Jubilación: miseria del presente y del futuro

Escribe Silvia Carranza

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Según datos oficiales, de todas las mujeres entre 45 y 60 años, y todos los hombres entre 45 y 65 años, que son poco más de 8 millones de personas, sólo 3,1 millones hacen aportes previsionales. De los 2 millones de personas a las que les faltan 5 años para jubilarse, sólo 339.591 (16%) llegan a los 20 años de aportes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informa que la cantidad de trabajadores que aportan, a partir de los 40 años, comienza a decaer, especialmente en el sector privado. Esta caída de aportes es explicada desde la OPC por “la forma natural que presenta actualmente la pirámide poblacional en Argentina; los retiros anticipados por jubilación o invalidez que comienzan a tener una mayor incidencia a partir de dicha edad; la lógica del mercado laboral que, cuando expulsa a una persona en ese rango de edad, resulta dificultosa su reinserción” (Clarín, 10/9). Esto es asi, pero nada tiene de “natural”: es la política patronal de librarse de los trabajadores con más antigüedad y conquistas, y que se agudizó bajo la pandemia detrás del mote de `personal de riesgo.

En ANSeS aportan un 40% de mujeres y 60% de varones, con una mayor informalidad femenina. Según la modalidad de trabajo, los trabajadores con relación de dependencia son el 75%, y los independientes, el 25%. El rango etario donde se concentran la mayoría de los aportes es de 26 a 45 años, tanto varones como mujeres. La menor participación de las edades inferiores a los 26 años se debe a la mayor informalidad entre los jóvenes, que duplica el de las franjas superiores.

Crisis y ajuste sobre salarios y jubilaciones

De todos los activos, el 17% (1.188.407 personas) recibe ingresos menores al salario mínimo vital y móvil ($ 16.875 brutos), lo que explica que un 20% del total de las mujeres cobra menos que un salario mínimo y el 15% de los varones. Esta tendencia a la reducción de la masa salarial implica que el 55,8% de los varones y el 62,5% de las mujeres cobran menos de $ 42.187, lo que significa 2,5 salarios mínimos (Clarín, 10/9). La mitad de la población apenas cubre el valor de un alquiler para una familia. A la canasta básica, hoy en $80.000, sólo accede un porcentaje mínimo de la población.

Hoy, de aquellos que logran jubilarse, excluyendo a los regímenes especiales, el 86,1% de los beneficios son iguales o menores a 2 jubilaciones mínimas o menos de $ 33.000 pesos. La crisis generó una caída estrepitosa de los aportes patronales que son parte constitutiva del salario y no deben considerarse como un “impuesto”. El ajuste sobre salarios y jubilaciones quedó reflejado dentro del presupuesto: reducción del 3,5%, la historia reciente del país (Clarín, 13/9).

Millones sin jubilación

Según un informe reciente, debido al crecimiento del desempleo (15%) y la informalidad (40%), sólo el 11,2% de las mujeres cuentan con más de 20 años de aportes y el 20% de los varones (Clarín, 14/9). Del millón de mujeres entre 55 y 59 años, sólo 122.846 cuentan con más de 20 años de aportes. Incluso este porcentaje de mujeres no tiene asegurada una jubilación porque dependen de poder seguir aportando durante los próximos años.

Si sólo 1 de cada 10 mujeres podrá jubilarse, en el caso de los hombres, sólo 2 de cada 10 varones están en condiciones de cumplir los aportes jubilatorios en regla. La disparidad de género se explica porque el nivel de informalidad entre las mujeres es superior al de los hombres. Por ejemplo, en el caso del personal doméstico (mayormente cubierto por mujeres) la informalidad supera el 70%.

El gobierno planea lanzar una nueva moratoria, pero para ingresar a la misma hay que contabilizar 5 años de aportes desde 2003 –el período de mayor crecimiento de la informalidad en el país. Esto implica que la mayoría en edad jubilatoria no podrá retirarse, aunque cuente con más de 20 años de aportes hasta esa fecha.

Alberto Fernández planea extender la PUAM (pensión universal para el adulto mayor) aprobada en 2016 durante la gestión de Macri. Esta sirve para los que tienen 65 años y no pueden jubilarse, pero significa cobrar el 80% del haber mínimo ($14.503) – es decir, bordear la indigencia. Lo que más crece es este tipo de jubilación: pasó de 124.882 (mayo de 2019) a 156.763 (diciembre 2019) a 172.356 (junio). El crecimiento exponencial ha seguido el derrotero de la crisis.

Hay 7 millones de personas mayores de 60 años, que reciben ingresos de miseria, atención médica insuficiente, viven hacinados y están expuestos a la crisis sanitaria. Con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron –al menos– un 20% de su poder adquisitivo. Los aumentos por decreto de Alberto Fernández refuerzan el ajuste sobre las jubilaciones, requerimiento del FMI.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, en vez de aumentar haberes, financia al Tesoro. Acumula dos tercios de papeles de deuda entre sus activos. Sólo los intereses de las Leliq de este año representan $ 100.000 por jubilado. La jubilación mínima pasó a ser una de las más bajas del continente (130 dólares). El gobierno comenzó su mandato con un decreto de ataque a los jubilados. El acuerdo con el FMI implicará mayor ajuste fiscal extensivo a las jubilaciones, es decir, en la perspectiva del control privado de los aportes jubilatorios por grupos como BlackRock, que administran fondos jubilatorios en muchos países.

Más que nunca, activos y jubilados deben unirse en un combate común por salarios y jubilaciones igual a la canasta básica, el 82% móvil, y la restauración de los aportes patronales.