesión maratónica de la nueva legislatura, que se prolongó hasta la noche del sábado, los legisladores del partido gobernante votaron sacar a los cinco que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) y destituir al fiscal general. La Sala respondió que "la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa" (bbc, 2/5). Sin embargo, “en la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares” (ídem). Los nuevos jueces y el nuevo Procuraddor tomaron sus puestos instantáneamente, viajando a sus lugares de trabajo bajo una fuerte escolta policial.

La destitución obedece a la disputa por la crisis sanitaria. Los magistrados de la CSJ avalaron recursos en contra de algunas medidas que Bukele adoptó durante la pandemia. En abril del año pasado anunció que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena (bbc, 2/5).

Nayib Bukele hace dos meses logró en las urnas pleno control del Parlamento. Obtuvo 56 de los 84 puestos, una supermayoría de dos tercios. La Administración de Joe Biden respondió a la destitución de los jueces de la Sala Constiturcional, con una exigencia a respetar la separación de poderes (el país, 3/5). "Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia", replicó Bukele. Aumentan “las tensiones con Washington cuando la administración del presidente estadounidense Joe Biden intenta lidiar con la creciente variedad de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala” (FT, ídem). EEUU viene cooperando con Bukele no sólo con el acuerdo del FMI, sino en acuerdos de inteligencia, venta de armas y acuerdos para restringir la migración.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su "grave preocupación”. Hablando con Bukele, por teléfono, Blnken mencionó que “un poder judicial imparcial era importante para la gobernabilidad democrática y que Melara (el fiscal despedido) era un cómplice eficaz con Estados Unidos en la lucha contra el crimen” (ídem). La golpista OEA también rechazó la destitución.

El lobby empresarial de El Salvador, la Afiliación Nacional de Empresas Personales (Anep), condenó lo ocurrido como un "autogolpe contra el poder judicial". Bukele replicó: “Los días en los que dominaba la Anep. . . no van a volver ".

El FMI hace 12 meses autorizó $ 389 millones en ayuda monetaria de emergencia a El Salvador. José Miguel Vivanco, director de gobierno de la división de las Américas del grupo de defensa Human Rights Watch, advirtió a Bukele: “Haremos todo lo posible para que este ataque a la democracia tenga un efecto en su relación con las autoridades estadounidenses, la institución financiera mundial, el FMI y la Institución Financiera Interamericana”.