La Libertad Avanza buscará darle hoy, miércoles 8 de abril, sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares. Cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas.
\nEn estas semanas, luego de obtener la media sanción en el Senado, el oficialismo desarrolló una intensa actividad para asegurar el apoyo de sus aliados peronistas y radicales. Circulan denuncias de una Banelco minera y hubo anticipos por coparticipación a un conjunto de provincias cuyos gobernadores se han mostrado alineados con la iniciativa del gobierno. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales publicó un informe en el que señaló que el 74,1 % de los ATN girados por Nación a las provincias -equivalentes a unos $20.000 millones- fue transferido tres días antes de la votación en el Senado y advierten que, entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias.
\nLa sesión del día de hoy viene presidida por dos instancias en Diputados. Una fue la audiencia pública, una farsa, pues de 160.000 inscriptos para participar solo lo pudieron hacer 400, la mitad de ellos de manera presencial; la otra mitad, virtual. Con todo, el 89 % de los participantes se pronunciaron con fundamentos en rechazo al proyecto.
\nEl plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales aprobó el dictamen para que se elevara a la discusión de la cámara. El Gobierno decidió copar la parada y transformó el plenario en un evento para promocionar la actividad minera, anunciando su propósito de eliminar todos los obstáculos que pudieran trabar las ´inversiones prometidas´. Por eso se manipuló la lista de oradores y no se permitieron oradores opositores o disidentes con el proyecto del gobierno. En este sentido, aparte de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), estuvieron presentes Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; José Gómez, ministro de Minería de Jujuy; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. Por el Gobierno estuvo presente Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación; Mario Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, y Federico José Caeiro, subsecretario de Política Minera de la Nación.
\nLegisladores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión, por sus antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro.
\nDesde la Asociación de Abogados Ambientalistas se señaló que, además de la denuncia contra Lucero, la organización incorporó nuevos elementos en la causa contra la senadora nacional Flavia Royón, vinculados a su situación patrimonial, y solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación.
\nLa reforma a la actual Ley de Glaciares plantea que solo queden bajo protección estricta aquellas formaciones de hielo que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Además conceden mayor poder a los gobernadores para la elaboración del inventario glaciar. Les da la posibilidad a las provincias de poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un \"glaciar o geoforma periglacial\", según lo contemplen, incluyendo \"una instancia de participación ciudadana\".
\nDetrás de la discusión sobre “precisión” e “identificación” se juega un punto clave que los funcionarios no desarrollaron en profundidad: qué pasa con los ambientes periglaciares. Tal como se viene señalando, en el noroeste argentino la mayoría de los cuerpos de hielo son geoformas no visibles -glaciares de escombros- que cumplen una función esencial como reserva hídrica.
\nNo son marginales, pues representan hasta el 97 % de estos sistemas en la región. Y están retrocediendo: datos científicos muestran una reducción sostenida de glaciares y nieve persistente en los Andes desérticos. En ese contexto, redefinir los criterios de protección puede dejar fuera del alcance de la ley a una parte sustancial de esas reservas.
\nLa Academia Nacional de Ciencias señala que \"los sistemas glaciales y periglaciales de la región andina constituyen componentes esenciales del funcionamiento hidrológico de las cuencas de montaña y cumplen un rol clave en la regulación del agua a escala regional\".
\nDesde una perspectiva científica, \"el agua dulce utilizable no posee sustituto funcional en los procesos bioquímicos y ecológicos que sostienen la vida. Su disponibilidad depende, en gran medida, de la capacidad de los sistemas de alta montaña para capturar, almacenar y liberar agua de manera progresiva\". En este contexto, \"los glaciares y los ambientes periglaciales actúan como reservorios y reguladores hidrológicos que amortiguan la variabilidad climática\", manifestó el organismo.
\nDiversos estudios en los Andes áridos de Argentina y regiones análogas muestran que una proporción significativa del agua sólida no se encuentra únicamente en glaciares visibles, sino también en \"sistemas periglaciales, incluyendo glaciares de roca, permafrost y hielo intersticial en depósitos detríticos\".
\nEn numerosas cuencas, los sistemas periglaciales pueden ser tan relevantes como los glaciares descubiertos en términos de almacenamiento hídrico.
\nEstos ambientes son sistemas geomorfológicos complejos, controlados por la presencia de hielo en el subsuelo y por procesos de congelamiento y descongelamiento. La evidencia indica que pueden comportarse como sistema umbral, en los que perturbaciones relativamente pequeñas pueden desencadenar cambios significativos en la estabilidad de los sedimentos, la circulación del agua y la dinámica del paisaje.
\nEn este sentido, \"la protección de los sistemas glaciales y periglaciales no constituye una restricción al desarrollo, sino una condición para su sostenibilidad en el largo plazo, en línea con los principios de preservación ambiental y responsabilidad intergeneracional establecidos en la Constitución Nacional en su artículo 41\", remarcó la ANC.
\nA partir de los fallos sobre numerosos artículos de la Reforma Laboral y sobre la ley de Financiamiento universitario, un amplio abanico de personalidades y militantes de los movimientos ambientalistas cifran esperanzas en la Justicia para paralizar la aplicación de la ley, si es aprobada en Diputados. Es un recurso al que hay que apelar, pero sólo como un recurso más. Detrás del proyecto del gobierno están las grandes mineras, pero también el gobierno de Trump, que ha reclamado eliminar todos los obstáculos que impiden o dificultan la obtención de minerales críticos para asegurarse los suministros que demanda la transición energética, la industria militar y la guerra.
\nSolo una lucha a fondo, como una huelga general, podría impedir la promulgación de la ley o su derogación, como se logró en 2019 en la provincia de Mendoza. En algunas provincias, en los pueblos mineros, se ha abierto un clima de deliberación (se han reactivado las asambleas ambientales con mayor presencia) y acciones frente a proyectos y disposiciones violatorias de normas ambientales, como ocurren en Santa María, Catamarca, con un proyecto para explotar una mina de oro. En los cortes y asambleas a la par de los vecinos de la zona de Fuerte Quemado y las Mojarras se han sumado los docentes autoconvocados de la localidad. Otro tanto ha ocurrido en la zona de Tinogasta, donde la docencia autoconvocada de la zona se han sumado a la denuncia de hechos de contaminación que dieron lugar a bloqueos y otras acciones.
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