En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar dictada en primera instancia que obliga al Gobierno Nacional a cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución consideró \"inadmisible\" el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y ordenó la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Este pronunciamiento judicial es un abierto desaire al reciente acuerdo que habían alcanzado el Gobierno, los rectores y la burocracia sindical docente y no docente.
\nSellado hace apenas quince días entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos, dicho acuerdo establecía una pauta salarial por debajo de lo que estipula la legislación. El mismo consiste en un aumento del 24,33 % en dos tramos -21,33 % en junio y 3 % adicional en octubre-, más un incremento del 20 % en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y del 50 % exclusivamente para las Becas \"Manuel Belgrano\". Ese pacto es hoy la principal carta que utilizará el Gobierno para desconocer el fallo actual, aunque provenga de la propia Corte Suprema. El gobierno arguye que, existiendo el acuerdo, el reclamo judicial deviene abstracto.
\nLas autoridades universitarias forman parte, fundamentalmente, del bloque político radical que sostiene al Gobierno en el Congreso. El copamiento político del “reclamo universitario” por parte de la corriente de los rectores es un peso muerto en la pelea por las reivindicaciones salariales y presupuestarias.
\nEl máximo tribunal rechazó de plano la recusación del Gobierno a sus miembros jueces, alegando que los cortesanos no podían fallar de manera imparcial debido a que ellos mismos ejercen como docentes universitarios. Fue el punto de ruptura con el Gobierno. El Gobierno sostiene que está irresuelta “la cuestión de fondo” y que no existe sentencia definitiva. La Corte le devuelve al juez de primera instancia, Martín Cormick, la tarea de pronunciarse finalmente sobre esa \"cuestión de fondo\", y el Gobierno a seguir en sus trece, rechazando el cumplimiento de una ley promulgada por transcurso de tiempo. La aplicación de la ley significaría un desembolso muy superior al sellado en el acuerdo con los rectores. El artículo 5 de la norma exige que los salarios se actualicen por inflación desde el 1 de diciembre de 2023. De aplicarse esto, los salarios deberían registrar un incremento del 56 % sobre los haberes de mayo de 2026. Como el acuerdo reciente solo otorgó un 24,3%, el cumplimiento estricto de la ley implicaría un 29 % de aumento inmediato y adicional a favor de los docentes. Aun de aplicarse, este aumento no recupera el poder adquisitivo perdido -con salarios devaluados en términos reales-, sino que apenas sirve para empatar los índices de inflación frente a diciembre de 2023.
\nAunque se e han reforzado las razones para preparar una huelga permanente para que cumpla con la ley, el Consejo de Rectores no ha roto el acuerdo con Milei, ni lo hará hasta que el Poder Judicial no sancione a los funcionarios del Gobierno y los declare en desacato. Las dilaciones siguen con toda intencionalidad de todos los protagonistas, en especial la burocracia (kirchnerista) de los sindicatos de docentes y no docentes. La salida a todo esto depende de la determinación de las bases de docentes, no docentes y estudiantes universitarios y del CONICET.
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