GRI Calviño: crítica al acta-acuerdo que firmó la UOM

Escriben Pablo Viñas y Rocío Ruiz

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Como resultado de una enorme lucha, los metalúrgicos de GRI Calviño obtuvieron la reincorporación de los huelguistas despedidos y el pago de deudas salariales, categorías y otras reivindicaciones, pero esto se consolidó en un acuerdo firmado a espaldas de la asamblea y los delegados por la UOM nacional (Calo) y seccional (Barbra Gutiérrez) que acudieron en simultaneo al socorro de la empresa, demostrando la importancia de este conflicto, y que hubo una orden en ese sentido impartida por el gobierno al que responden ambas.

El acta contiene, a contramano de lo obtenido, elementos de entrega completamente anti obreros, contra la organización sindical interna y medidas de flexibilidad laboral. Presentamos a continuación un análisis exhaustivo de dicha acta como una contribución a esta gran lucha, y para conocimiento más general de los trabajadores metalúrgicos.

Cláusulas antisindicales

El acta está plagada de cláusulas antisindicales El primer ataque contra la organización gremial avalado por la UOM es que los 66 trabajadores ilegalmente despedidos son reincorporados, pero se les impone en cambio otro castigo: una suspensión de 5 días. Más allá de la nimiedad de la sanción y de que, en definitiva, la patronal debió admitir las reincorporaciones ante la aguerrida huelga obrera, ¡resulta inadmisible que un sindicato permita que se sancione masivamente a trabajadores por haber ido a la huelga contra atrasos salariales! ¡Mucho más cuando fue con otra huelga (jamás impulsada por la directiva) que se lograron las reincorporaciones!

Dice el acta: “Las reuniones informativas, asambleas y demás mítines de naturaleza gremial se realizarán únicamente previo pedido de autorización formal a la Gerencia de RRHH de la empresa, con un plazo mínimo de 48 hs”. Es decir que los obreros para ejercer su derecho constitucional de reunión, deberían pedir “autorización” previa a la patronal, ¡que incluso podría denegársela! Felizmente los trabajadores cerraron el 2020 desconociendo esta cláusula “homologada” por el gobierno de Kicillof, exigiendo con sus asambleas el pago de los importes salariados atrasados y la reincorporación de un compañero.

Los delegados no fueron convocados a discutir los términos del acta, pero en la misma figura que “los trabajadores y delegados de personal prestarán servicio de acuerdo a su categoría laboral y en las tareas que de conformidad a esta última le sean asignadas por la empresa” y “el compromiso de los delegados de personal y de los trabajadores de mantener ritmos productivos que permitan en tiempo oportuno de los pedidos y ordenes de trabajo”. El propósito es entorpecer el desenvolvimiento de los delegados en la empresa e introducir cláusulas flexibilizadoras, como veremos a continuación.

El acta deja inscripto que “la representación obrera se compromete a realizar las gestiones pertinentes a los fines de dejar sin efecto la petición de amparo sindical”, pero nada dice a contraparte de lo que debiera ser elemental: el levantamiento simultáneo de las demandas de desafueros contra los delegados que siguen en curso en la justicia. Un intento de atar de pies y manos a la interna.

La pretensión de someter y ningunear a los delegados de base queda más clara en la cláusula novena, donde se pretende imponer que toda reclamación ante la empresa debe pasar y ser formulada por la UOM Quilmes y que los trabajadores no pueden tomar medida alguna previo a este “trámite”. En definitiva, en el acta UOM-GRI Calviño, las reuniones deben ser autorizadas por la empresa y los reclamos, por el Barba Gutiérrez.

Esta cláusula se apoya en un renglón vetusto y aislado de la Ley de Asociaciones Sindicales, cuando incluso esta no ha podido más que reconocer el derecho de los trabajadores a “reunirse y desarrollar actividades sindicales” y a “peticionar ante las autoridades y los empleadores” (art 4), sin tener que pedir permiso a nadie, como además está ampliamente legislado por tratados internacionales de jerarquía constitucional. Asimismo, la norma reconoce a los delegados en el ámbito de la empresa como representantes “de los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical” (art 40). Y establece que es derecho de los delegados “verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo” y “reunirse periódicamente con el empleador o su representante”, todo lo cual pareciera habérsele olvidado a la UOM a la hora de dar lecciones a coro con la patronal respecto de las funciones del cuerpo de delegados, tratando de anularlas. Mucho antes de que existiera ley alguna, la función histórica de las comisiones internas es sencillamente representar a los trabajadores en el lugar de trabajo, reclamar los derechos obreros y tomar las medidas de acción necesarias. Le pese a quien le pese, lo que los trabajadores debemos defender con uñas y dientes.

El acta sujeta el complimiento de todo lo acordado “al estricto cumplimiento de la paz social por parte de la representación Sindical por el plazo de 12 meses”, cuando fue la patronal la primera en romper toda “paz social” con los atrasos salariales, luego despidos, desafueros, penalización del conflicto y lock out.

Las exigencias firmadas por la UOM son unidireccionales, dirigidas contra sus propios afiliados.

Bono y paritarias

El acta establece el reconocimiento de la categoría de oficial múltiple para varios de los oficios que venía reclamando la interna y sobre lo que ya para el que ya tenía un compromiso patronal. También incorpora el reconocimiento de pagos adeudados y conceptos salariales que venían siendo exigidos por los trabajadores o que ya habían sido establecidos. En primer lugar, se refrenda lo que ya se había acordado en el ámbito de la empresa, que el pago por los días de suspensión debía reconocer un importe mayor al firmado por la UOM para todo el país, abonándoles a los compañeros el 95% del salario de bolsillo.

Durante la pandemia, en la fábrica se había logrado que la empresa reconociera el pago de un “bono Covid” de $6.000, que la empresa solo admitió para quienes se encontraban desempeñando tareas. Pero el acuerdo paritario de la UOM de agosto de 2020 establece un concepto de achatamiento que otorgaba a Gri Calviño y otras empresas una ventaja: la posibilidad de que estas absorban los aumentos que se hayan establecido a nivel empresa en el aumento paritario. Así, tras el levantamiento del ASPO, los trabajadores reclamaban que el “bono Covid” fuera incorporado al salario y, además, que dichos pagos no fueran descontados de los aumentos paritarios. En el acta finalmente la patronal se compromete a no absorber las paritarias, y el pago por única vez de una suma de $20.000. Pero a cambio cajonea el “bono Covid” que los trabajadores reclamaban que fuera incorporado al salario.

Flexibilización

El acta pretende imponer medidas de flexibilidad y zanjar discusiones de convenio a favor de la empresa. Los obreros y su asamblea defendían que la realización de tareas fuera del sector u en otro oficio se pagara con un recargo del 8% y esto sumara al cómputo de horas necesarias para adquirir la categoría de “oficial múltiple”. Sin embargo, el acta plantea una suerte de tareas suplentes para cada categoría, por las que se abonará un suplemento salarial del 4% denominado “CETO (Cobertura Eventual Transitoria Obligatoria)”, estableciendo una polifuncionalidad que excede los límites de una colaboración, pretendiendo imponer su obligatoriedad en toda la planta, dejando expresamente establecido que esta suma “no integrará la base de cálculo de ningún otro adicional premio, rubro, ni suplemento convencional ni de la empresa”. Un punto fuerte de discusión que quedará con la empresa es que se reconozcan esas horas para la sumatoria de horas del oficial múltiple.

El planteo flexibilizador tiene su máxima expresión en una cláusula referida a las horas extras, en la que se deja abierta “la eventual redistribución diaria de la jornada semanal”. Es decir, la creación de un banco de horas para “compensar”, en lugar de asegurar el pago de las horas extras. Desde los tiempos de Menem, las patronales buscaban esto, la destrucción de la jornada laboral y la imposición de un régimen “flexible” a la medida de las necesidades de la empresa. Todo un ejemplo de cómo las patronales y la burocracia sindical, al amparo del Estado, intentan imponer mediante “acuerdos” localizados la reforma laboral que no pudieron implementar por ley.

Los trabajadores de GRI Calviño tendrán que rechazar en los hechos estos intentos flexibilizadores, muchos de los cuales hoy son resistidos gracias a su organización interna, rechazando también el cuento del “consentimiento individual del trabajador” que es un cuento, dados todos los recursos que reúnen las patronales para avasallar al trabajador, motivo por el cual justamente los derechos laborales se consideran irrenunciables, y no se discuten “individualmente” sino en forma colectiva, impidiendo de este modo que se rompan los convenios y los salarios mínimos en base al hambre y la manipulación patronal.

Las tareas planteadas

La asamblea de fábrica tempranamente se opuso a estos términos del acta, resolviendo que los delegados no la firmen a pesar de los aprietes extorsivos de la UOM y la patronal. A 15 días de su firma, muchas de sus “cláusulas” quedaron superadas por los acontecimientos. Los trabajadores y su interna realizaron asambleas y paros contra un “tanteo” de la patronal que despidió a un compañero y obtuvieron el pago parcial inmediato de la mitad de lo adeudado, sin esperar la homologación del acta como pretendía la empresa.

Pero la lucha sigue planteada. La empresa pretenderá avanzar con medidas de flexibilidad, y tanto ésta como la UOM han dejado declarado con el acta su intención de desplazar a los representantes obreros de base. Se han mantenido los juicios de desafueros mientras el sindicato se comprometió unilateralmente a “retirar” los amparos sindicales, cuando correspondería presentar un juicio de práctica desleal (antisindical) contra la empresa por aquellos desafueros.

Con la claridad cada vez mayor sobre las intenciones de la empresa, el rol pro empresarial de la burocracia sindical y el ministerio, y la importancia de la unidad de la fábrica y su organización interna, los trabajadores han defendido, y tienen herramientas para seguir defendiendo su salario y sus condiciones de trabajo. Una lucha en la que los trabajadores de GRI Calviño, que han dado un ejemplo a toda la clase obrera, no estarán solos.

La defensa de los delegados contra los desafueros, contra la flexibilidad laboral y en defensa del salario se inscribe en la lucha más general contra la reforma laboral, con los métodos acción directa, de la movilización y la huelga indefinida hasta ganar. La proyección de su lucha y el rol traidor de la UOM dejan planteada la necesidad de un reagrupamiento y coordinación de los sectores en lucha, y en particular de los sectores clasistas y combativos de la UOM, y la necesidad de una gran campaña por el inmediato retiro de la demanda de desafuero contra la comisión interna.

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