Tarifas, la punta de una crisis mayor

Escribe Marcelo Ramal

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La pelea entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía –el camporista Basualdo- en torno de las tarifas eléctricas, todavía no tiene desenlace definido. Ni para los funcionarios involucrados ni para la medida en cuestión, que son los aumentos de la luz en los próximos meses. Algunos señalan que la crisis ha llevado a Guzmán a vaciar sus cajones del ministerio y preparar la vuelta a Columbia. Otros, que es el funcionario apadrinado por los Kirchner –madre e hijo-el que se terminará yendo, pero recién en las próximas semanas. En cuanto al destino de las tarifas, el camporista sólo admitiría, parece, un aumento inmediato del 8-9%, reservando el resto del mazazo para después de las elecciones. (El tarifazo “postelectoral” es un clásico, sin grietas entre nac y pop o macristas). Guzmán, por su parte, aterrizó de Europa con una exigencia del 15% de aumento para mayo, eso sí, apelando a otro relato -el de la “segmentación” y la tarifa social. Es probable que el entuerto termine partiendo la diferencia o encubriendo un tarifazo, apelando justamente a los aumentos diferenciados. La segmentación es el recurso para presentar a un asalariado como privilegiado, aplicándole todo el peso de la suba, mientras se reserva una tarifa social a quienes, de todos modos, ya no la pueden pagar. Solamente la suspensión transitoria de los cortes de luz ha impedido un apagón compulsivo en los barrios, por falta de pago.

Pero la cuestión tarifaria no termina allí: una cámara federal ha suspendido el DNU que declaró como servicio público a las telecomunicaciones. El Ente regulador del gobierno (Enacom) ha apelado a la Corte, la cual, de este modo, se convierte en árbitro de otro flanco crucial de la política tarifaria, el de los servicios digitales.

El desaguisado tarifario es sólo un episodio de una crisis general de régimen, cuyo telón de fondo es la gestión capitalista de la pandemia.

Apertura

Según informan algunos, Guzmán no sólo trajo de Europa la exigencia del aumento de tarifas. Ese reclamo formaba parte de un paquete que tenía, como cuestión, central, “no volver a cerrar la economía” (La Nación, 2.5). Esta misma fuente señala que, el día jueves, Guzmán “inspeccionó” todos y cada uno de los aspectos del nuevo decreto de restricciones que Alberto Fernández anunciaría al día siguiente. Mal que les pese a los infectó logos de adentro y de afuera del gobierno, es muy claro que la política sanitaria la dictan los fondos internacionales y el directorio del FMI, con quien Guzmán se había reunido días atrás. Por eso mismo, la crisis que ha estallado no es tarifaria, sino sobre el conjunto de la política oficial.

Fernández-Guzmán y el FMI se pusieron de acuerdo para patear hasta después de las elecciones la refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares con el organismo. Otra cosa, sin embargo, es la pretensión de los amigos de Cristina de armar un plan de pagos por 20 años, que el Fondo no ha aceptado. En esos términos, las condiciones para devolver el préstamo solamente en 10 años exigen un ajuste drástico de gastos y, más adelante, medidas de recolonización económica de mayor alcance a favor del capital internacional. El FdT ya concedió la desindexación jubilatoria –fundamental- pero están pendientes otras cuestiones cruciales. Más allá de las tarifas, debe cerrarse la canilla de cualquier asistencia social y sanitaria excepcional, nada menos, que en el medio de la pandemia. El “presencialismo”, una vez más, se coloca en el corazón de la crisis económica.

Los Fernández y la Campora fantasean con estirar estas definiciones hasta después de octubre/ noviembre. Pero el capital internacional y la gran burguesía agraria e industrial no compran pagarés de cumplimiento dudoso. Y tienen cómo demostrar su impaciencia: Templeton y Pimco retienen 3000 millones de dólares en el mercado financiero local, pero están dispuestos a hacer saltar las frágiles reservas internacionales –y el precario valor del dólar- en aras de un retiro fulminante del mercado, ello, si el gasto público se dispara. Los dólares de la soja sólo ingresarán hasta junio, siempre y cuando los propietarios del “producto” no resuelvan sentarse primero sobre los silo bolsas. El festejado “mercado en pesos” de Guzmán se sostiene a tasas cada vez más altas, y con colocaciones de más breve vencimiento. La bola de nieve de las Leliqs se retroalimenta sola, pues el Banco Central se endeuda para absorber los pesos que emite, a su turno, para remunerar los vencimientos de deuda anterior. Es probable que esta acumulación de contradicciones insostenibles en el tiempo, y no sólo las tarifas, estén agotando el oxígeno político de Guzmán.

Vacunas

Como todo aperturista, el ministro trajo otra reivindicación fundamental de su viaje: “la primera medida de política económica”, dijo, “es conseguir vacunas”. El corazón del Columbia Boy, sin embargo, no late solo ni principalmente por razones sanitarias. La “urgencia de vacunas” es, por un lado, la contrapartida de la política aperturista, como ya ha ocurrido con otros gobiernos capitalistas del mundo –comenzando por Trump. Por el otro, es el señalamiento de que las vacunas se “consiguen” enderezando la política económica en función de los propósitos del capital internacional que, además de prestarle a la Argentina, le presta al Tesoro norteamericano y, además, es accionista de los grandes laboratorios farmacéuticos. Con la perspectiva de menores envíos próximos desde la India, China o Rusia, se refuerza la presión para que Argentina “arregle” con Pfizer, algo que también exigieron semanas atrás los enviados del gobierno Biden. Ni qué decir que ese arreglo plantea, por supuesto, un ordenamiento general de la política económica. La burguesía argentina, que celebra los superbeneficios inmediatos que le aportan a algunos la restricción de importaciones, abona sin embargo al reclamo de “normalización” (suba de tarifas, ajuste fiscal): por sobre todas las cosas, quiere el acceso al crédito internacional.

Régimen político

La crisis completa su mayor eslabón, sin embargo, lejos del ministerio de Economía, y en lo que algunos llamarían la “cuestión institucional”. La Corte fallaría, en los próximos días, en favor de la ´presencialidad escolar´ porteña, argumentando la cuestión de la autonomía de la Ciudad. Colocado en la encerrona de los cuestionados DNU “pandémicos”, el gobierno anunció un proyecto para que sea el Congreso quien lo faculte, por medio de una ley, para la adopción de medidas excepcionales. Pero la oposición, que critica los DNU, ya anticipó su voto negativo a lo que llama “superpoderes”.

El gobierno del “gran” Frente de Todos, en estas condiciones, ha sido reducido a la condición de un consorcio de gobernadores, que deberá discutir medida por medida de la emergencia social y sanitaria, ello, bajo la vigilancia de la Corte. Este régimen de “consenso” tiene como inspirador, naturalmente, al cronograma de pagos de la deuda pública. Cualquiera puede advertir que la contrapartida de este escenario, por “abajo”, es un agravamiento de la degradación social, de la crisis sanitaria y, naturalmente, de las luchas e irrupciones obreras. Tenemos que partir de este escenario de conjunto para discutir un programa, una lucha y una perspectiva política superior para el mundo del trabajo.