Un pacto politico en puertas para disimular el colapso sanitario

Escribe Marcelo Ramal

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Todo el peso de la situación política ha vuelto a concentrarse en las salas de terapia intensiva de los hospitales del país, públicos o privados. Las estadísticas “oficiales” que informan niveles de ocupación de esas salas del 70% han sido barridas por los testimonios de médicos, enfermeros o patrones de la medicina prepaga, que denuncian una saturación completa. Los diarios de negocios, siempre preocupados por la “economía”, comentan por lo bajo que la ocupancia se encuentra en “más del 100%” (Pablo Wende en Infobae, 25/4).

Las presencialidades pretendidamente “seguras y responsables”, desde las escuelas hasta la industria y el comercio, se hacen pedazos bajo el avance del virus. La preocupación de la clase capitalista, del Estado y de sus partidos, en este cuadro, es una sola: cómo salvar la generación de beneficios y el movimiento económico, en momentos en que el colapso sanitario debería imponer un cierre estricto de actividades, y un régimen de emergencia dirigido a la manutención de la población trabajadora.

Resolver esta cuadratura del circulo, es decir, seguir explotando a la fuerza de trabajo cuando transcurre el peor momento de la pandemia, es el núcleo de los nuevos “aprontes” y reacercamientos entre los Fernandez, Kicillof y Larreta, luego de los choques en torno de la presencialidad escolar.

Apenas salió el DNU de las restricciones comerciales y escolares, la Corte le hizo saber al gobierno que el “orden constituido” rechazaba medidas draconianas de cierres, incluso en un escenario sanitario dramático. En un fallo escandaloso, que ningún kirchnerista se ha tomado el trabajo de criticar, la Corte se arrogó la condición de “tribunal sanitario”, y le dio al gobierno cinco días para que “presente pruebas” sobre la pertinencia de interrumpir las clases. De ese modo, evitó dictar una medida cautelar inmediata y elemental por razones sanitarias, que mantuviera el cierre de escuelas. Ningún vocero del gobierno criticó esa mora. Este domingo, un editorialista de La Nación (25/4) se encarga de explicar por qué: si el gobierno se tomó todo el tiempo del mundo -o sea, los cinco días que le dio la Corte para responder- fue, precisamente, con el objetivo de alargar una definición, mientras trabaja para “reconstruir el consenso” con Larreta. La Corte, a su turno, demoraría más todavía su definición a la espera de ese nuevo pacto, que la eximiría de laudar sobre la crisis o, en todo caso, le facilitaría un fallo “salomónico” en torno de la presencialidad escolar.

Es el mismo rumbo que recorrió Fernández los últimos días, cuando rescató a Trotta del sarcófago político y lo puso a trabajar en un proyecto de presencialidad “administrada” o “intercalada”, un remedo de las maniobras que durante febrero-marzo pergeñaron con Larreta, Acuña, Baradel y una parte de la izquierda, en torno de la llamada “presencialidad cuidada”. La nueva versión que preparan para mayo tiene el claro propósito de alcanzar un consenso con el jefe de gobierno macrista.

Esa presencialidad escolar ´recauchutada´, por supuesto, sería la nave insignia de una operación económica y política más general, que Infobae describe con una sola frase en su edición de hoy: “las fábricas no pueden cerrar”. El régimen político discute un régimen de cierres “focalizados” e “intermitentes” de dudoso resultado e implementación, dirigido a evitar un cierre enérgico, y, naturalmente, ahorrarse las medidas económicas de asistencia que deberían acompañarlo.

En relación a esto último, los comentaristas económicos han colocado otro alerta, a saber, la suba del dólar paralelo en los últimos días. Los fondos internacionales depositados en el país también ponen su mira en la “segunda ola”: el ´mercado financiero´ en pesos que maravilla a Guzmán condiciona la renovación de sus colocaciones a la “austeridad fiscal” - en otras palabras: para ellos, el régimen monetario debe producir rendimientos positivos, y no aumentos de camas, respiradores o salarios. Algunos analistas advierten que los fondos Templeton y Pimco están reduciendo paulatinamente sus posiciones en el país, pero con el “cuidado” de no desatar una corrida cambiaria. La condición para ello es que el gobierno no produzca un “desmadre” fiscal, por caso, resultante de nuevos cierres o cuarentenas de carácter drástico. Guzmán-Fernández han armado un régimen financiero bajo libertad vigilada - sus cancerberos son los fondos ´amigos´ de Macri-Caputo.

El mismo día que Fernández y Trotta comenzaban a discutir su presencialidad “administrada”, Juntos para el Cambio confirmaba, en un comunicado, su disposición a habilitar la postergación de las PASO y de las generales. En un pacto para reencauzar la crisis en los términos de la “convivencia con el virus”, el macrismo acepta correr del horizonte inmediato a la agitación electoral. Larreta, en definitiva, tampoco la tiene regalada: un ascenso fulminante de casos, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, podría colocar al intendente porteño en la picota que atraviesa a Bolsonaro y que, más al norte todavía, terminó con el gobierno de Trump. El macrismo, en resumidas cuentas, podría recibir con esta crisis un nuevo baldón de tierra. El colapso sanitario interpela al conjunto del régimen político y a sus partidos - por eso, Larreta y Fernandez volverán a sentarse en la mesa de la que nunca se levantaron del todo, y por elementales razones de supervivencia.

Pero el pacto que se cocina en estas horas tiene otro objetivo claro: cerrar filas ante la otra amenaza que se proyecta sobre el régimen político: la intervención cada vez más intensa de la clase obrera, como se manifiesta en la lucha de la salud de Neuquén, en las huelgas docentes contra la presencialidad, en las huelgas del transporte y la gran industria para la preservación sanitaria y también por el salario. La pandemia ha exacerbado todas las tensiones sociales en los lugares de trabajo, comenzando por los centros de salud. Fernández y Larreta le temen a este “virus” mucho más que al propio Covid, y quieren recobrar el aliento político para enfrentar a los trabajadores -comenzando por los autoconvocados de Neuquén. En estas condiciones, la lucha contra el presencialismo escolar, industrial, comercial, que querrá ser defendido con maniobras -y con salarios miserables- debe ser enfrentada con la propia iniciativa de los trabajadores, con un programa. Por el cierre inmediato de escuelas y todas las actividades no esenciales en pandemia; nacionalización de laboratorios farmacéuticos, salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 120.000 pesos; indexación del salario; comités de escuela, de fábrica, plenarios de base contra la presencialidad “letal”. Acción obrera internacionalista para abolir las patentes; socialismo internacional para derrotar al virus y al régimen social que lo engendró y lo ampara - el capitalismo. Estas son nuestras banderas para el próximo primero de mayo.