En pandemia y sin vacunas, Morales echa (más) nafta al fuego

Escribe Iñaki Aldasoro

Tiempo de lectura: 4 minutos

La provincia de Jujuy ha quedado en el centro de la polémica luego de que circularan las fotos de multitudinarios festejos durante el fin de semana de carnaval en toda la provincia, particularmente en la zona de la Quebrada de Humahuaca.

El gobierno provincial había ordenado una restricción de circulación entre municipios. Antes, varios concejos deliberantes habían suspendido los festejos masivos de carnaval, chaya y comparsas. Sin embargo, a último momento el gobierno habilitó la circulación no sólo de los propios jujeños sino también de las vecinas provincias, flexibilizando la circulación entre las provincias del NOA con acuerdo del resto de los gobernadores.

El recule oficial se debió a la presión de sectores empresariales vinculados al turismo, comercio y gastronomía, que no querían perderse de los recursos económicos que mueven estas celebraciones (según Todo Jujuy, del 16/2, ingresaron 3 millones de dólares ese fin de semana). Esta flexibilización se hizo en función de la mal llamada “vuelta a la normalidad”, que defienden el gobierno nacional y las provincias, en defensa de los intereses del capital que necesitan volver a explotar a los trabajadores y para eso exigen la vuelta a clases presencial, acabar con las licencias y la reapertura de todas las actividades, sin inversión, ni controles y con el plan de vacunación en un completo impasse.

Luego del desborde, se anunciaron multas millonarias a varias comparsas de la provincia, un pérfido intento de ocultar la responsabilidad del gobierno por el potencial desastre sanitario. Frente a las aglomeraciones multitudinarias, tampoco se han tomado medidas sanitarias de emergencia para contener la situación.

La vuelta a las escuelas, en peores condiciones

El gobierno de Morales, en sintonía con el gobierno nacional, pretende la vuelta a clases presencial sin las mínimas condiciones para evitar que las escuelas se conviertan en caldo de cultivo del covid. El propio gobernador reconoció que recién 700 establecimientos educativos de la provincia entrarán en ´reparación integral´ ahora (El tribuno, 18/2). Tampoco se han contratado masivamente personal de servicio y docentes para abordar en mejores condiciones la situación educativa.

El protocolo de vuelta a clases ha dejado mucho que desear y ha producido quejas y rechazos en muchos establecimientos en la etapa de inscripción de los alumnos. No todas las escuelas cuentan con termómetros para controlar la temperatura, no se han incrementado los insumos para la desinfección y la entrega de ropa especial para el personal de limpieza todavía no aparece. Se vuelve a utilizar masivamente el transporte público, pero continúa la circulación restringida de unidades y no se ha implementado tampoco un nuevo protocolo.

Sin vacunación, sistema de transporte y de salud adecuados y con edificios en estado de derrumbe, sin estas condiciones mínimas, ni siquiera es posible discutir el "regreso seguro a las aulas" como proponen algunos.

Un punto central son las condiciones laborales y salariales de los docentes y del resto de los trabajadores. El gobierno ha decretado un cuarto intermedio en la paritaria hasta el lunes 22, pero ha adelantado que su oferta consiste en un 15% en dos cuotas, pagaderas en febrero y mayo, una miseria que está por debajo de la miserable paritaria nacional. El año pasado sólo otorgó un 10% de aumento.

Gobierno apuntalado

Estamos frente a un gobierno en crisis que ante cada medida que intenta tomar termina agravando su situación precedente. Morales es hoy el principal referente de la burguesía en la provincia aún bajo este cuadro, por lo que el gobierno nacional termina acordando con él, instalando en los hechos un impasse entre el oficialismo provincial y un PJ disgregado y también en crisis.

La gran mayoría de la burocracia sindical, que abreva en las distintas variantes del PJ, viene dejando pasar ataques y recortes a las conquistas históricas de los trabajadores. Este hecho ha producido que surjan autoconvocatorias y medidas de fuerza por fuera de los gremios, particularmente en la docencia y de manera incipiente en la salud. Estas autoconvocatorias deben servir para superar la loza paralizante de las direcciones gremiales y los trabajadores logremos torcerle el brazo al gobierno. Un ejemplo de esto lo ha dado el SEOM, que viene desarrollando un plan de lucha y ha arrancado el reconocimiento de cientos de trabajadores ultra precarizados municipales bajo la consigna de que ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo vital y móvil, además de luchas contra despidos y por recategorizaciones.

Desde el Partido Obrero de Jujuy llamamos a impulsar la lucha de la clase obrera jujeña, por el salario y la defensa de la vida, desarrollar la amplia deliberación en los lugares de trabajo para imponerle nuestros reclamos a un gobierno en crisis. Por eso sostenemos la necesidad de pelear por:

¡Testeos masivos ya!

¡No inicio de clases presenciales!

¡Que Morales asegure un plan de vacunación masiva e inmediata en la provincia!

¡Subsidio mensual a todos los desocupados y changarines, equivalente al 80% de la canasta familiar!

¡Triplicación del presupuesto de salud! Salario igual al costo de la canasta familiar. Reducción de la jornada laboral y contratación masiva de más personal bajo los convenios colectivos vigentes.

¡Suspensión inmediata del pago de la deuda pública provincial y de los subsidios a las grandes empresas para asegurar los recursos para el cumplimiento de todas estas medidas!

Por comités obreros en los lugares de trabajo y las barriadas para imponer los protocolos de bioseguridad adecuados. Por un congreso de trabajadores en la provincia y la preparación de la huelga general para garantizar una adecuada política de preservación de la vida ante la pandemia en curso y la desidia de los gobierno del capital.