El presidente nicaragüense de 80 años, Daniel Ortega, brindó un discurso durante la ceremonia oficial que conmemoraba el 47 aniversario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura Anastasio Somoza. Allí sostuvo que llevará adelante reformas a la legislación que impidan la participación en procesos electorales de aquellos candidatos que reciben financiamiento extranjero para promover acciones contra el Estado. Ortega aseguró que las reformas buscarán cerrar el paso a los “golpistas” y “vendepatria” que habrían intentado derrocar al Gobierno durante las protestas de 2018 con recursos provenientes de Estados Unidos. En el discurso, además, se solidarizó con los gobiernos de Cuba y Venezuela.
\nEl gobierno nicaragüense y varios de sus funcionarios se encuentran bajo sanciones del gobierno norteamericano, acatadas por toda la “comunidad internacional”. Según la nueva propuesta, tampoco podrán hacerlo “quienes hayan participado en golpes de Estado o hayan actuado (...) contra la Constitución de la República de Nicaragua”. Nicaragua pasó, velozmente, de ser alabado como un ejemplo de libertad de comercio a convertirse en parte del eje del Mal tras cerrar acuerdos con China. De todos modos, EEUU es, por lejos, el principal mercado para sus exportaciones.
\nLa Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política y anunció la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional, encargada de estudiar, consultar y dictaminar la propuesta junto con las leyes constitucionales necesarias. La comisión está integrada por 12 diputados y presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras. “Estamos en un país donde ha sido común que los procesos electorales sean diseñados, instrumentados y definidos por la potencia imperialista\", aseguró Porras. El documento de iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que, de acuerdo con el texto, amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos. En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone la ampliación del período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esto garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para realizar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza. La iniciativa, finalmente, será sometida a consulta de distintos sectores de la sociedad durante el mes de agosto. De acuerdo con el cronograma de consultas, se escuchará la opinión de las Fuerzas Militares, empresarios, gobiernos locales y pueblos originarios, entre una amplia gama más de sectores.
\nSe esperaba que Nicaragua celebrara elecciones presidenciales en noviembre del próximo año, luego de que el Congreso extendiera el mandato de los copresidentes, Ortega y su esposa Rosario Murillo, por un año más.
\nEl discurso de Ortega representó una inusual aparición pública; su esposa se ha convertido en el rostro del gobierno. El Congreso de Nicaragua la nombró “copresidenta” el año pasado. Desde entonces Murillo consolidó su poder sobre las fuerzas armadas y la justicia.
\nLos países vecinos de Nicaragua, que reciben al grueso de los exiliados nicaragüenses, fueron los primeros en reaccionar a las declaraciones de Ortega. Costa Rica, Panamá y Guatemala condenaron los dichos. “El silencio más elocuente en la región hasta ahora ha sido el del salvadoreño Nayib Bukele, cuyo Gobierno no ha emitido ninguna postura (...). También ha guardado silencio el presidente hondureño, Nasry Asfura, muy cercano a Trump”, (El País, 23/7). Por su parte, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, pidió a la “comunidad internacional” que “demuestre a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones”. En su discurso, Ortega había asegurado que “los partidos impuestos por los yanquis, impuestos por el régimen de Somoza, que vuelven al poder, esa historia se acabó”.
\nEstados Unidos no ha adoptado medidas directas, como podrían ser restringir las exportaciones de petróleo estadounidense al régimen o romper los vínculos bancarios. Las remesas, principalmente de Estados Unidos, representan el 30% del PIB, una de las mayores proporciones del mundo. Las exportaciones, otra importante fuente de ingresos, también dependen de Estados Unidos. La dependencia económica que tiene Nicaragua con Estados Unidos es abrumadora. En enero de este año, sin embargo, el gobierno de Trump rechazó la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio Centroamericano. “El país es miembro del CAFTA-DR, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, los países centroamericanos y la República Dominicana. Los opositores de Ortega han presionado para que Nicaragua sea suspendida del pacto, pero Estados Unidos se muestra reacio a infligir daños económicos que podrían desencadenar una migración masiva, según analistas”, explica el Wall Street Journal (21/7).
\nEl 8 de febrero pasado Nicaragua puso fin a la exención de visado para los cubanos. La administración Trump había previamente criticado a Nicaragua por servir como vía de inmigración ilegal hacia Estados Unidos. También procedió a la liberación de algunos opositores aliados de Estados Unidos: “tras la operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una redada en enero, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más prisioneros, aparentemente en un intento por evitar la presión sobre sí mismo” (Washington Post, 21/7).
\nOrtega aseguró que los acontecimientos de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado organizado con financiamiento estadounidense, asegurando que jóvenes y adultos fueron entrenados y armados para derrocar al Gobierno sandinista. La represión contra las protestas dejó más de 350 muertos y obligó a casi un millón de nicaragüenses al exilio. La rebelión de 2018 estalló contra el ajuste del gobierno de Ortega contra las jubilaciones, medida que había sido recomendada por el FMI. Apenas una semana antes de que se desencadenaran masivas manifestaciones populares, el gobierno había recibido el premio al “mejor proyecto de inversión extranjera”. La política que llevaba adelante Ortega no tenía nada que envidiarle a la de lleva adelante hoy Milei en Argentina. Después de las protestas de 2018, agudizó la represión y ya para las elecciones de 2021, cuando había encarcelado a casi todos los candidatos de la oposición, el oficialismo afirmó haber obtenido el 76% de los votos.
\nLa reforma constitucional redujo aún más el círculo de poder a la familia presidencial (matrimonio e hijos), que controlan los principales resortes de las fuerzas represivas. El clan ahora también domina la economía: puertos, energía y telecomunicaciones están en sus manos. Murillo se encuentra a un paso de la sucesión presidencial, considerando los graves problemas de salud que se atribuyen a Ortega. Pero “la sucesión también supone un riesgo para el régimen”, afirma The Economist (/). “La señora Murillo carece de la trayectoria revolucionaria de su marido [y] goza de gran impopularidad”.
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