Cuarentena: gobierno, régimen político, etapa

Escribe Jorge Altamira

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No solamente en Argentina el estallido de la epidemia virósica y el inmediato derrumbe económico y financiero que siguió ha desatado crisis políticas de diversa naturaleza y cambios en la operación de los regímenes políticos en presencia. El PO (T) advirtió acerca de los severos impactos que acarrearía esta crisis desde un primer momento. Solo para ilustrar, la declaración de Trump, que ordena la subordinación de los estados federales, al gobierno de la Unión, ha desatado lo que numerosos observadores han caracterizado como “una crisis constitucional”. La Corte Suprema no podrá dejar de intervenir ante lo que es un golpe político al conjunto del funcionamiento del aparato del estado. El gobernador del estado de Nueva York ha rechazado de plano la declaración de Trump. El federalismo constitucional en Estados Unidos es muy acentuado, al punto que rigen leyes criminales diferentes a la legislación penal nacional, e incluso los municipios o condados tiene su propia legislación educativa. En varios estados los jueces son electos por la ciudadanía, más allá de los fiscales. En este cuadro, Trump arrimó un poco más la chispa a la mecha, al declarar que estaba dispuesto a cerrar el Congreso. Un Fujimori en Estados Unidos sería un llamado a la guerra civil.

Régimen político

El régimen de gobierno personal que CFK redondeó con el resultado electoral de 2011 quedó sin recursos políticos cuando Massa derrotó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y demolió la expectativa de una “Cristina eterna”. Quedó demostrada en los hechos la validez de la caracterización de “bonapartismo tardío” que habíamos atribuido al 54% de los votos que había obtenido apenas dos años antes.

Cuando asumió Macri y algunos izquierdistas que etiquetan a todos los gobiernos sin distinción como bonapartistas y repitieron ese esquematismo con ‘Mauricio’, señalamos que la característica singular de la nueva gestión era un régimen de “coalición a la carta”, que gobernaba por medio de alianzas parlamentarias cambiantes, en especial con los renegados del kirchnerismo, para sortear su condición de minoría electoral y en el Congreso.

De un modo general, los gobiernos de características ‘puras’ no existen, salvo en el trabajo de abstracción teórica. Los regímenes políticos no son estructuras fijas, pues son afectados por el desarrollo histórico. El poder discrecional del Ejecutivo ha sido incorporado a todas las constituciones de sesgo parlamentario, incluso en Gran Bretaña, que es una monarquía.

La “medida provisoria” que autorizaba a la dictadura del 64-82 en Brasil a gobernar por medio de decretos, si el Congreso digitado no los derogaba en forma explícita, se transformó en el régimen de “necesidad y urgencia”, luego del ‘pacto de Olivos’ que acordaron dos demócratas ilustres como Menem y Alfonsín, refrendado luego por todos los próceres del constitucionalismo criollo, desde Pino Solana, Chacho Álvarez, Fernández Meijide, y los Nosiglia y Storani. Macri no solamente recurrió a gobernar por decreto en numerosas ocasiones, también puso a dedo a al jefe de la principal institución del país, el Banco Central, violando la prerrogativa del Senado y la inamovilidad del presidente que resulte electo para el cargo. Lo mismo habían hecho los Kirchner, aun cuando tenían mayoría parlamentaria.

El régimen ambiguo de Macri se derrumbó justo después de que anulara la “ley de emergencia”. Esta ley habilitó, desde 2002, a modificar el Presupuesto a gusto del habitante de la Casa Rosada, aunque el recurso a los superpoderes presupuestarios existía con anterioridad. La catástrofe económica de marzo de 2018, convirtió al régimen politico y al gobierno encabezados por Macri en un dúo de cadáveres insepultos, que sobrevivió con el tubo de oxígeno envenenado del FMI, por un lado, y del teorema K de ese momento – “habemus 2019”. La agonía se prolongó, como todos saben, hasta el 10 de diciembre de ese año.

El gobierno de los Fernández debutó con el Congreso en receso y con la necesidad de seguir ‘reperfilando’ deuda, para ‘no pagar, repetía, con el hambre del pueblo’. Como uno y otro no se pueden compaginar, AF realizó su primer acto despótico al anular la movilidad jubilatoria y aplicar la ley en forma retroactiva. ¿Qué cambió en la modalidad política entre un gobierno y otro – Macri y los Fernández?

Gobierno

Nada. El cambio de personal político no entrañó un cambio de régimen político, salvo en el hecho de que la musa del nuevo gobierno no era su jefe nominal sino su acompañante como vicepresidenta. Un vehículo con piloto y copilota. También en que bajo la forma del FdeT, emergía un gobierno de coalición entre innúmeras tendencias referenciadas en el peronismo. Frente a la presión extranjera – deuda externa, amenazas contra Venezuela, golpe de derecha en Bolivia – y la presión interna – inflación, pobreza, un pueblo movilizado (mujeres, juventud, presencia clasista en grandes fábricas, transporte y servicios), emergía un gobierno débil, que procuraba arbitrar entre las clases sin obtener ningún resultado de largo plazo de ese arbitraje. En resumen, cambiaron las fuerzas del oficialismo (del macrismo al FdT), pero no el recurso a las coaliciones parlamentarias; hasta se votaron leyes políticamente importantes (“emergencia alimentaria”) por unanimidad. Hasta que aparece el Covid-19 y el derrumbe de los mercados financieros internacionales, y la previsión de una caída de dos dígitos del PBI mundial.

El hecho de que Alberto Fernández haya reunido una mayoría política para implementar una cuarentena, que coarta por decreto la libertad personal de movimiento, no convierte al régimen actual en un poder personal – ni de lejos. Mucho menos en un ‘estado de excepción’, que implica una suspensión de derechos y garantías constitucionales indefinido. El gobierno rechazó declarar un estado de sitio, que es resorte del Congreso y tiene una vigencia de treinta días. El régimen político de la cuarentena sigue basado en una gran coalición política, con características ‘sui géneris’. En efecto, se ha conformado una suerte de parlamentarismo de ejecutivos provinciales y municipales, al cual se ha incorporado un círculo de expertos de la comunidad médica. De acuerdo a encuestas que nadie objeta, este régimen político gozaría, por ahora, de un elevado apoyo popular.

Es este régimen de parlamentarismo de ejecutivos el que ha impuesto la restricción de la movilidad ciudadana por medio de decretos, amparado por la emergencia sanitaria y por la ley de emergencia alimentaria que votó el Congreso por unanimidad (menos una), antes de la epidemia. El estado carece de un Presupuesto; los gastos son negociados en la mesa de los ejecutivos provinciales y municipales, y jefes de bloques parlamentarios. Los gastos son ‘hablados’ en esta coalición de ejecutivos antes de hacerlos efectivos. El parlamento no ha sido disuelto, funciona con las comisiones por vía virtual. El Presidente pasó la propuesta de gravar “a los ricos” al Congreso, el único con jurisdicción en materia impositiva. Ahora se discute si debatirá por vía digital o en un teatro con dimensiones adecuadas al “distanciamiento social”. Nadie propicia prescindir del Congreso, incluso para evitar una auto-convocatoria, en el caso de que la crisis económica-social se desmadre No estamos, sin embargo, ante un gobierno de ‘unión nacional’, o sea la integración de la oposición al gabinete. Este variante sería posible como un recurso extremo del sistema político.

Etapa

El carácter de un régimen político no puede ser definido sin considerar el período político en desarrollo. La pandemia y la cuarentena tienen lugar en un período de rebeliones populares crecientes, de fragmentación de los regímenes políticos en presencia, de un derrumbe económico internacional declarado y de enormes divisiones en la burguesía, como lo evidencia la acentuación de los choques entre las principales potencias. La cuarentena no ha cambiado esta caracterización en su conjunto: no ha habido ninguna derrota estratégica o de fondo de los trabajadores – por el contrario hay luchas referidas a la protección de la salud en un número importante de países, y también luchas contra rebajas salariales y despidos. Se ha modificado el escenario de la lucha de clases pero no esta lucha misma, ni su tendencia. Quienes derivan de la cuarentena la marcha hacia un totalitarismo único en la historia, lo han venido haciendo en las tres o cuatro décadas pasadas. A medida que se vaya conociendo con mayor alcance la responsabilidad de los estados y gobiernos capitalistas por la ausencia de protección de la salud – en realidad su destrucción -, y por los oídos sordos a las advertencias acerca de una crisis sanitaria como la actual; a medida que esto ocurra, crecerá la indignación y la rebelión. La modalidad de este proceso variará de acuerdo a las peculiaridades de la situación de cada país, pero una generalización de las conclusiones es inevitable. Esto ocurre en un contexto de derrumbe del equilibrio capitalista mundial, al interior del proceso de acumulación, y al exterior, en el choque entre potencias, cada vez más severo. Para que se imponga un régimen concentracionario, las masas deberían sufrir una derrota histórica.

La envergadura del derrumbe económico convierte en inviable la estabilidad de los regímenes políticos presentes. En Argentina, esto se manifiesta en un incipiente movimiento golpista, que encabezan los grandes bancos y compañías (los famosos “miserables”), con una campaña para “reabrir la economía”, e imponer “la reforma laboral”, que, como dice el periodista Carlos Pagni, se “está haciendo sola” como consecuencia de la crisis. Se refiere a la política de suspensiones, despidos y reducción de salarios que impulsan las patronales y la burocracia sindical, con el pretexto de la pandemia. El otro aspecto de las operaciones desestabilizadoras se vinculan a los fondos internacionales que quieren imponer sus términos a una reestructuración de la deuda externa, aun a sabiendas de que es de cumplimiento imposible, o sea que propician un default. Las implicancias golpistas de esta ofensiva no se pueden ignorar. Es lo que ha desatado una crisis en el oficialismo, donde Massa se distancia del equipo presidencial, y en JpC, donde el trío Macri-Piccheto-Bullrich impulsan el alejamiento de Larreta y su séquito del gobierno. Para que en Argentina se imponga un ‘régimen de excepción’, habrá que atravesar varias crisis y golpes, capaces de establecer un “gobierno” de excepción, que tenga la fuerza de producir un cambio de fondo en los métodos de gobierno. Las principales acciones del gobierno actual apuntan a sostener un régimen constitucional y electoral, incluso dentro de una situación realmente excepcional. Su fracaso determinará el inicio de una nueva etapa.

Izquierda y programa

El infantilismo izquierdista ha convertido al régimen actual en una dictadura que aplica un estado de sitio de hecho. El ultraizquierdismo describe siempre un cuadro político artificial, que tiene por objetivo justificar consignas preestablecidas. En el caso de Argentina, caracterizan al gobierno como representante de la reacción, para convalidar lo que vienen haciendo desde antes, que es caracterizarlo como su principal obstáculo electoral – lo que no obsta para que le den quorum parlamentario en legislaturas, como Chaco, o en el Congreso nacional, incluido el voto favorable a algunas leyes encubridoras. Presenta a la cuarentena como reaccionaria, incluso cuando la reacción política internacional se opone a las cuarentenas y busca imponer un funcionamiento ‘normal’ del proceso capitalista sin que importen el número de víctimas. Los socialistas debemos defender la necesidad de la cuarentena desde los intereses de la clase obrera, en oposición a los del capital y al gobierno que la implementa. Esta cuarentena oficial marcha hacia una crisis estrepitosa, como consecuencia de la presión capitalista y de la reacción política. Es precisamente lo que debemos advertir a los trabajadores. Este reclamo de una cuarentena, en defensa de los trabajadores, la hemos materializado desde el comienzo en un programa. Ese programa plantea el control total del sistema de salud por parte del estado y un plan de testeos masivos; la estatización del sistema financiero. Derecho a retiro de depósitos solo para pequeños ahorristas. Seis horas de trabajo, sin afectar el salario. El repudio de la deuda externa. El pago total de los salarios y la asistencia salarial por parte del Estado, a cargo de las patronales. El funcionamiento de la producción esencial de acuerdo a protocolos de las comisiones internas y delegados; la cuarentena barrial, bajo supervisión y control de comités electos por los barrios.

Presentamos un programa de transición para desarrollar la independencia de los trabajadores en el enfrentamiento a esta pandemia y a las políticas de los gobiernos capitalistas, de modo de preparar las condiciones indispensables para luchar por un gobierno de trabajadores.