El gobierno de la Ciudad acaba de aprobar una resolución que adapta el régimen escolar a la entrada en vigencia, desde el 6 de septiembre, de la Ley Nacional 27801, que establece el Nuevo Régimen Penal Juvenil (Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo) e implementa un protocolo (Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo Ante Situaciones con Posible Relevancia Penal) para llevarlo a cabo.
\nCon la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil, la edad de imputabilidad pasa de los 16 a los 14 años; por lo que todo alumno de 2do a 5to año será alcanzado por este nuevo régimen penal y el gobierno de Macri, con su ministra Mercedes Miguel, intenta adaptar el régimen escolar al nuevo marco de punibilidad de menores.
\nEl punto es que no sólo se trata de que la Escuela implemente una serie de medidas frente a alumnos ya judicializados por este nuevo régimen, debido situaciones ocurridas fuera de la escuela: sino que es la propia institución escolar la que adopta un sistema de denuncias e intervención policial en su seno. El sistema educativo ingresa, así, a un régimen policial. Una revisión por sus disposiciones fundamentales dan cuenta cabal de ello.
\nLo afirma la misma resolución, cuando dice que “en el ámbito educativo pueden presentarse distintas conductas o situaciones que se encuentran contempladas por el Reglamento Escolar, las normas de convivencia y los protocolos y/o procedimientos específicos vigentes (...) Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, debe tenerse presente que algunas de esas conductas o situaciones pueden, además,presentar relevancia penal (...) Hechos que hasta el momento podían ser abordados principalmente a través de las herramientas propias del sistema educativo pueden requerir también la intervención de las autoridades competentes” (esto esto es, el Poder Judicial y la Policía). Es decir, aquellas cuestiones que hasta ahora eran abordadas con las instituciones específicas del sistema educativo, ahora pueden serlo también por el sistema penal; y su abordaje dependerá de la orientación que dé el Ministerio a los requerimientos de las conducciones escolares para el caso. Es el principio de la instalación de un régimen policial en las escuelas.
\nLa normativa obliga a las conducciones escolares a denunciar a estudiantes frente a presuntas acciones delictivas: “Cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”. De este modo, ante un hecho de hurto (o hasta de su sospecha), la función educativa de la Escuela es sustituida por la acción penal. En el sistema educativo actual, un problema de disciplina, incluso si fuese grave y sancionable bajo sus normas, es un hecho educativo, no penal; en tanto es parte de un proceso formativo y de establecimiento de reglas de convivencia. El protocolo sustituye ese principio por una intervención penal. Además, OBLIGA a la autoridad escolar a la denuncia policial, perdiendo así margen para resolver problemas disciplinares por otros medios.
\nLas cuestiones de convivencia escolar pasan a ser judicializables ya que “determinadas conductas -aun cuando inicialmente se presentan como (...) bromas [pueden afectar] derechos de otras personas y requerir la intervención de organismos externos (!) o autoridades judiciales competentes”. Efectivamente, hechos como el bullying pueden tener consecuencias graves; pero son abordables desde el campo pedagógico y de la salud mental por los Equipos de Orientación Escolar y el cuerpo docente de cada escuela. Con el nuevo régimen que se pretende, esta problemática pasa a ser propia del ámbito penal.
\nEste nuevo régimen, además, incorpora a las familias como elemento de delación al promover “su participación en la prevención, detección temprana y abordaje de situaciones que puedan configurar algún delito”. Es decir, ante problemas disciplinares, las familias participan bajo la óptica de que estos constituyen un presunto “delito”.
\nLa política que Macri implementa en el régimen de las escuelas es parte de su política general de liquidación de la organización de los trabajadores, su iniciativa y derechos democráticos. Es la misma política que persigue penalmente a los trabajadores del subte, a los dirigentes de Ademys por apoyar la lucha de docentes y estudiantes de la Nini Marshall contra el BA Aprende, que demanda a las familias del Lenguitas por la toma de la escuela en 2022 y que interviene en los barrios apaleando y deteniendo sin causa con operativos que se jactan con denominaciones como “Tormenta Negra” y que el gobierno publicita en su redes sociales y afiches urbanos. La extensión del régimen penal al reglamento escolar es consistente con la caza de brujas desatada por Macri y la derecha contra la jueza Laura de Marinis por haber declarado inconstitucional la ley penal juvenil aplicable a un adolescente de 14 años.
\n¡Fuera el régimen policial del sistema educativo! Por asambleas de docentes y estudiantes para enfrentar esta embestida.
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