Deuda: un alargue muy costoso

Escribe Marcelo Ramal

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El gobierno ha presentado como un trámite a la decisión de alargar los plazos de negociación de la deuda contraída bajo legislación extranjera, que afrontaba un vencimiento improrrogable de 500 millones de dólares en este viernes 22.

La no declaración de un default de los fondos acreedores, en este cuadro, ha quedado sujeta a un acto de “buena voluntad” de esos fondos. Argentina ha quedado bajo la picota del reducido grupo de fondos internacionales que concentran cualquier definición futura respecto de un posible arreglo de deuda.

Los voceros de estos grupos han juzgado “poco probable” que lleven a la justicia de Nueva York el entuerto en forma inmediata, según ellos, porque el gobierno continúa negociando. Algunos observadores señalan que los bonos emitidos bajo el macrismo presentan obstáculos contractuales que dificultan su “judicialización”. Pero parte de esas trabas se asocian a la necesidad de agrupar a los acreedores, los cuales, como ya se dijo, están concentrados en un puñado de fondos de inversión. Por otra parte, no ocurre lo mismo con los bonos emitidos con los canjes de 2005 y 2010, que podrían ser llevados a la justicia con facilidad. El “alargue” de Guzmán y Fernández, por lo tanto, deja a los acreedores internacionales con un mayor poder de extorsión sobre el país.

En sus contraofertas, los usureros han planteado, entre otras condiciones, que la quita al capital de los bonos resulte ínfima o nula, y que los intereses a pagar superen en dos o más puntos el nivel promedio de 2,5% ofrecido por el gobierno. Pero también, una exigencia de reducción de años de gracia e incluso que se incorporen pagos en efectivo durante los próximos años. Es evidente la pretensión de comprometer financieramente al mandato de AF y, por lo tanto, a una reestructuración del presupuesto público por parte del mismo gobierno que firme el acuerdo de deuda.

En esta línea, ha cobrado fuerza en las últimas horas la versión de que los acreedores de los bonos emitidos bajo el macrismo le exigirían al gobierno un cupón atado al PBI, similar a los que se otorgaron bajo el canje Kirchner-Lavagna. El sentido de esta apuesta está ligado al derrumbe económico presente – el que viene desde 2018/2019 y el que desencadenó el coronavirus. La actual paralización económica podría llevar a una caída del PBI de hasta el 10% en este año. El nivel de producción de la industria en 2020 sería el mismo de hace 16 años atrás. En esas condiciones, cualquier “rebote” -o la mera normalización posterior a la cuarentena- daría lugar a fuertes “incrementos” del producto. Nos estamos refiriendo a un ahogado que, en vez de estar a 300 metros de profundidad, pasa a estar sumergido a sólo 100. Pero en términos de aumentos estadísticos, ello habilitaría jugosos rendimientos para los tenedores del cupón. La propuesta está asociada, evidentemente, a la pretensión de reducir el período de gracia, y comenzar a cobrar en el año 2022.

El cupón del PBI tiene también otro significado: es un tutelaje implícito de los bonistas sobre el conjunto de la economía nacional, ya que obliga al Tesoro a “capturar” los resultados de una ´recuperación´ por medio de un ajuste fiscal. El mentado cupón ayudaría a comprometer al gobierno con un programa fondomonetarista sin mediar todavía la intervención del FMI. BlackRock es hoy el principal operador internacional en el negocio de los fondos de retiro privados, que se desarrollan en el mundo a caballo del hundimiento de los sistemas de jubilación estatal. El primer punto del encorsetamiento del futuro programa fiscal es la liquidación definitiva del sistema previsional.

En su comunicado, el grupo de acreedores que encabeza Blacrock ha exigido que ahora “empiecen de verdad las conversaciones”, una acusación directa a Guzmán y un reclamo velado de recambio ministerial. Massa, el ex socio de Macri, ha comenzado a tener injerencia directa en las negociaciones. El alargue, además de incierto y costoso, augura un temporal político.