La crisis del PAMI se profundiza a pasos agigantados. Cada vez son más los jubilados, pensionados y trabajadores damnificados por el recorte de prestaciones. El régimen libertario acelera los sufrimientos y la muerte de toda una generación.
\nLos jubilados son uno de los sectores más afectados por el ´ajuste´ de Milei, Caputo y el FMI. Las cámaras empresariales que nuclean a clínicas y sanatorios de todo el país han anunciado que a partir de la semana próxima suspenderán la asignación de nuevos turnos para consultorios externos, en absolutamente todas las especialidades. Protestan por el atraso de los pagos y la desactualización de los valores de las prestaciones. A esto hay que agregar la reducción de medicamentos gratuitos, la eliminación de programas de provisión y los copagos ilegales que cobran clínicas y profesionales. La gran mayoría de los jubilados debe elegir entre comprar remedios, pagar el alquiler o cubrir necesidades básicas como la alimentación.
\nEl PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Brinda cobertura a más de 5.000.000 de afiliados en todo el territorio nacional. Fue creado en 1971, bajo el gobierno militar de Lanusse, en reemplazo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
\nDurante la década de 1960 la cuestión de la tercera edad comenzó a ser parte de la discusión pública debido a su crecimiento demográfico como grupo etario y a los cambios que se produjeron en el sistema previsional. Para 1970 la esperanza de vida a nivel mundial había pasado de los 45 a los 75 años. El Censo de Jubilados y Pensionados realizado en diciembre de 1970 en la Argentina arrojó que 1.400.000 personas eran beneficiarios de las cajas previsionales. Estos cambios operados llevaron a que los gastos previsionales y sociales aumentaran considerablemente.\nA finales de la década de 1960, las cajas previsionales se encontraban en situación de quebranto, en especial por la evasión impositiva de su mayor empleador, el Estado. Por medio de la Secretaria de Estado de Seguridad Social, bajo la égida del Ministerio de Bienestar Social, el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, comenzó a implementar una serie de reformas. Se estatizaron las cajas previsionales, que se encontraban bajo administración de los sindicatos. Las trece cajas que existían hasta ese momento se concentraron en tres. También se sancionaron las leyes 18.037 y 18.038, que establecieron, respectivamente, nuevos beneficios a trabajadores en relación de dependencia (jubilaciones ordinarias, para sobrevivientes, invalidez, y edad avanzada), y se aumentó la edad jubilatoria a 65 años para varones y 62 para mujeres.
\nPero el cambio más importante introducido fue la eliminación del 82 % y 75 % móvil en jubilaciones y pensiones. A partir de ese momento la renovación sería anual y el cálculo quedó bajo supervisión del Poder Ejecutivo. Ante esta primera expoliación del salario diferido, los jubilados se reagruparon en tres organizaciones reivindicativas: la “Confederación General de Jubilados, Retirados y Pensionados del País” (CGJCNJ), ligada a la CGT; la “Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados” (MCNJyP), con influencia del partido comunista, y un grupo más pequeño nucleado en la “Asociación de Jubilados y Pensionados de Empresas Periodísticas (AJyPEP)”.
\nEstos reagrupamientos de jubilados comenzaron a mantener reuniones con funcionarios del área de Bienestar Social, en especial con Francisco Manrique, que comenzó a recibir los reclamos de las agrupaciones de jubilados. La política de la “Revolución Argentina” para con el sector se tradujo en la concesión de nuevas jubilaciones, el aumento de los montos y el saneamiento de las cajas previsionales.\nEl gobierno de facto de Alejandro Lanusse, que tuvo entre sus objetivos la de tratar desmontar el ascenso obrero iniciado con el Cordobazo, se dio como estrategia política el Gran Acuerdo Argentino (GAN), tratando de darle una salida electoral al deshilachado gobierno de la “Revolución Argentina”. El gobierno de Lanusse buscó el respaldo de los sectores más conservadores de la burocracia sindical, para poner en pie un esquema político que contuviera las protestas, y en este sentido comenzó a realizar concesiones, entre ellas salariales, para mantener aislado políticamente a Perón. Pero el proceso inflacionario de comienzos de la década de 1970 licuaba rápidamente los salarios, lo que desembocó en nuevos procesos huelguísticos y conflictos sectoriales, apalancados por el clasismo. La estrategia de Lanusse de dividir al movimiento obrero fracasó y se vio obligado a aceptar elecciones libres y sin proscripciones para 1973.
\nEn este marco de concesiones y maniobras con la burocracia sindical, se crea el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), por Decreto-Ley 19.032 del año 1971, como una persona jurídica de derecho público no estatal, con autarquía financiera y administrativa. Su objetivo sería dar respuesta a la falta de atención médica y social a las personas de la tercera edad, que no la recibían por parte de las obras sociales de origen. Sería conducido por un cuerpo de once directores, de los cuales siete representarían a los jubilados, dos a los trabajadores en actividad y dos al Estado. Pedro Urrutia, de la cegestista CGJCNJ, fue su primer presidente. En 1976 la dictadura nombró interventor a un coronel médico, Guillermo Cal.
\nEntre 1971 y 1996 tuvo 13 intervenciones y solo 6 directores designados acorde a la ley. Durante esos años se fueron alternando directores legales con interventores y comisiones normalizadoras. Desde 1996 a la actualidad la situación no cambió. Fueron pocos los directores y muchos los interventores, y los escándalos por corrupción se fueron sucediendo con los distintos gobiernos.
\nEn 1987, Raúl Alfonsín nombró como Director a Alejandro Armendáriz, quien puso la recaudación a plazo fijo para que no sea devorada por la hiperinflación. Durante la gestión de Armendáriz se produjo el desvío millonario de fondos destinados al policlínico Ferroviario Central y la contratación de prestadoras médicas fantasma, propiedad de legisladores de la UCR.
\nDurante el menemismo, el PAMI estuvo cruzado por múltiples casos de corrupción y se sucedieron seis interventores. Entre 1989 y 1999, desfilaron como interventores Matilde Menéndez, el sindicalista Carlos Alderete, Alberto Abad, Antonio Maldonado, Alejandro Bramer Markovic y Víctor Alderete. Todos terminaron procesados, en la mayoría de los casos por sobreprecios.
\nEl gobierno de Fernando de la Rúa también se caracterizó por un desfile de interventores. El gobierno aliancista nombró tres: a la radical Cecilia Felgueras, al frepasista Angel Tonietto y al (entonces) peronista Horacio Rodríguez Larreta. En el año 2000 el PAMI se negó a pagar la abultada deuda contraída con la Fundación Favaloro, siendo una de las causas por las que René Favaloro tomó la determinación de suicidarse. En septiembre de 2001, los miembros del triunvirato fueron imputados por supuesta “defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por direccionar la compra de vacunas antigripales.
\nAl asumir la presidencia del país en 2002, Eduardo Duhalde nombró como interventor del PAMI a José Manuel Corchuelo Blasco, que llevó adelante la renegociación de contratos entre la obra social de los jubilados y prestadoras privadas, por los que finalmente fue procesado. En noviembre de 2002, se sancionó la ley que normalizó el Instituto, pero, cuando asumió Néstor Kirchner, en 2003, envió al Congreso un proyecto de ley que lo facultaba nuevamente a intervenir el PAMI debido a “situaciones de grave deterioro institucional que ponen en peligro las prestaciones a los jubilados”.
\nDurante la gestión de Néstor Kirchner fueron interventores del PAMI Juan José González Gaviola, que llevó adelante un drástico recorte del personal, y Graciela Ocaña, quien fue señalada por haber mantenido 2.500 millones de pesos de fondos líquidos excedentes sin invertir, por lo que fue procesada en 2015.
\nPor su parte, Cristina Fernández de Kirchner nombró, durante su presidencia, a Luciano Di Cesare, quien también fue procesado por el delito de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con fondos del PAMI en vez de otorgarles prestaciones a los jubilados. Di Cesare también fue denunciado por irregularidades en la derivación e internación de los afiliados, sobreprecios en la compra de medicamentos y defraudación contra la administración pública.
\nLa administración durante el macrismo tampoco estuvo exenta de irregularidades. Macri designó como titular del PAMI a Carlos Regazzoni, denunciado penalmente en agosto de 2016 junto a Marcos Peña, por el uso de los datos reservados del PAMI para fines electorales - “tráfico de datos” y “abuso de autoridad”. Regazzoni también firmó dos convenios millonarios que beneficiaba al “binguero” y entonces presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y al empresario Nicolás “Nicky” Caputo, \"hermano del alma\" de Mauricio Macri, a quien se le reconocieron millonarios costos por la construcción del Hospital Bicentenario en Esteban Echeverría, que nunca pudo probar técnicamente. La gestión de Regazzoni terminó envuelta también en casos de sobreprecios.\nEn los dos años y medios de gobierno liberticida al frente del instituto se encuentra Esteban Leguizamón, en los que se sucedieron múltiples casos de sobreprecios y malversación de fondos.
\nLa intención última de los liberticidas es vaciar la obra social y avanzar en su “provincialización”. A la vez, pretenden retornar al régimen de las AFJP en el caso de las jubilaciones. La reducción del mal llamado gasto social apunta a remontar la cotización de la deuda pública, siguiendo exigencias establecidas por el FMI y los fondos de inversión. Se están cumpliendo los deseos de la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien en diciembre del 2025 calificó como \"un gran error\" la existencia del PAMI y manifestó que \"le gustaría\" que se elimine.
\nEn las oficinas del PAMI, los jubilados protestas por el vaciamiento de los servicios. Frente a este panorama de delincuencia humanitaria, se impone impulsar una lucha conjunta entre los jubilados y los trabajadores del PAMI y de las clínicas que trabajan para la obra social, por la restitución de las prestaciones, el pago de los salarios adeudados, la provisión de medicación para todos los afiliados y afiliadas, por aumento de jubilaciones y salarios, por la apertura de los libros contables del PAMI bajo control de los trabajadores y de sus usuarios.
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