Los docentes y los trabajadores debemos imponer una salida a la crisis, no la Corte Suprema

Escribe Jorge Altamira

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El desenvolvimiento de la crisis política entre el gobierno nacional y el de la Ciudad deja en claro que la lucha consecuente para revertir la ola fenomenal de contagios ha quedado en manos de los sindicatos docentes y, por extensión, del conjunto de la clase obrera. Es, precisamente, lo que ocurre ya mismo en Neuquén, donde los trabajadores de la Salud llaman a los sindicatos a convocar a una huelga general en la provincia. Han organizado decenas de cortes de ruta, incluso enfrentado a los “camioneros” pinochetistas que vienen a quebrar los piquetes desde Chile. La respuesta del gobierno local ha sido desplegar a los punteros del MPN para quebrar esta lucha - una emulación patagónica de Bolsonaro y de lo que ha hecho, él mismo, en toda su historia.

La prensa opositora caracteriza que Alberto Fernández ha perdido poder político, como consecuencia de haber incluido, entre las llamadas ´restricciones´ frente al recrudecimiento de la pandemia, una suspensión de clases en el AMBA por quince días. Se lo acusa de contrariar lo que venían diciendo él y sus ministros acerca de que las escuelas y colegios “no contagian”. El debilitamiento es real, pero por razones opuestas; por haber impulsado la ´segunda ola´ por medio de la apertura presencial del año lectivo, catorce días antes de la estampida de contagios. Claudio Jacquelin, de La Nación, lo confirma, con una observación que pretende probar lo contrario. Dice que los contagios no han aumentado sino que un mayor número de testeos los han hecho visibles. Que la estampida oculta de infecciones se haya puesto en evidencia, solamente prueba la doble impostura de quienes propiciaron el inicio de las clases y ahora vociferan por su continuidad. Así como, antes, los Fernández capitularon ante el lobby de los capitales privados y confesionales de la educación, ahora insisten en ese atropello al confinar las llamadas restricciones al AMBA y otorgarles una ´temporalidad´ sin porvenir de quince días. Dominan políticamente menos territorio que Rosas en las vísperas de la derrota de Caseros.

Larreta y su gabinete se han esmerado en presentar números que Chequeado ha calificado de falsos, pero no recurrieron a la Corte para defender una causa sanitaria sino para denunciar una intervención federal. De otro modo habrían tenido que probar en Tribunales lo que luego sostuvieron en conferencia de prensa: que las escuelas, los lugares de trabajo y el transporte no contagian, al menos en CABA. Solamente quedaban afuera los boliches y restoranes, que tampoco quiere cerrar. El virus, para esta agente, circula por los cielos, como el dron que la NASA logró desplegar en Marte. La Corte enfrenta ahora el problema de que un veredicto federal a favor de Larreta sea denunciado como un crimen de salud. Rodrigo Quiroga, investigador del Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, citado por La Nación, prevé que “de mantenerse la tendencia (actual), podríamos alcanzar 50.000 casos diarios en 15 días”. La necesidad de mayores testeos, seguimientos a contactos estrechos, aplicación de vacunas y mayores kits de asistencia es mayor que nunca, pero no podría obtener los resultados esperados en un tiempo previsible, menos aún en quince días. La huelga general de la educación, con piquetes, en CABA, debe profundizarse en estos quince días, porque es el único recurso que deja la impostura de los gobernantes para preservar la salud. La burocracia K de UTE se empeñará en lo contrario. La intensa actividad de los institutos privados, en la noche del domingo, para presionar a los padres a llevar a sus hijos a las escuelas, es una prueba de quién se encuentra atrás de la campaña por la llamada apertura. Los pulpos de la Salud alientan un debilitamiento del gobierno (cambios en el gabinete) por otras razones – para imponer un tarifazo en el sistema de prepagas y en la atención privada.

Solamente la hipocresía puede llevar al macrismo, que votó el Presupuesto 2021, afinado por los Fernández con el FMI, a denunciar la falta de medidas o acciones preventiva contra este salto de los contagios. Toda acción requiere dinero y ese dinero está asignado al capital, que tiene el monopolio de la economía y un poder decisivo en el Estado, no a los trabajadores. Todos los rubros de prestaciones sociales han caído en términos reales; también los salarios, en especial del personal de Salud, y las jubilaciones. Cuando se le pregunta a Guzmán acerca de las prioridades, nunca duda en repetirlas: crear un mercado de capitales, o sea una oportunidad de negocios a gran escala y duración indefinida. Con tres billones de pesos en Leliq, deuda del Banco Central, al 40% de interés anual, el objetivo del ministro supone un ajuste enorme contra los trabajadores. Pero un comunicado del Grupo País, que reúne a científicos que no comulgan con el oficialismo, advierte que “Ante el incremento sostenido de casos, la introducción de nuevas variantes del virus, el agotamiento físico y mental de los equipos de salud y las limitaciones para vacunar a la población de riesgo, con el consecuente impacto sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud, es necesario actuar con urgencia y contundencia para mitigar los daños que esta segunda ola puede producir”. La ferocidad del diagnóstico contrasta con el silencio del Grupo acerca de la presencialidad escolar. La reproducción de contagios -R- ha pasado de 1 a 1.7. De nuevo, recae en los sindicatos la lucha para defender la salud de docentes, alumnos y padres. Todo el mundo coincide, por otra parte, en que la franja etaria expuesta al contagio se desplaza de la mediana edad a la adolescencia y la niñez.

Anoche, un abogado ´habitué´ a TN declaró que los choques políticos entre los Ejecutivos de la Nación, de un lado, y Ciudad, del otro, le producían “pánico”. Ni siquiera aludió a los otros 23 gobernadores que siguen la disputa como el espectador de una partida de tenis y buscan confinar a sus provincias de la crisis política. No advierte que los tiroteos inocuos por arriba tienen lugar cuando el piso de la estructura social se agrieta en forma acelerada por abajo. El poder político, sin embargo, cree tener el paquete bien atado, porque cuenta con la cooptación de los sindicatos y de las organizaciones sociales (´vaticanas´ y ´comunistas revolucionarias´, como la CCC).

La crisis por arriba se traslada a los sindicatos docentes, con los que el gobierno tiene vasos comunicantes, o sea, a la masa de educadores. La burocracia oficialista desearía una definición sin demoras de la Corte, para sacarle el cuerpo a la lucha contra la presencialidad – tanto si falla a favor o en contra de los Fernández. La izquierda democratizante ha impulsado la presencialidad segura, una contradicción en términos, desde hace más de un año y con más perseverancia ahora, cuando al quedar en orsai tuvo que esgrimir la suspensión temporal de las clases. No ha buscado formar comités de base para atacar la posición de la burocracia porque carece de programa. Las autoconvocatorias y los comités contra la presencialidad son cada vez más nutridos.

La continuidad y profundización de una huelga contra la presencialidad en CABA, donde la docencia paró en masa el lunes, depende por entero de una acción desde abajo. La consigna de la huelga contra la presencialidad en pandemia debe tener un alcance nacional, de lo contrario ella se encierra en sus propios límites. Son necesarios piquetes, en especial en las escuelas privadas, contra la tendencia de la burocracia K a confinarse en la educación estatal. Un activo movimiento docente empalmará con las luchas de los desocupados, que han sido privados de la asistencia alimentaria a los comedores barriales. Los choques en las fábricas con las patronales son cada vez más frecuente. Hay que golpear el fierro, según el dicho, cuando está caliente. Sin buscarlo en forma explícita, el movimiento docente se ha convertido en el epicentro de la crisis. Es necesario tomar consciencia de esta situación y actuar en consecuencia.

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