Desde el pasado jueves 9 de abril, trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) S.A. llevaban adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo de salarios adeudados, que finalizó este lunes 13 a media mañana. Sin embargo, no fue un episodio aislado ni un conflicto meramente salarial. Fue la expresión localizada de una crisis más amplia que atraviesa al transporte público.
\nEn San Isidro, la 707 (y las líneas vinculadas, la 700 y la 407, y las interdistritales 333 y 437, que combinan localidades y partidos como Munro, en Vicente López, y Garín, en Escobar) viene funcionando desde hace tiempo como un laboratorio de esa crisis. La línea municipal ha sufrido en los últimos dos años recortes de recorridos, fusiones de ramales y caída de frecuencias que afectaron directamente a barrios como Boulogne o Villa Adelina.
\nEl punto de fondo no es simplemente la “falta de subsidios”, como suele presentarse, sino su reorganización. El sistema de transporte del AMBA sigue siendo altamente subsidiado: el Estado cubre una parte decisiva del costo del boleto. Sin embargo, esos subsidios han sido reconfigurados en los últimos años bajo un criterio cada vez más orientado a la “demanda” -cantidad de pasajeros transportados- en detrimento de la cobertura territorial (kilómetros recorridos). Este desplazamiento tiene consecuencias directas: los recorridos socialmente necesarios, pero menos rentables, quedan penalizados.
\nLo que ocurre en la 707 se ve en otros municipios. En Florencio Varela, la línea 148 atravesó paros prolongados por salarios impagos, en un cuadro que llevó al propio municipio a declarar la emergencia del transporte. En La Matanza, las líneas de la empresa Almafuerte han protagonizado conflictos recurrentes. Vicente López, que durante años sostuvo una línea gratuita para residentes (el llamado Transporte del Bicentenario), terminó recientemente con la suspensión del servicio, bajo el argumento de su “alto costo” y baja utilización.
\nMientras tanto, el boleto sigue aumentando. Entre 2024 y 2026 se sucedieron subas continuas, con saltos acumulados y actualizaciones mensuales en Provincia y CABA. El resultado es un sistema más caro para el usuario, pero no más estable: las subas no eliminan los conflictos ni garantizan el servicio.
\nLa crisis de la línea 707 es parte de una crisis general del sector.
\nEn primer lugar, para los trabajadores del transporte, la defensa del salario y de la fuente de trabajo no puede quedar subordinada a la “situación de la empresa” tal como la presentan las patronales. La reiteración de paros por sueldos impagos, como el de la 707, muestra que los trabajadores terminan financiando con su propio salario el funcionamiento del sistema. Frente a esto, los trabajadores debemos plantear la apertura de los libros contables de las empresas, para establecer con precisión qué subsidios reciben, cómo se asignan, cuál es la estructura real de costos y qué nivel de rentabilidad tienen.
\nPara los trabajadores usuarios el aumento sistemático del boleto, combinado con la degradación del servicio, plantea una contradicción directa: se paga más por un servicio peor. En este punto, la defensa del derecho al transporte implica levantar un programa que incluya: rechazo a los tarifazos, garantía de frecuencias y recorridos y acceso universal al transporte.
\nEsto no puede resolverse en el marco de negociaciones fragmentadas entre empresas y Estados, sino que requiere la organización de los propios usuarios, a través de asambleas, comités o instancias de coordinación con los trabajadores del transporte. La defensa del salario del chofer y la defensa del boleto accesible forman parte de una misma lucha. Frente a un sistema en crisis, la apertura de libros, el control obrero y la intervención de los usuarios deben servir como puntos de apoyo para una reorganización integral del transporte sobre nuevas bases.
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