Las guerras son grandes catástrofe para los explotados del mundo, pero también la oportunidad de grandes negocios para la industria armamentística, la ciberseguridad y para las Compañías Militares Privadas (CMP), que brindan servicios de seguridad logística, entrenamiento de tropas y protección en zonas de conflicto.
\nLas CMP son contratadas principalmente por gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales ´humanitarias´ con fines militares y de seguridad. Las de origen británico y estadunidenses son las que dominan el sector. Operan en todo el mundo. Han encontrado una cantera especialmente en Colombia, donde abunda ´mano de obra desocupada´ de paramilitares y exguerrilleros con experiencia en el combate en la selva y la montaña.
\nLa exsargento de la policía bonaerense Griselda Inés Ortiz se prendió en el negocio. A fines de 2025, se trasladó a Ucrania, donde se puso a disposición de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que tiene bajo su orden unidades operativas en el frente. En sus redes sociales, en las que se la puede ver con ropa militar y armas largas, Ortiz presentaba como una “aventura heroica” la guerra que la OTAN libra en Ucrania contra Putin. En marzo de este año Ortiz pidió la baja de la bonaerense, para “trabajar” de reclutadora de mercenarios para ir a pelear la guerra. Prometía salarios de U$D 3.000 por mes por tareas de asistencia, más un bono de U$D 700 si el destino se encuentra en la primera línea de fuego. Muchas de estas promesas, finalmente, no eran cumplidas y las pagas resultaron mucho menores. Pero los contratos, redactados en ucraniano, eran legítimos. Ucrania atraviesa una fuerte crisis de reclutamiento y un principio de rebelión de la juventud que se niega a ir a la carnicería del frente.
\nEl reclutamiento de mercenarios es ilegal en Argentina, donde sólo las Fuerzas Armadas tienen autorización para incorporar soldados.
\nNo todos los reclutados por Ortíz contaban con experiencia militar, pero bastaba que los interesados tuvieran la mayoría de edad para ser cooptados. Muchos de ellos finalmente se presentaron en la embajada argentina en Kiev con pedidos de ayuda. Hasta el momento la cancillería argentina no ha emitido palabra alguna al respecto.
\nEl fin de semana pasado el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió la detención de Ortiz. Ésta operaba junto al exagente de la policía Federal Jorge Alberto Otero, pareja y socio, quien también estuvo varias veces en el frente de batalla y que a finales de junio abandonó el país rumbo a Brasil y se encuentra prófugo con pedido de captura internacional. Según la investigación de Mola, el tándem de reclutadores envió a Ucrania “contingentes de entre 10 o 15 personas cuyos pasajes pagaban con fondos aún no claros. El viaje era sin regreso, el que iba debía quedarse al menos 6 meses. Si quería volverse lo amenazaban con un cargo de deserción, o pagar 2.500 dólares de indemnización. La mayoría ni siquiera tenía celular propio ‘por miedo de que se comuniquen con el enemigo’, tampoco pasaporte” (Clarín, 29/7). También se les prometía un seguro de vida de U$D 400.000, que en el caso de caer en batalla, sería recibido por sus familiares. Una vez llegados a Ucrania, los reclutadores locales secuestraban los pasaportes. Una cláusula de la ´letra chica´ de un contrato incomprensible para los reclutas era que debían quedarse tres años e integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas.
\nLas investigaciones judiciales dan cuenta de que además de Ortíz y Otero, en el país actúan varios grupos más que enlistan a mercenarios para que den apoyo operativo al ejército ucraniano. Hasta el momento esas células habrían llevado a 50 argentinos, al menos, en tres tandas durante los últimos nueve meses (La Nación, 29/7). Estas bandas dedicadas al tráfico de personas son parte de un entramado que tiene su epicentro en Europa Oriental.
\nEl 23 de julio Interpol Colombia lanzó la “Alerta Morada” en la que señalaba que \"Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas\".
\nAl caso de Ortiz se le suman ocho más que están bajo la investigación. Fuentes judiciales detallaron que existen “indicios de organización estructurada y transnacional”, patrones para “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”. En la línea 145 contra la trata de personas se registraron cinco denuncias realizadas por familiares de reclutados que se encuentran a la deriva en Ucrania.
\nLuego de la Guerra Fría, las CMP operaron como \"ejércitos tercerizados\" en Irak y otras guerras imperialistas. Con la nueva ola de guerras internacionales, las CMP han tomado un papel relevante ante el aumento \"exponencial\" de la demanda. Según organismos internacionales desde el comienzo de la guerra en 2022, se han movilizado 27.000 mercenarios provenientes de 130 países. En el caso de los argentinos, las bajas remuneraciones que recibe la tropa de las fuerzas de seguridad o armadas ha sido un acicate para enrolarse en la aventura bélica de la OTAN, con abierta o tácita benevolencia del gobierno argentino.
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