Una caracterización de conjunto de la situación nacional y las tareas de los activistas y los luchadores

Escribe Jorge Altamira

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Como lo hemos advertido hace un par de semanas, la deuda externa de las provincias ha entrado en cesación de pagos. Diez días atrás ocurrió con Entre Ríos, ahora es Córdoba y en poco tiempo más será la provincia de Buenos Aires – que reúne la mitad de las obligaciones, por u$s 7 mil millones. Los fondos internacionales rechazan pactar en los mismos términos con que se cerró la reestructuración de la deuda pública de Argentina, el año pasado. Alegan que la capacidad de pago de las provincias es mayor que en el caso de la deuda nacional, lo cual es obviamente falso. Ocurre que aquella renegociación les resultó un fracaso, porque en lugar de elevar el precio de los títulos de la deuda al 55% del valor nominal, lo dejó abajo de lo que estaba antes, en 33 centavos de dólar. Como el estado nacional es el garante de las obligaciones externas de las provincias, Argentina vuelve, de hecho, al temido ‘default’. El impasse del gobierno de los Fernández no podría quedar más claro.

Otro episodio ha confirmado el agravamiento de esta crisis de financiamiento. El Tesoro ha vuelto a recurrir a la emisión de “letras intransferibles”, en este caso por u$s 7.500 millones, a diez años de plazo y a 0,33% de interés anual, para cancelar otra deuda similar de diez años atrás, que es contabilizada a valor nominal, no el de mercado, que es un 70% más bajo. Mientras ‘ensucia’, de este modo, las reservas del Banco Central, el gobierno sigue vendiendo bonos de deuda en poder de Anses y del mismo banco, a precio de ‘default’, con la intención de contrarrestar la demanda de dólares y contener la tendencia a la devaluación del peso. La capacidad del Banco Central para hacer frente a una eventual corrida cambiaria se torna, por este mismo motivo, cada vez menor. Las previsiones de la ley de Presupuesto -un déficit fiscal del 4,5% y una inflación del 29% anual-, lucen cada vez más menos realistas. La suba anual de precios del 50%, que pronostican los consultores privados, está respaldada por la previsión de que el índice de diciembre último estaría en torno al 4 por ciento.

La reactivación de algunas ramas de la producción, en este escenario, impulsa la suba de los precios generales de la economía, inclusive, al menos en forma parcial y limitada, los salarios. De modo que la reactivación desequilibra aún más las variables de mercado y con ello la inflación. Las medidas de control estatal de los precios funcionan con menor eficacia, como lo muestra el pasaje de los ‘precios congelados’ a los ‘cuidados’. El deterioro de la capacidad de arbitraje del gobierno se puso en evidencia cuando el aumento autorizado de aranceles a las pre-pagas fue anulado en un abrir y cerrar de ojos, por temor al impacto en la cadena de precios. Es lo que parece que va a volver a ocurrir con la decisión de cerrar la exportación de maíz, para evitar el impacto de la suba de los precios internacionales del grano en los costos de la cría de pollos. En este caso, el arbitraje de la crisis lo ofrece el Consejo de la Agroindustria, el cartel de exportadores e industrias cerealeras. El gobierno retribuye esta gestión mediante el ofrecimiento de un plan plurianual de estabilidad cambiaria y fiscal a las mayores compañías de Argentina, incluso cuando unos y otros saben que no tiene condiciones de cumplirlo.

Gobierno con alambres

El desequilibrio económico generalizado acaba de sufrir un golpe enorme con la expansión meteórica de la pandemia y con el retraso en la distribución de las vacunas. Desde EEUU hasta Gran Bretaña, pasando por Brasil y Argentina, el crecimiento de la crisis humanitaria obedece a la llamada ‘reapertura de la economía’. Ninguna ‘burbuja’ juvenil es más dañina que la circulación y la aglomeración en masa por el reinicio de las actividades no esenciales – empezando por el transporte público. La ‘liberación’ de las actividades económicas ha llevado – es el caso de Gran Bretaña – al ‘encarcelamiento’ masivo de la población y el cierre de los lugares de trabajo. Ningún estado capitalista se ha atrevido a imponer una reglamentación forzosa de la economía para frenar la expansión del coronavirus, ni a ejecutar un plan de testeos masivos y seguimiento de contactos. Por el contrario, con la financiación varias veces billonarias del capital, ha acentuado el desequilibrio entre la producción, de un lado, y la especulación financiera, del otro. El virus ha penetrado no solamente en millones de seres humanos sino en la misma estructura del capital.

Lo que ocurre con las vacunas es aleccionador, porque ha dado paso de entrada a una violenta competencia entre monopolios farmacéuticos y los estados que los representan. La disputa por el mercado es feroz, a costa del abastecimiento de las poblaciones. El enfrentamiento va desde el laboratorio a la producción, el envase y el transporte – para miles de millones de personas. Al ritmo actual, Argentina demoraría 35 años en vacunar a las dos terceras partes de la población – en condiciones mejores llevaría aún un año y medio. El capital se cuece en su propia salsa, sin el menor cuidado por una crisis humanitaria que no deja de avanzar.

El gobierno que preside hoy esta crisis en Argentina se encuentra atado con alambre, al cabo de un par de décadas de acentuación de la inviabilidad de su régimen político. Esto, y otras cosas, claro, explican que, en este derrumbe, la preocupación del oficialismo y la oposición oficial, transite por las Paso en 2021, por los avatares del Consejo de la Magistratura y Comodoro Py y por la presidencia del PJ bonaerense.

Los ‘críticos’ del gobierno de los Fernández ponen el acento en los desvaríos que atribuyen a la Vice y a su afán de perpetuación por medio de su hijo. Le asignan un lugar y una función que no tiene, porque CFK depende de la coalición del FdT más de lo que ésta depende de ella. El kirchnerismo ocupa una parte del gobierno, cuando hasta 2015 lo dominaba por entero. Alberto Fernández opera como un árbitro a cinco bandas: entre las clases sociales; entre los fondos internacionales y parte de la burguesía nacional; entre el oficialismo gubernamental y la oposición oficial o parte de ella; entre las camarillas del oficialismo; y entre Cristina Kirchner y la Cámpora, de un lado, contra “el resto del mundo”, del otro. Como hemos escrito en otra ocasión, es un paralelogramo que tiende a cero.

En este cuadro de conjunto, el descontento social crece imparable, aunque su presión se diluya por falta de canal político. Pero no por mucho tiempo. La “conflictividad social”, como los medios y la academia denominan a la lucha de clases, ha crecido en las últimas semanas – en las peores condiciones de salud pública. El gobierno teme al tarifazo por el acecho de una rebelión popular – celebró el final del año sólo porque no se había producido todavía. El cierre de grandes establecimientos continúa y las huelgas se repiten y se extienden en el tiempo. Se multiplican las auto-convocatorias, incluso en el movimiento de la mujer, que advierte que los Fernández van a reglamentar la ley aprobada en su perjuicio y que las entidades de salud van a boicotear la atención gratuita, en conformidad con el reclamo de reducir las prestaciones médicas obligatorias.

Las tareas

La CGT no constituye, en las circunstancias actuales, un polo de atracción y unificación de las masas que ingresan a las luchas. Es un dato objetivo. “Plan de lucha y paro activo”, dirigido a la burocracia, no recibe la atención del activismo. Las organizaciones luchadoras y la izquierda deben construir ese polo de atracción, y verificar en la práctica el desarrollo político que genera. Es necesario impulsar un congreso de bases convocado por las direcciones combativas de los trabajadores – para elaborar un plan de lucha y una estrategia política. El reclutamiento militante para esta tarea requiere una propaganda y agitación activas y una fuerte participación en las luchas.

2021 debería ser un año de mucha deliberación en los sindicatos, porque tendrán lugar las elecciones correspondientes y las que quedaron postergadas por la cuarentena. Vistas con un criterio militante son una gran ocasión para ligarlas a las reivindicaciones pendientes y postergadas; para agrupar fuerzas; para crear, en definitiva, una referencia propia de los trabajadores.

En lo inmediato, se plantea, sin embargo, un desafío fundamental: el recrudecimiento catastrófico de la pandemia, por un lado, y la crisis total de los planes de contención de ella, por parte de los gobiernos, y la crisis de la vacunación masiva. El cierre de las actividades no esenciales; el control obrero de los protocolos de salud; el aumento salarial de emergencia para el personal en labores esenciales; la reposición y triplicación del IFE; el corte a los subsidios para las patronales; la intervención de delegados electos por los trabajadores en los planes de compra, dsitribución y aplicación de las vacunas; la reglamentación estricta de toda la actividad económica, bajo control obrero; la derogación de la nueva fórmula jubilatoria, el aumento de emergencia para los jubilados y el 82% móvil; el congelamiento de los pagos de intereses de la deuda pública; todo esto y otras tantas reivindicaciones fundamentales deben ponerse a debate en el mundo del trabajo, para sacar conclusiones prácticas y de acción.

La humanidad atraviesa un período de giros y rupturas históricas – la fantasía de una burguesía que recupera la “iniciativa”, sea estratégica o como sea, duerme el sueño de los justos. Lo demuestran las rebeliones populares en medio planeta; la quiebra en la Unión Europea; la crisis política histórica en Estados Unidos en medio de una movilización de masas anti-racista sin precedentes; el rápido agotamiento de las tentativas gubernamentales derechistas y proto-fascistas (que impulsan, como nunca, una definida polarización política) – todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire. Esta caracterización de conjunto ordena la comprensión de la situación nacional y el alcance histórico de las fuerzas que se están desencadenando en los trabajadores.

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