El decreto que reglamentó el artículo 147 de la Contrarreforma Laboral fijó como plazo para el fin de la ultra-actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo el 1 de enero de 2027. La ultraactividad es un principio legal según el cual los convenios colectivos siguen vigentes hasta tanto no los reemplace un nuevo convenio. Los convenios que tuvieran fecha vencida deberán renegociarse antes de fin de año. Aquellos convenios que no tienen fecha de caducidad, se considerarán vencidos en esa misma fecha, por lo que también deberán renegociarse previamente.
\nEl Gobierno había anunciado que la caducidad de la ultraactividad se referiría solamente a las cláusulas obligacionales del convenio, y no a las condiciones de trabajo. Es decir que solamente caducarían las cláusulas de pagos de la cuota solidaria, de aportes extraordinarios a las obras sociales o los fondos de capacitación y no los artículos que regulan la forma de trabajo de cada actividad.
\nSin embargo, a la hora de la reglamentación apareció la realidad. El decreto del Gobierno dispone que la convocatoria a renegociar los convenios se inicia un mes después del decreto reglamentario, y se extendería por el plazo de un año. La clave está en que le da a la Secretaría de Trabajo una potestad estratégica, que es la suspender la homologación de los convenios si las partes no avanzan en la renegociación. Es decir que el fin de la ultraactividad no se limita a las cláusulas de obligaciones entre las empresas y el sindicato, sino a los convenios colectivos de conjunto.
\nLa reglamentación del Gobierno busca también condicionar las negociaciones salariales futuras, aunque en el presente el 100% de los sindicatos vienen aceptando la pauta a la baja del Gobierno. Si en el futuro un sindicato no aceptara los topes del Gobierno, la Secretaría de Trabajo podrá amenazar con suspender la homologación del convenio. El fin de la ultraactividad no es sólo una Espada de Damocles contra las condiciones de trabajo, sino contra el reclamo salarial.
\nEl intervencionismo del gobierno de Milei sobre los sindicatos ha tomado un relieve más agudo esta última semana entre la reglamentación de los artículos de la Contrarreforma Laboral y la intervención judicial de la UOM, a todas luces impulsada por el Gobierno. La reglamentación impone además el fin de los créditos horarios para los delegados y el límite controlado por el Estado a la composición de las comisiones directivas de los sindicatos. También se definió que las organizaciones sindicales que soliciten su inscripción ante las autoridades laborales estarán obligadas a presentar la declaración jurada patrimonial; y se incorporaron diversos mecanismos destinados a verificar la cantidad de afiliados a los sindicatos mediante el cruce de datos del SIPA y otras bases públicas.
\nEsta injerencia cada vez mayor del Estado sobre la vida sindical contrasta con la libertad con la que se manejan las sociedades anónimas y otras organizaciones del capital. Implica un verdadero régimen de excepción estatal sobre los sindicatos: es violatoria de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen la libertad de asociación sindical (Convenio 87) y la de protección contra la discriminación de la actividad sindical (convenio 98).
\nLa CGT ha encarado este atropello con la misma política que tuvo frente a la Ley Bases, el decreto 70 del 2023 y la Ley de Reforma Laboral: dejar pasar todo lo que plantea el Gobierno, negociar la protección de las cajas sindicales y judicializar algunos de los puntos más controversiales de las leyes. Esta estrategia ha permitido, aunque con contrapuntos, el avance de la Contrarreforma Laboral aun cuando su carácter anticonstitucional está fuera de discusión.
\nEl gobierno reglamenta la contrarrevolución laboral Por Pablo Busch, 02/06/2026.
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