Catamarca: más de mil trabajadores marcharon contra las reformas de Raúl Jalil

Escribe Bruno Corzo

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El miércoles 20, las calles de la capital catamarqueña fueron ocupadas por los trabajadores del estado y la docencia que reclamaron contra las reformas ajustadoras del gobierno. También se escucharon con fuerza reivindicaciones salariales y por estabilidad laboral.

La pandemia en Catamarca no contabiliza casos de contagio, pero rige la cuarentena, que ha sido aprovechada por el gobernador para impulsar un ataque histórico contra los empleados públicos de todos los niveles y sectores, provinciales y municipales.

Para los empleados de la provincia y los municipios, Jalil emitió un proyecto de ley de "reforma administrativa y funcional del estado", que contienen todas las medidas de ajuste: nuevo régimen de movilidad laboral, cesantías y mayor flexibilización. En la misma, modifica artículos en el estatuto del empleado público con recortes en horas de trabajo y extras, régimen de licencias y jubilación. Van a un ataque de las condiciones de trabajo en cuanto se refiere a la permanencia e ingreso, congelando la posibilidad de acceder a planta permanente a los seis mil precarizados y sometiendo a este sector a las arbitrariedades de los funcionarios, quienes dispondrán de ellos con traslados, pruebas y hasta su discontinuidad.

En el caso de la docencia se había constituido una mesa de consenso con funcionarios del gobierno, la legislatura y representantes -sin mandato- de los seis gremios que agrupan a la docencia provincial. Cuando se conocieron las modificaciones que se pretendían introducir que implicaban reducciones en los salarios, la legalización de la precarización, y un sinnúmero de ataques a conquistas laborales y salariales, se generó un enorme repudio de las bases docentes y el rechazo de parte de un sector de la dirigencia de ATECA (el sindicato más importante), que obligó a una retirada de cinco de los seis gremios de la comisión reformadora del ministerio.

Esta ofensiva ya tuvo antecedente a nivel de los municipios, cuando en enero despidieron masivamente a trabajadores en Recreo y en Valle Viejo, dando lugar a enfrentamientos con la policía. Luego, por la vía del decreto, el gobierno fue avanzando y ahora pretende que toda la reforma negrera se apruebe con una ley en la legislatura. La idea de que la cuarentena iba a mantener encerrado a los trabajadores en su casa lo llevó a Jalil a encarar la ofensiva de conjunto, causando un estado de conmoción y deliberación, obligando a la dirigencia a tener que poner en acción a los sindicatos.

La convocatoria del 20

La iniciativa fue impulsada por el Frente Unidad y Solidaridad Sindical (FUSS), encabezado por ATE y el SOEM. Entre sus integrantes se encuentran los sindicatos y asociaciones del IPV (vivienda), vialidad provincial, empleados de la OSEP, Catastro, SUTECa (docentes), agrupamientos de precarizados y organizaciones sociales.

La marcha y concentración reunió más de 1.000 trabajadores, una cantidad importante si se tiene en cuenta el paro de transporte, y las presiones para no salir de la cuarentena.

Jalil días antes planteó que solo avanzará con la reforma del estado si cuenta con el acuerdo de los dirigentes sindicales, anunciando que llamará a reuniones, con la evidente intención de desactivar la convocatoria, pero en esta circunstancia fracasó.

La marcha arrancó de la sede de ATE, pasó por la legislatura provincial y terminó en la plaza central, frente la casa de gobierno donde los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales tomarían la palabra. Ese mismo día, bien temprano, en la legislatura, se le dio carácter de ley a algunos de los decretos ajustadores del gobierno.

En la concentración los discursos un sector de los dirigentes se concentró en señalar que la reforma se haga después de la cuarentena y que la dirigencia gremial debía ser tenida en cuenta en estos proyectos, o sea una propuesta de colaboración con el gobierno. Otro sector, en especial de algunas organizaciones sociales y sindicatos más chicos, fueron más duros y combativos, destacando que estaba planteada la defensa de los derechos por medio de la lucha.

Desde el Partido Obrero Tendencia se agitó el planteo de que, frente a un ataque de conjunto a los trabajadores estatales, municipales, de la salud y la docencia, era necesario una respuesta de conjunto mediante un plan de lucha resuelto en un congreso de delegados de bases de toda la provincia con mandatos, que resuelva las acciones y el programa: rechazo a la reforma estatal y todos los decretos ajustadores, aumento salarial de emergencia, pase a planta de todos los trabajadores precarizados, defensa de todos los derechos contenidos en el Estatuto del Empleado Público y en el Estatuto Docente.

La lucha recién comienza.