Ante la “nueva ola”, Sáenz sacrifica nuevamente a los trabajadores salteños

Escribe Julio Quintana

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Este primero de abril, el gobernador Sáenz abrió el período ordinario de sesiones legislativas con un discurso que evitó por todos los medios un balance concreto de su política, principalmente de cara a la pandemia de covid.

Salvataje capitalista

Habló de una “inversión histórica” en salud, y recordó su promesa de “privilegiar la vida”, pero el resultado fue el colapso del sistema sanitario, particularmente en Orán y San Martín, lo que tuvo como consecuencia que hoy en día Salta duplique el porcentaje de fallecidos por covid con respecto al promedio nacional. Las “inversiones en infraestructura” educativa no garantizaron la conectividad e insumos tecnológicos para docentes y estudiantes y redundó en un salto en el abandono escolar y degradación de contenidos. Si a esto le sumamos el crecimiento de la pobreza y la desocupación, de denuncias públicas ante hechos de violencia hacia la mujer, o del déficit habitacional por la cantidad de familias que ya no pueden pagar siquiera un alquiler, el balance inequívoco es el fracaso rotundo del gobierno.

Sáenz apeló al “hice lo que se pudo”. Pero los recursos que faltaron para combatir el covid y defender la población trabajadora de Salta, los destinó al pago de una deuda usuraria y para subsidiar y eximir impositivamente a los capitalistas. Estos recursos representan al menos un 500% más de lo que se destinó para subsidiar a los trabajadores salteños o para salud.

Segunda ola

El gobernador dejó en claro su defensa de principios de la orientación aperturista de la economía que ha establecido el conjunto de la burguesía de cara a esta nueva segunda ola. Anunció que mantendrá la economía y las escuelas abiertas lo más que se pueda. Un día antes, el titular del COE, Francisco Aguilar, anunció que sólo cerrarán las escuelas y establecerán restricciones cuando colapse el sistema sanitario. El resultado será un nuevo salto en el porcentaje de muertes por covid.

La omisión de la fecha de las elecciones provinciales en el discurso del gobernador fue interpretada como una señal de que podrían suspenderse junto con las elecciones nacionales. Ni Sáenz ni AF se rigen por una preocupación sanitaria, son consecuentes impulsores de la apertura, aun cuando su plan de vacunaciones ha fracasado rotundamente y devenido en el escándalo de las vacunaciones VIP o “estratégicas”. La eventual suspensión de las elecciones, en la que ahora se embarca el gobernador salteño, busca evitar lo más que se pueda un pronunciamiento de la población sobre el régimen político, en el marco de las crisis que provoquen sus políticas anti sanitarias.

Desoyendo a los epidemiólogos que reclaman un enérgico distanciamiento social y la reducción de la circulación social de cara a la “segunda ola”, Sáenz ha dejado en claro el antagonismo de su gobierno con la defensa de la salud y la vida de los trabajadores salteños. El plan de vacunación y testeos masivos y la suspensión de la presencialidad que reclaman docentes autoconvocados, los insumos hospitalarios y de bioseguridad que reclaman los trabajadores de la salud y la población del norte provincial que se movilizó contra el colapso de sus hospitales, el reclamo de tierra y vivienda para combatir el hacinamiento en los hogares obreros, que miles establecieron el año pasado, la asistencia económica y alimentaria que reclaman las organizaciones sanitarias, chocan de frente con la gestión capitalista de la pandemia por parte de Sáenz.

Un programa obrero ante la pandemia

Para enfrentar esta pandemia y evitar una nueva catástrofe sanitaria, desde el PO salteño impulsamos la más amplia deliberación de los trabajadores y el establecimiento de un plan de lucha común por testeos masivos, la triplicación de las camas de terapia intermedia e intensiva, por los insumos médicos y de bioseguridad en los hospitales, el salario y las condiciones de trabajo que necesita el personal de salud, la suspensión de las clases y de toda actividad no esencial garantizando el pago del 100% de salarios y una real prohibición de despidos, la universalización de un seguro al parado para desocupados y changarines, artesanos y cuentapropistas, no menor a 50 mil pesos, por un plan de viviendas populares masivo para garantizar el necesario distanciamiento al interior del hogar. Para garantizar la vacunación masiva es necesario luchar por la liberación de utilidad pública de las patentes de vacunas y la nacionalización de todo el complejo farmacéutico privado. Los recursos para estas medidas están, para esto hay que imponer que los costos de la pandemia lo paguen los capitalistas, suspendiendo el pago de la deuda externa, eliminando los subsidios y eximiciones vigentes e imponiendo un impuesto progresivo a las grandes empresas, estatizando sin pago al banco Macro, usurero número uno de la provincia.