Pandemia descontrolada en Jujuy

Escribe Iñaki Aldasoro

El fracaso de un régimen social.

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Jujuy atraviesa una escalada sin freno de contagios de coronavirus, superando ya los 2.100 casos y más de 50 víctimas fatales. El 99% de estos se produjeron en menos de dos meses, pero Jujuy ya supera la media nacional en mortandad y en contagios entre el personal de salud. Durante este sábado y domingo, la cuarentena estricta, decretada hace dos semanas, será casi total en la provincia. En varias ciudades, el gobierno debió reducir hasta las actividades esenciales.

Sin embargo, la cuarentena pasó de ser un recurso para “ganar tiempo y reforzar el sistema de salud” a ser la única opción para un gobierno absolutamente desbordado. El colapso sanitario provincial, por la vía de contagios de personal de salud y de saturación de las camas, está a la vuelta de la esquina y este fin de semana se deberá ocupar camas de sanatorios y clínicas privadas.

Estado vector

El brote inicial fue introducido desde la frontera con Bolivia por una red policial de contrabando de hojas de coca. Para encubrirla, el gobierno no fue a fondo con la determinación del “árbol de contagios” y de allí estos hicieron foco en el personal de salud, que no contaba con los insumos de bioseguridad necesarios y ni con el protocolo adecuado ante la circulación “comunitaria” del virus. Pero el otro gran foco de contagio fueron los lugares de trabajo, los que siguieron funcionando con la venia de Morales.

Ahora el gobierno ha abandonado el testeo de casos sospechosos y en su lugar decretó que cualquier persona con síntomas sea categorizada como contagio de covid-19. Pero con esto no se asegura su correcta atención sino todo lo contrario: el “sintomático” deberá esperar aislado en su vivienda que un Comité Operativo de Emergencias (COE) colapsado envíe personal para su diagnóstico y atención. Algo similar sucede en los hospitales comunes y de campaña, por falta de personal e insumos.

Tardíamente, el gobierno decidió denunciar penalmente a la minera Exar por los contagios entre sus trabajadores. También ha “acordado” con el pulpo Ledesma la suspensión de algunos frentes de cosecha y paralizar un tercer trapiche para reducir la circulación de obreros; un “pequeño sacrificio” patronal para mantener sus actividades. El sindicato de obreros azucareros ha declarado que la reducción de personal con estas medidas es mínima, y ha replicado una denuncia penal a Ledesma, en los mismos términos de la denuncia provincial a Exar.

El impasse gubernamental se extiende a la oposición pejotista, que promovía una “intervención nacional” contra Morales. Pero mentada “intervención”, que no tuvo impacto alguno en términos sanitarios, terminó siendo un blindaje político a Morales, ya que los infectólogos de Nación se han sumado al COE local y dedicado loas a la gestión provincial de la pandemia. Como no podía ser de otro modo, el PJ local se ha quedado sin letra cuando la situación sanitaria empeora minuto a minuto. La burocracia sindical peronista, que dirige la mayoría de los gremios estatales y privados, se encuentra desde marzo en cuarentena estricta.

El impasse del gobierno es de tal magnitud que, después de haberla ninguneado, ha sumado a la burocracia sindical de salud a los COE de cada hospital. Ahora busca hacer lo mismo en los barrios, con las organizaciones territoriales, llamando a poner en pie COE barriales. Morales busca integrar a trabajadores y vecinos a su orientación política fracasada y someter los reclamos al estrecho rasero de sus punteros o negarlos en nombre de la falta de recursos. Por el contrario, el impulso de la intervención popular a través de comités obreros y vecinales debe servir para enfrentar esta política criminal, bajo el pliego de reivindicaciones fundamentales (recursos, asistencia alimentaria, insumos de bioseguridad, combatir el hacinamiento, etc.) y para ello deben participar delegados electos y revocables.

Los trabajadores

El descontrol de la pandemia y el impasse del gobierno han acrecentado las tendencias de lucha de la clase obrera. Municipales de Alto Comedero, mineros de Exar, trabajadores de comercio de Libertador y los choferes de UTA, han comenzado a tomar medidas de fuerza ante la aparición de casos y la muerte de compañeros de trabajo. Así arrancaron el cese de la actividad, testeos masivos, adecuadas condiciones de cuarentena, etc. En muchos casos, sobrepasaron el corsé de la burocracia sindical. Esta tendencia se extenderá en los barrios por el crecimiento del hambre, el hacinamiento y la absoluta falta de atención médica zonal inmediata.

La intervención obrera y popular se presenta como una necesidad que crece día a día y se contrapone con los planteos que apelan a una intervención del gobierno nacional (PJ) o al funcionamiento de una legislatura controlada absolutamente por Morales (PTS). Sólo en el terreno de la lucha directa de los trabajadores, por el resguardo de sus vidas ante el covid19 y por todas sus reivindicaciones, se forja una fuerza social capaz de dar salida a semejante debacle.