El control de precios oficial se pudre por arriba

Escribe Marcelo Ramal

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El episodio de los sobreprecios en las compras que realizó el Estado de varios alimentos esenciales terminó de desnudar el fracaso de todos los "controles" oficiales, que el gobierno despliega en centros comerciales, ferias o minimercados.

Fue el propio gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, el que no pudo imponerles los precios máximos a los proveedores de alimentos. Naturalmente, no en la compra de una botella de aceite o un paquete de fideos, sino en un pedido multimillonario. El revés del gobierno está reflejado en las declaraciones del ministro Arroyo: "pedimos rebaja y se llegó hasta ahí. Pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia". (La Nación, 7/4). Frente a los monopolios alimenticios, el gobierno no atinó más que a hacer un simple regateo mercantil. Los proveedores de aceite o fideos explotaron la urgencia oficial para duplicar los pretendidos "precios máximos" fijados por el propio gobierno. Si la industria de la alimentación actúa así con su principal comprador -el Estado- ¿qué puede esperarse de la provisión a los llamados "comercios de cercanía"? En el caso de las cadenas de supermercados, el sobreprecio se reparte entre tres poderes: el pulpo alimentario, la cadena comercial y los bancos, que financian usurariamente las compras a través de tarjetas.

Si el gobierno es impotente cuando compra millones de unidades o paquetes, lo es mucho más cuando manda sus inspectores a los comercios, a "registrar" las faltas en el cumplimiento de los precios máximos.

Frente al escándalo, Alberto Fernández ha señalado que el gobierno "no pagará" la factura de los alimentos con sobreprecios. Si ello ocurriera, la "respuesta mercantil" de los proveedores será el desabastecimiento. Para evitarlo, el gobierno deberá proceder a un "reajuste" de los precios máximos.

Por la vía del propio Estado, o de quienes deben ir a comprar al almacén con su tarjeta alimentaria, los ínfimos subsidios asistenciales que el gobierno financió con la emisión de moneda se están convirtiendo en una gigantesca transferencia de riqueza hacia el gran capital.

Si los monopolios alimentarios pretenden sobreprecios, sus existencias deben ser incautadas, y sus plantas e instalaciones deben ser intervenidas, bajo control de sus trabajadores. Sus libros contables y costos de producción deben ser sometidos a ese control. Lo demás, es una pantomima y un meganegociado a costa de los explotados.