Tanto la letra de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (sancionada en 2010) como la actual propuesta de modificación del gobierno nacional están fundamentadas en tratados internacionales sobre salud mental y derechos humanos inalienables, lo que les otorga rango constitucional. Sin embargo, ese estatus no es producto de la buena voluntad de los gobiernos, sino de los efectos devastadores que el sistema asilar provocó en la población trabajadora mundial.
\nLa propuesta original de la ley 26.657 no nació de una iniciativa política del gobierno kirchnerista de entonces, sino de un trabajo sistemático de movimientos de familiares y profesionales en todo el país. La concientización sobre las violaciones a los derechos humanos en las instituciones asilares fue contundente. Antes de la ley, bastaba la presentación de dos certificados médicos para que un juez ordenara una internación, y en esos espacios era práctica corriente la sobremedicación, muchas veces utilizada como castigo.
\nEl sistema asilar cierra su ciclo cuando no existen alternativas a la internación. Este aspecto nunca se ha revertido, ni en las internaciones de adultos ni en las de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de cientos y miles de personas que quedan toda su vida a la espera de una residencia protegida, un hogar o un lugar de tránsito cercano a la comunidad donde reconstruir sus vidas.
\nSi bien la sanción de la ley 26.657 constituyó un verdadero cambio de paradigma -introdujo una perspectiva de derechos, reconoció la capacidad de las personas, impulsó la interdisciplina y la intersectorialidad, y reguló la arbitrariedad de las internaciones-, no logró satisfacer plenamente las demandas de familiares y de personas con necesidad de atención y cuidados en salud mental. El gobierno de Milei intenta aprovechar esas demandas insatisfechas.
\nEl proyecto de ley actual vuelve atrás aspectos ya saldados en 2010. Aunque mantiene el concepto de protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos, vuelve a nombrar a las personas como “personas con trastornos o enfermedades mentales y/o padecimientos en adicciones”, estigmatizándolas y agravando una exclusión social que nace de la descomposición de la crisis capitalista actual.
\nLa ley de 2010 obligaba a los equipos de salud a comunicar las internaciones a los juzgados, sin que estos tuvieran injerencia en el destino de las mismas. La nueva ley invierte el orden: devuelve a la justicia la potestad de indicar o no una internación.
\nLa ley 26.657 establecía que el presupuesto en salud mental debía ser el 10 % del presupuesto total de salud. Ese objetivo nunca se alcanzó en ningún gobierno posterior, y el ajuste general del presupuesto en salud lo redujo aún más. Organismos de derechos humanos afirman que el porcentaje actual ronda el 1,6 % de un presupuesto general de salud en extinción, destinado mayoritariamente a sostener hospitales monovalentes.
\nLa propuesta del gobierno nacional limita los alcances del Órgano de Revisión para la correcta implementación de la ley, especialmente en aspectos vinculados al ejercicio de derechos de las personas internadas y a la posibilidad de hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para sancionar a jueces en caso de irregularidades. No solo dota al poder judicial de más funciones para determinar internaciones, sino que lo blinda legalmente ante malas prácticas.
\nLas instituciones privadas son favorecidas en un sentido mercantil tanto en el esquema actual como en el anterior. La prohibición de crear nuevos hospitales de salud mental dio paso a instituciones de todo tipo que mantienen los preceptos asilares y manicomiales, ahora en función del desarrollo de negocios privados. El nuevo marco legal favorece aún más este esquema al proponer la creación de instituciones sin especificar el nivel de participación pública ni el presupuesto a destinar.
\nActualmente, el gobierno colaboró en el desmembramiento de redes institucionales cuya colaboración hoy depende de relaciones informales entre colegas. Ya no están disponibles en las páginas oficiales -como ocurría con el sitio Bonaparte- la gran cantidad y diversidad de material teórico y de investigación desarrollado en los últimos años. Esto representa un retroceso en las prácticas y en la producción de conocimiento en un momento en que la intervención profesional está signada por la sobredemanda, la creciente carencia de espacios de atención y cuidados, y condiciones salariales que empujan a los profesionales al pluriempleo y a jornadas extenuantes.
\nCaracterizamos que este nuevo proyecto, al facilitar las intervenciones forzadas por vía judicial, no hace otra cosa que agudizar el colapso del sistema sanitario. Los equipos interdisciplinarios que desempeñan funciones en hospitales y centros de internación -ya bajo extrema presión y sin recursos- se verán además demandados por el ingreso de pacientes por vía judicial. La desfinanciación del sistema de salud salta a la vista ante cualquier trabajador que necesita atención en salud mental.
\nDesde Política Obrera llamamos a la población a que esta demanda deje de recaer contra los equipos de salud y de salud mental de hospitales y comunidades, y unifique la demanda contra los gobiernos responsables de vaciar sistemáticamente los espacios de atención. Porque el problema no es la ley, sino la voluntad política de financiar la salud; no son los trabajadores de la salud las familias y usuarios los responsables, sino quienes hunden el sistema mientras fingen reformarlo. Que este manotazo de ahogado no divida a quienes luchan por una verdadera salud mental comunitaria, sino que los enfrente, unidos, al verdadero responsable: un gobierno que ajusta, desfinancia y desprotege.
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