A principios de este 2026, el poder ejecutivo provincial lanzó una iniciativa tendiente a modificar muchos aspectos del proceso penal. Según el gobernador Maximiliano Pullaro, para habilitar “nuevas herramientas de seguridad pública”, tal el título del mensaje que envió al poder legislativo. Luego de jactarse de que a partir de su mandato los delitos graves han disminuido considerablemente en toda la provincia, todavía considera necesaria \"una profundización en la lucha contra el narcotráfico y la violencia altamente lesiva\". Aunque no formaba parte de la agenda urgente, inclusive la legislatura se dedicó a reformar la ley electoral y de partidos políticos posponiendo hasta nuevo aviso estas modificaciones, el debate se reactivó en las semanas.
\nEste paquete de leyes significa una modificación sustancial de los derechos y garantías que tiene cualquier persona investigada por la comisión de algún presunto delito. Es una normativa extensa, cuyo contenido liquida virtualmente el derecho de defensa en juicio; extiende las facultades policiales y habilita el juicio en ausencia; crea la posibilidad de decretar un “estado de sitio barrial” entre más iniciativas reaccionarias, abiertamente antidemocráticas y en colisión directa con todos la constitución y los tratados de derechos humanos que Argentina haya suscripto en su historia.
\nLas Reformas
\nPullaro pretende que la Policía de Investigaciones, la sección encargada en la recolección de evidencias criminales, pueda llevar adelante declaraciones ´informativas´ sobre quienes presuma de tener algún tipo de participación penal. También que la propia fuerza pueda llevar adelante interrogatorios sobre sujetos investigados. Estas prácticas son ilegales de pie a cabeza. Si esto no fuera poco, la modificación incorpora de que dichas declaraciones puedan ser tomadas sin necesidad de un abogado defensor presente. El derecho a no declarar contra sí mismo ni autoinculparse, serían derogados en Santa Fe. Estamos frente a la legalización de testimonios arrancados bajo violencia.
\nTambién se busca permitir la realización de juicios en ausencia. Esta figura permite que se pueda condenar a alguien aunque no asista al juicio en su contra. Por lo tanto vulnera su derecho de defensa, al no estar presente y no poder refutar la prueba que se desarrolle durante el proceso. Pero lo más grave de esto es que se habilitaría a un sin fin de delitos, independientemente de su gravedad y/o su complejidad. El juicio por ausencia se encuentra regulado en el ámbito federal, aunque reservado a ciertos delitos. Ademas, tiene importantes limitaciones, ya que el fiscal federal no puede acusar mientras el sindicado se encuentre en rebeldía. Pullaro, en cambio, pretende condenas exprés para ´hacer estadisticas´ y luego buscar al responsable.
\nSi la ausencia del imputado no es suficiente, además los fiscales, quienes son los encargados de investigar y acusar, puedan condenar sin perder tiempo. La habilitación de “decretos” que le endilguen una responsabilidad penal a cualquiera, independientemente de que sean delitos leves o excarcelables, vuelve a vulnerar la defensa en juicio ademas de que se arroga facultades que son reservadas y exclusivas de los jueces. \"Te condeno y luego te defendés\": es un avasallamiento del principio de inocencia.
\nProsiguiendo, la reforma pretende legalizar evidencia obtenida ilegalmente. Las constituciones han sido justamente un coto al poder despótico del Estado, imponiéndole limites. Uno de ellos es que el aparato represivo no puede valerse de cualquier medio a disposición para obtener prueba que encarcele a alguien. Toda prueba obtenida ilícitamente es invalida. De aprobarse, se ampliará enormemente las excepciones a esta regla que parten de la “buena fe” de la policía en su obtención y en la complejidad del delito investigado (entre otras excepciones). Para algunos delitos entonces existirían garantías, y para otros, no tanto. Estos fundamentos tiran por la borda la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que invalida toda evidencia recolectada ilegalmente, la posterior prueba que se adquiera con esa información y la causas penales que deriven de estas. Como parte de esto, se busca ampliar los supuestos de hecho en el caso de allanamientos, habilitando, ampliando en nombre de la “urgencia” una exagerada cantidad de excepciones. Actualmente la flagrancia admite esta clase de acciones sin autorización judicial, pero justamente la regla es que si el Estado pretende ingresar de la privacidad y el domicilio de un ciudadano es que debe existir una orden que así lo permita. Esta extensión de las facultades sin control judicial es la consagración del “estado de sospecha”.
\nEn el ámbito penitenciario también se propone legislar sobre la “sospecha fundada”, que habilitaría sin autorización judicial ni su control previo a que personal de las cárceles puedan intervenir las comunicaciones previas de cualquiera alojado en el pabellón. Si esto no fuera poco, la mentada reforma busca la posibilidad de que, sin intervención judicial e inclusive sin investigación penal existente, las fiscalías pueda intervenir teléfonos celulares sin limite alguno y clonar la información alojada en el mismo.
\n\"Estado de sitio barrial\"
\nLa disposición de que la autoridad administrativa pueda disponer de una suspensión generalizada de garantías constitucionales en una aberración fascistoide. La versión que se quiere aprobar es más gravosa que el estado de sitio clásico donde, al menos en la norma, se debe “controlar” por los otros órganos del Estado. Esto no existe en la propuesta de Pullaro, que permitiría en un ámbito espacial reducido la limitación de la circulación de personas; la facultad de llevar adelante “demoras” sobre los vecinos sin motivo específico; la habilitación de allanamientos generalizados sobre el lugar en cuestión y las “entrevistas privadas con referentes sociales” (díxit) por parte de la policía. Nada de esto tiene que ver con luchar contra un narcotraficante que tomó un barrio por asalto.
\nLa polémica suscitada por este asunto han puesto en peligro inclusive la sesion proyectada para este jueves 29, que deberia aprobar este articulado, por diferencias internas dentro del frente oficialista - el Partido Socialista ha puesto reparos. La fuentes insisten con que Pullaro quiere su aprobacion y promulgacion para este año. El destino se ha de colar con las pretensiones politicas del año entrante, donde rumores indican un pacto de “no agresión” entre los radicales y la LLA.
\nIndependientemente de eso, manifestamos nuestro repudio a esta legislación de excepción dentro del territorio santafesino. Su aprobación se convertirá en un antecedente nocivo para las libertades democráticas en el pais y Latinoamerica, en consonancia con las pretensión del Escudo de las Américas en la región.
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