El alud por colapso del permafrost (el suelo congelado que mantiene unidos roca y hielo de las laderas en las altas cumbres) sucedido en Nepal, con cerca de 1350 muertos confirmados y casi 5.000 desaparecidos a la fecha, puso sobre el tapete la importancia de la estabilidad de los glaciares y del impacto que tienen sobre la seguridad de las poblaciones aledañas. En la Argentina, distintas organizaciones ambientalistas e investigadores han alertado sobre las consecuencia de la reforma a la Ley de Glaciares sobre los riesgos de retracción glaciar y colapso de las laderas de montaña.
\nUn caso particularmente sensible es el de localidad de El Chaltén (sur de Santa Cruz) con cerca de 3.000 habitantes y ubicada al pie de los cerros El Chaltén y Torre. Los científicos alertan sobre una situación de inestabilidad en la ladera norte del Cerro Solo: “cuando el glaciar se retiró [por derretimiento], empezó a mostrar (...) que la ladera comenzaba a tener cierto movimiento de reptación”, afirma el investigador Juan Pablo Milana. Su colapso causaría una inundación repentina y el desborde del lago Torre y del río Fitz Roy, donde se encuentra El Chaltén; aunque, debido a la mayor extensión de los valles patagónicos, no alcanzaría las dimensiones del alud reciente en Nepal (La Nación 28/08). Desde 2000 el lago Torre presenta un crecimiento sostenido y riesgo de desborde.
\nLos especialistas denominan a estos desbordes, “GLOF” (acrónimo en inglés que significa “inundación por desbordamiento de lago glacial”). Los GLOF se producen cuando las paredes del lago ceden a la presión de agua proveniente del derretimiento de glaciares o a la acumulación de material de avalanchas de laderas. Según el Glacial Lake Outburst, a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile se han producido 112 GLOF desde que existen registros.
\nEl derretimiento de glaciares, además, origina lagos glaciares al pie de los cerros; que, de alcanzar volúmenes críticos, generaran GLOF. Es lo que habría ocurrido, según el glaciólogo Javier Grosfeld, cuando un lago glaciar formado al pie del Ventisquero Negro aumentó su volumen tras semanas de intensas lluvias provocando el colapso de su barrera natural, originando un alud que arrastró grandes bloques de hielo hasta el lago Mascardi a 24 km de Bariloche.
\nVarios eventos de desbordes con inundaciones súbitas ya han sucedido en distintas partes del país. En la laguna Los Erizos en 2005, un aluvión descargó 32,1 millones de m³ en 67 minutos y recorrió 254 km en 12 horas, afectando a localidades como Barreal, Sorocayense y La Isla aunque sin provocar víctimas por la baja densidad poblacional (Infobae, 27/08).
\nEn la Argentina, hay más de 16.000 cuerpos de hielo -glaciares, nieves perennes y glaciares de escombros (mezcla de hielo y piedra)-, distribuidos a lo largo de más de 3.500 km de cordillera andina, abarcando 12 provincias y 39 cuencas hidrográficas. La mayoría de ellos se encuentra en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.
\nSegún MapBiomas, el 42% de los glaciares andinos se extinguieron debido al calentamiento global y, de acuerdo a registros de IANIGLA (Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), la cantidad de hielo que pierden anualmente podría abastecer de agua potable a la población del país por un año y medio. Según el Instituto Nacional de Glaciares, desde 1990 el retroceso de los glaciares es sostenido y a velocidades crecientes, siendo el sur de la Patagonia la región de retroceso más rápido.\nEntre 1990 y 2018 el derretimiento de glaciares ha ocasionado un aumento en el número de lagos glaciares en un 93% en Los Andes (Perfil, 31/08), aumentando las probabilidades de eventos de GLOF y los riesgos de poblaciones vecinas.
\nEn la Patagonia norte (Neuquén, Río Negro y Chubut), donde el Cerro Tronador alberga importantes acumulaciones de hielo como el Ventisquero Negro, los monitoreos han documentado que el retroceso frontal ha superado los 1.200 metros en las últimas décadas, reduciendo su aporte a las cuencas de los ríos Manso y Puelo y a lagos como el Mascardi (Río Negro, 26/07/23). Finalmente, en el extremo sur del país, los glaciares fueguinos del Martial y el Vinciguerra muestran un comportamiento recesivo con pérdidas de masa estimadas en más del 20% de su superficie en los últimos 30 años con riesgo de extinción en 40 o 60 años (La Nación, 15/09/22), afectando las fuentes de abastecimiento de Ushuaia.
\nPor su parte, en la región de los Andes Centrales y Cuyo (Mendoza, San Juan y La Rioja) los glaciares son prácticamente la única fuente hídrica. Aquí predominan los glaciares de escombros (mezcla de hielo y pedregullo), que muestran un adelgazamiento que compromete el almacenamiento hídrico subterráneo, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para el Gran Mendoza y el riego de miles de hectáreas de cultivo.
\nEn el mes de abril el gobierno nacional logra aprobar su reforma a la Ley de Glaciares 26.639. En su versión original, la ley reservaba al IANIGLA (Instituto Nivológico, Glaciológico y de Ciencias Ambientales) la función de elaborar y actualizar, cada cinco años, un Inventario Nacional de Glaciares (ING) y periglaciares que actúan como reservas hídricas; entendiendo por “ambiente periglaciar” al permafrost (suelo congelado en gran parte del año) y a los glaciares de escombro.\nPero con la reforma sancionada, sólo quedan bajo protección aquellas formaciones de hielo que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Al desproteger el permafrost y los suelos congelados que no califiquen bajo este criterio, la nueva normativa no sólo pone en riesgo reservas hídricas estratégicas, sino que agrava los riesgos de inestabilidad de las laderas. Como advierten los estudios sobre colapsos en laderas andinas e himalayas, la habilitación de la gran minería en estas actúan como detonantes de aludes y desbordes glaciares (GLOF).\nBajo la “autonomía provincial”, que dice defender la reforma, se le otorga a los gobiernos provinciales mayor poder en la elaboración del ING a expensas de los organismos científicos, como el IANIGLA; favoreciendo, así, los intereses de las mineras sobre los criterios científicos de resguardo del hábitat de montaña y de seguridad hídrica.
\nDos son los puntos clave en este aspecto. En primer lugar, el inventario deja de ser vinculante, es sólo referencial (!). Cada provincia, “dueña originaria” de los recursos, decide si el glaciar o ambiente periglaciar cumple o no una “función hídrica relevante”. Se trata de un punto clave que le permite a las provincias que defienden los intereses de las mineras, vetar cualquier objeción a la explotación de ambientes periglaciares. En segundo lugar, se invierte la carga de prueba. Antes, la empresa tenía que probar que no afectaba los derechos sobre los recursos hídricos; ahora es el Estado nacional (IANIGLA y Secretaría de Ambiente) quien deberán probar que tal o cual glaciar tiene relevancia hídrica.
\nLa reforma ´anti-glaciar´ de Milei es fundamental para la viabilización de los RIGI mineros. Los megaproyectos de cobre de Vicuña y Los Azules, en las altas cumbres de San Juan, se adhirieron al régimen para iniciar su construcción en zonas de permafrost y glaciares de escombros (tal como lo revelan los mapas elaborados por el IANIGLA). Del mismo modo, Veladero se sumó al RIGI para financiar la ampliación de sus operaciones en la alta cordillera, extendiendo la frontera de explotación de oro y plata a gran escala sobre reservas hídricas frágiles.\nSegún el abogado ambientalista Enrique Viale, “Ahí [refiriéndose a las zonas periglaciares de San Juan, donde operan los proyectos Veladero y Vicuña] hay grandes diques de cola, que son creaciones artificiales a donde van los residuos mineros y que, en caso de un sismo importante, pueden ceder y generar situaciones muy parecidas a la que pasó en el Himalaya” (P12, 29/08).\nSegún el glaciólogo chileno Alvaro Ayala del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, en el norte de Chile y en la provincia de San Juan, el suelo funciona como un regulador hídrico natural: “Toda la lluvia y nieve que se derrite y acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando de a poco”; por lo que resulta esencial en épocas de escasez (El Ciudadano, 10/08).
\nLa política de explotación minera en zonas periglaciares es compartida por los gobiernos liberticidas de ambos lados de la cordillera andina. En abril de este año (apenas aprobada la reforma anti-glaciar de Milei), ambos gobiernos anunciaron el reimpulso del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile (El Ciudadano, 10/08). Este tratado, firmado en 1997 por Menem y Frei, establece el objetivo de impulsar proyectos mineros transfronterizos en la alta cordillera.
\nBajo dicho tratado ya se había desarrollado el proyecto Pascua Lama entre 1997 y 2004, que habilitó a Barrick Gold a explotar yacimientos de oro y plata en zonas periglaciares. Según Constanza Espinosa (directora de la Fundación Glaciares Chilenos) los daños que ocasiona este tipo de explotación van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura -que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares- hasta la intervención de glaciares rocosos. Además, el material en suspensión, al depositarse sobre el hielo, acelera su derretimiento, y el proceso de excavación remueve minerales que, al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos que contaminas los ríos (El Ciudadano, 10/08).
\nEl proyecto de Barrick Gold en la alta cordillera desató una masiva movilización popular transfronteriza (las comunidades del valle del Huasco en Chile y la asamblea “Jáchal no se toca” en San Juan) desde 2005 a 2020. Las evidencias de destrucción acumuladas en ese período fueron palpables: las explosiones con dinamita cubrieron de polvo y aceleraron el retroceso de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, mientras que diversos informes técnicos documentaron la alteración del permafrost y la contaminación con metales pesados en los cursos del río Las Taguas.
\nDel lado chileno, la movilización logró la clausura definitiva del proyecto de la Barrick; en tanto que del lado sanjuanino, si bien la justicia resolvió que violaba la Ley de Glaciares, nunca fue formalmente clausurado y sus instalaciones permanecen y desarrollan actividades exploratorias que, ahora con la reforma de Milei, pueden operar con mayores facilidades.
\nA esta ofensiva se suma el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) en el sur de Mendoza. Según un informe de la Universidad de Cuyo, el proyecto se superpone directamente con áreas de glaciares de escombros y permafrost violando la Ley de Glaciares hasta entonces vigente (Explícito, 18/01/25). Ese informe coronó todo un proceso de movilización popular protagonizado por las Asambleas Mendocinas Populares por el Agua, que habían movilizado por decenas de miles en 2019 y habían logrado derogar la Ley 9209, que permitía el uso de sustancias tóxicas (cianuro y ácido sulfúrico) en la industria metalífera. A fines de 2024, volvieron a cortar rutas y movilizarse a la Asamblea Provincial, aunque esta vez no lograron evitar que la Legislatura aprobara los paquetes de exploración que, ahora con la reforma de Milei, puede sortear la protección estricta del ambiente periglaciar, habilitando la exploración minera en nacientes de cuencas estratégicas para el riego y el consumo humano.
\nSi bien, tanto ambientalistas como científicos defienden (con razón) Ley de Glaciares frente al embuste de los RIGI y la reforma anti-glaciar, esta tiene su propia historia de confrontación entre los intereses mineros y los de las poblaciones de montaña.
\nEn 2008, al calor de las luchas contra la canadiense Barrick Gold, el Congreso había sancionado el proyecto de ley de Miguel Bonasso, que establecía la prohibición de TODA actividad industrial y minera en los glaciares y periglaciares. Pero, a instancias de la Barrick y de Gioja (por entonces, gobernador de San Juan, del PJ), la ley fue vetada por Cristina Kirchner. La ley definitiva aprobada en 2010 dejó flancos peligrosos: nunca definió un umbral claro de \"afectación\" (permitiendo a las mineras litigar sobre el grado de daño) y dejó el destino de las áreas protegidas a merced del bloqueo político y los cajoneos del inventario científico en las provincias. Aún con esa limitaciones, la ley consagraba un piso de resguardo que ahora el gobierno de Milei desguaza al subordinarlo al \"aporte hídrico relevante\".
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