A setenta años de los fusilamientos de José León Suárez, el próximo 17 de junio comenzará un juicio por la verdad destinado a reconstruir aquellos asesinatos perpetrados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, condenarlos como crímenes de lesa humanidad y reparar históricamente a las familias de las víctimas. Aunque los responsables directos han muerto y no habrá condenas penales, el proceso representa una conquista de décadas de lucha de familiares y organismos de derechos humanos contra la impunidad que rodeó a la masacre.
\nLa investigación inmortalizada por Rodolfo Walsh en el libro “Operación Masacre” demostró que los detenidos fueron capturados antes de la entrada en vigencia de la ley marcial y posteriormente trasladados a los basurales de José León Suárez para ser ejecutados. Como estableció Walsh, no se trató de la aplicación de una legislación de excepción sino de un asesinato organizado por el Estado. La reconstrucción realizada por el periodista no sólo permitió sacar a la luz uno de los mayores crímenes de la llamada Revolución Libertadora, sino que dejó al desnudo el carácter represivo de un régimen que se presentaba como restaurador de la democracia.
\nCinco trabajadores y militantes fueron fusilados: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Siete sobrevivieron milagrosamente al ametrallamiento policial. Aquellos hechos constituyeron una de las expresiones más brutales de la represión desencadenada por la dictadura surgida del golpe de 1955, que combinó la proscripción política, la intervención de los sindicatos y la persecución sistemática de opositores.
\nSin embargo, la importancia histórica de este juicio trasciende la reivindicación de las víctimas directas. Los fusilamientos de José León Suárez forman parte de una tradición de violencia estatal que atraviesa toda la historia argentina y que encuentra su fundamento en la defensa de los intereses de la clase capitalista y de las distintas fracciones políticas encargadas de administrar su dominación.
\nLa represión sistemática contra los explotados no comenzó con Aramburu ni culminó con Videla. Décadas antes de los fusilamientos de 1956, el Estado argentino ya había organizado verdaderas matanzas contra la clase obrera y los pueblos originarios. La Semana Trágica de 1919 dejó centenares de obreros asesinados en Buenos Aires bajo la acción combinada de la policía, el Ejército y las bandas fascistizantes de la Liga Patriótica. Dos años después, entre 1.000 y 1.500 peones rurales fueron fusilados por el Ejército en la Patagonia Rebelde. Ese mismo año, la empresa británica La Forestal, con apoyo estatal y fuerzas parapoliciales financiadas por la propia compañía, asesinó a centenares de obreros tanineros en el norte santafesino.
\nLa misma lógica criminal se descargó contra los pueblos originarios. En 1924, la masacre de Napalpí exterminó a centenares de indígenas qom y mocoví que reclamaban mejores condiciones laborales. En 1947, bajo el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, la Gendarmería Nacional perpetró la masacre de Rincón Bomba contra el pueblo pilagá, crimen reconocido posteriormente por la justicia como genocidio.
\nEstos antecedentes permiten comprender que José León Suárez no fue una anomalía histórica ni el resultado exclusivo del odio antiperonista de la Libertadora. Fue la expresión de un Estado construido para preservar un determinado orden social mediante la violencia cuando la dominación política y económica encuentra resistencia.
\nLos fusilados fueron víctimas de una dictadura que había proscripto partidos políticos, intervenido sindicatos y desencadenado una persecución sistemática contra el movimiento obrero y popular. Muchos de ellos simpatizaban con el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, que buscaba derrocar a la autodenominada Revolución Libertadora y poner fin al régimen instaurado tras el golpe de 1955.
\nSin embargo, la relación entre aquella rebelión y la dirección política del peronismo estuvo lejos de ser lineal. Aunque el levantamiento se realizó en nombre de la restitución de Perón, el propio líder exiliado mantuvo una actitud crítica hacia la insurrección. Posteriormente tomó distancia de la iniciativa de Valle y cuestionó una acción que consideraba condenada al fracaso. Los fusilados de José León Suárez pagaron con su vida una tentativa de lucha contra la dictadura que ni siquiera fue reivindicada plenamente por la conducción política en cuyo nombre actuaban.
\nLa trayectoria de Julio Troxler resume de manera dramática muchas de las contradicciones de la historia política argentina. Troxler fue uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez y una de las principales fuentes de Rodolfo Walsh para reconstruir aquellos acontecimientos. Militante peronista y participante de la resistencia a la dictadura de Aramburu, logró escapar a la ejecución de 1956 cuando los disparos policiales lo dieron por muerto.
\nSin embargo, casi dos décadas después, el 20 de septiembre de 1974, fue secuestrado por un comando de la Triple A y posteriormente fusilado cerca de las vías del Ferrocarril Roca. Su nombre integraba las listas de militantes condenados a muerte elaboradas bajo la órbita de José López Rega, ministro y mano derecha de Perón. La ironía histórica resulta brutal: uno de los hombres que había sobrevivido a los fusilamientos de la Revolución Libertadora terminó asesinado por una organización terrorista amparada desde las entrañas del propio gobierno peronista.
\nEl recorrido de Troxler constituye una demostración elocuente de que la represión estatal y paraestatal en Argentina no puede analizarse únicamente bajo la forma de una confrontación entre peronismo y antiperonismo. Las mismas fuerzas sociales interesadas en preservar el orden existente recurrieron, bajo distintos gobiernos y circunstancias, a la persecución, el asesinato político y el terror contra quienes consideraban una amenaza para la estabilidad del régimen.
\nEsta contradicción adquiere actualidad frente a los intentos del Partido Justicialista de apropiarse políticamente de la memoria de los fusilados. En el acto realizado por el 70° aniversario de la masacre en José León Suárez, el presidente del PJ e Intendente de San Martín, Fernando Moreira, afirmó que el mejor homenaje a las víctimas consiste en “ganar elecciones y transformar definitivamente la Argentina”. Por su parte, el vicepresidente partidario Lauro Grande sostuvo que Axel Kicillof encarna hoy las aspiraciones por las que habrían luchado quienes fueron asesinados en 1956.
\nSe trata de una utilización electoral de una tragedia histórica. Los hombres asesinados en los basurales de José León Suárez enfrentaron a una dictadura y pagaron con sus vidas una tentativa de rebelión contra un régimen represivo. Setenta años después, los dirigentes del peronismo convierten aquella experiencia en una ceremonia institucional orientada a fortalecer sus propias candidaturas y proyectos políticos. Resulta particularmente significativo que en estos homenajes oficiales se recuerde a las víctimas de la Libertadora mientras se omite que uno de los sobrevivientes más emblemáticos de aquella masacre, Julio Troxler, fue posteriormente asesinado por la Triple A organizada desde el propio gobierno peronista.
\nLa memoria de los fusilados merece algo más que discursos oficiales. No puede ser utilizada para justificar a quienes administran hoy un régimen social atravesado por el ajuste, el pago de una deuda usuraria, la precarización laboral y el deterioro constante de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Transformar a las víctimas de una dictadura en símbolos de una estrategia electoral constituye una forma de vaciar de contenido histórico y político su sacrificio.
\nLa dictadura de 1976 llevaría esta tendencia represiva a una escala industrial mediante un sistema de desaparición forzada, tortura y exterminio desplegado en centenares de centros clandestinos de detención. Pero el terrorismo de Estado que alcanzó su forma más brutal en los campos de concentración de la última dictadura tenía una larga historia previa. La Patagonia Rebelde, La Forestal, Napalpí, Rincón Bomba, José León Suárez y Trelew forman parte de una misma secuencia histórica de crímenes cometidos por el Estado argentino contra trabajadores, militantes populares y pueblos originarios.
\nLa pelea por el reconocimiento de la masacre como crimen de lesa humanidad tiene, por lo tanto, una importancia que supera largamente la reparación histórica. Se trata de establecer la continuidad de una política estatal de persecución y exterminio contra quienes desafiaron el orden social existente. También de rechazar las interpretaciones que presentan estos hechos como simples enfrentamientos entre facciones políticas. Detrás de cada una de estas masacres aparece el mismo contenido de clase: la utilización de los aparatos represivos del Estado para defender los intereses de los explotadores.
\nEl juicio por la verdad llega, además, en un contexto de avance de la política fascistoide de Milei que busca relativizar los crímenes de Estado y rehabilitar a sus responsables. Frente a ello, la reconstrucción histórica de José León Suárez adquiere una enorme actualidad. No sólo porque demuestra el carácter criminal de la dictadura de Aramburu, sino porque pone de relieve una constante de la historia argentina: la violencia estatal como instrumento de preservación del orden social capitalista.
\nLa lucha de los familiares ha logrado que, setenta años después, aquellos asesinatos vuelvan a ocupar un lugar en la agenda pública. La tarea pendiente es incorporarlos definitivamente a la memoria de las grandes masacres obreras y populares del país, no como un episodio partidario ni como patrimonio de ninguna fuerza política, sino como parte de la historia de la lucha de los explotados contra un Estado que, una y otra vez, respondió a las crisis sociales con la represión y el crimen. Todas estas masacres tienen un denominador común: la utilización del aparato estatal para aplastar a quienes cuestionan las relaciones sociales existentes.
\nLa verdadera reivindicación de los mártires de José León Suárez, así como de todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino, no consiste en los homenajes protocolares ni en las apelaciones electorales. Consiste en continuar la lucha contra el régimen social que engendró esas masacres. Mientras subsista el dominio de la burguesía sobre la sociedad, seguirán reproduciéndose las condiciones que dan origen a la explotación, la opresión y la violencia estatal.
\nPor eso, la lucha por la memoria histórica está inseparablemente ligada a la lucha por una transformación social de fondo. El régimen que produjo las masacres de la historia argentina sólo podrá ser superado mediante el gobierno político de los trabajadores y la reorganización socialista de la sociedad. En esa perspectiva reside la verdadera actualidad de José León Suárez y de todos los luchadores que enfrentaron la represión del Estado.
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