Los alquileres y la bancarrota capitalista

Escribe Emiliano Monge

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La crisis habitacional sigue extendiéndose en todo el país. Es el resultado del impacto de la crisis sanitaria derivada del Covid19 y la bancarrota económica previa a la pandemia, situaciones que agravaron la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la precariedad de las condiciones de vida de los trabajadores. Más de la mitad de la población no llega a poder pagar un alquiler con su salario.

De acuerdo A la encuesta que se realizó a 2.848 inquilinas e inquilinos del país, el 49,5% de los ingresos totales del hogar se destina al pago del alquiler, lo que representa 4,5 puntos más que el mes pasado (iprofesional, 14/9).

Desalojos y crisis habitacional

En el país hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Hay más de un millón de familias en riesgo de perder su techo. El gobierno propone “extender el congelamiento de alquileres por lo menos hasta el mes de marzo de 2021, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan” (realidadeconomica, 14/9).

Se esperó hasta último momento (pocos días antes que se venciera el último decreto, 30 de septiembre) para anunciar una “posible” extensión (hasta marzo), dejando tiempo para que ocurrieran desalojos y tensiones entre dueños e inquilinos. Desde Inquilinos Agrupados declararon que “el 40,7% de los inquilinos, y sobre todo inquilinas, sufrió algún tipo de violencia, amenaza u hostigamiento por parte de inmobiliarias o propietarios”. En AMBA se concentra la mitad de los alquileres del país, y medio millón de hogares en la Argentina tienen deudas de dos meses o más.

Esta medida, tomada a último momento, no frenó los “desalojos exprés” de muchos inquilinos (8% de desalojos en julio), como están denunciando las organizaciones y los inquilinos desde las redes sociales y la defensoría del pueblo. De acuerdo con la Federación de Inquilinos, hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas y el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia, y de este segmento el 40,6% está endeudado (ídem). Según un estudio, el 38% de los inquilinos tiene problemas para pagar regularmente y dentro de ese porcentaje, el 52,5% acumula deudas de dos o más meses, lo que pone a casi la mitad de los inquilinos en situación de virtual desalojo cuando venza a fin de mes el decreto 320 que suspende los desalojos en el marco de la emergencia por Covid19. Las cuotas de las expensas también registran altos índices de morosidad, y de los inquilinos que pagan expensas el 41,5% no lo hace o paga parcialmente. “Del 41,5% que no puede hacer frente a las expensas, el 36,8% debe un mes, el 23,2% debe dos meses, el 15,7% debe tres y el 24,3% debe cuatro meses o más. Una situación muy parecida a la que se vivió en el 2002” (iprofesional, 14/9).

Los alquileres aumentaron más que la inflación, y acumulan un 37,6% en el año, a pesar de que en junio se sancionó la ley de alquileres. La medida de congelar los aumentos y prorrogar los contratos, en realidad no hace ni una ni otra cosa. Por la suba de los alquileres y la caída de los salarios, casi un 10% tuvieron que rescindir los contratos. Los aumentos fueron muy superiores a la inflación, estimándose un 30% más de incremento en estos meses. Tampoco hay definiciones sobre los créditos UVA, lo que puede llevar a que la cuota salte un 30% en relación a lo que se venía abonando.

Derecho a la vivienda

El recorrido de la bancarrota capitalista se expresa vivamente en la falta de acceso a la tierra, a vivienda, a servicios (agua potable, luz, cloacas, gas natural). A esto se suma el detrimento de la salud general por la creciente degradación de los espacios públicos, la crisis medioambiental y la pérdida de empleos e ingresos familiares, que atacan fundamentalmente a los trabajadores más pobres y a sus comunidades. En este contexto, las mujeres son las que hacen parte mayoritariamente del mercado informal de trabajo y quienes más sufren la pérdida de ingresos, lo cual se agrava en las situaciones donde son las responsables únicas de sus hogares y dependientes. Es necesario unir a todos los trabajadores por el derecho a la vivienda, que sólo podrá garantizarse si los recursos nacionales no van al pago de la deuda y rescates a los capitalistas, esto es, si la clase obrera logra poner en pie un régimen político y social propio.