A 50 años del golpe de 76: la política de la izquierda "marxista" y de la guerrilla "nacional y popular"

El retorno de Perón abrió una crisis política espectacular a partir de la victoria de Cámpora-Solano Lima el 11 de marzo de 1973. El retorno fue instrumentado desde 1971, por el conjunto del régimen político del momento, para desviar políticamente el ascenso independiente del movimiento obrero iniciado con el Cordobazo. Fue encabezado por el general Lanusse, el nuevo presidente de la dictadura, así como por la UCR, el PJ, el PI, así como por el partido comunista – todos lo cuales formarían La Hora de los Pueblos. Esa crisis desató una serie de golpes de estado, como el desplazamiento de Cámpora por Lastiri – un hombre de López Rega, y el derrocamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por parte de Victorio Calabró, un burócrata metalúrgico del lopezreguismo. La victoria electoral de Perón-Perón, en septiembre siguiente, otorgó la sucesión presidencial a Isabelita, el alfil número uno del conocido como “brujo”. Ninguna corriente política del momento advirtió en este cambio ‘democrático’ una modificación del régimen político por medio de auto golpes. Una fuerte derechización política en la cúpula gobernante culminó con el derrocamiento de Obregón Cano-Atilio López, en Córdoba, en febrero siguiente, mediante un golpe de una camarilla de cincuenta policías de la provincia, encabezado por el jefe Navarro e impulsado por el mismo Perón. Para no contrariar a Perón, las centrales sindicales cordobesas que habían convocado al Cordobazo cinco años antes, no respondió a este otro golpe de estado, que Política Obrera denominó un Anti-Cordobazo.

En lugar de advertir que esta derechización respondía al reclamo de las grandes patronales y el imperialismo, la izquierda tradicional (incluyendo al ERP y a Montoneros) se puso de acuerdo en caracterizar de un modo radicalmente diferente: que el gobierno de Perón se encontraba amenazado por un golpe lo de las fuerzas armadas que había sido desplazadas del gobierno apenas un año antes. La realidad era la contraria: la cúpula militar veía con satisfacción la evolución del gobierno peronista. Desde principios de 1974, el conjunto de esa izquierda (partido comunista, el socialista de los trabajadores) y el comunista revolucionario) blandió ese argumento para apoyar al gobierno de Perón contra un golpe, mientras Perón desenvolvía una política represiva a través de leyes de represión y del terrorismo de Estado (Triple A). El que fue más lejos en esta política fue el PCR, quien dio su total apoyo al ala más terrorista y represiva del gobierno, la de Isabelita-López Rega.

'Institucionalidad' y Frente Popular

En marzo de 1974 se puso en marcha un acuerdo del conjunto de los partidos burgueses (bloque de los 8) que advertía la deriva terrorista del gobierno y temía por su continuidad. Por eso se encuadró en la defensa de la “institucionalidad”, que la izquierda democratizante convirtió en un bloque anti-golpista. Para esta fecha, todo el Cono Sur, con excepción de Argentina, se encontraba sometido a dictaduras criminales tuteladas desde Washington; mientras Perón apoyaba a Pinochet y a los gobiernos militares de Brasil, Bolivia y Uruguay, los sectores democratizantes y nacionalistas creyeron advertir que el gobierno peronista corría el mismo destino. El PC y el PST se integraron al “bloque de los 8”, o sea a un frente político con los partidos históricos de la patronal. El PST sostenía que “es necesario y urgente que todos los Partidos Políticos digan su palabra y actúen en este sentido: enérgicamente, para que todo el país quede notificado que ninguna aventura golpista contará con el apoyo de la civilidad” (Avanzada Socialista, 20/3/74); la ‘civilidad’ eran los partidos que habían inaugurado un período golpista a partir de junio de 1955. Estos mismos partidos apoyarían sin desfallecimiento el golpe militar que tendría lugar dos años después, en marzo de 1976. El PST, en ese momento, advertía que “nos está permitido, y a veces es imprescindible, organizar y realizar acciones prácticas en defensa de los derechos democráticos conjuntamente con organizaciones y tendencias no proletarias. Esa es la enseñanza de Lenin”. Lamentablemente, sin embargo, “las acciones prácticas” brillaron por su ausencia, porque, de un lado eran un puro pretexto para ser reconocidos en el ‘sistema de partidos’, y porque estaban destinadas a combatir un golpe ‘liberal’ imaginario y no a la Triple A y su gobierno realmente existente.

La realidad, como lo explicaba Política Obrera, era otra – no había ningún golpe en puerta, luego que los golpistas de siempre hubieran traído de regreso a Perón. Para las Fuerzas Armadas, Perón era la única alternativa del momento, en especial porque no depuró sus filas y había designado a un militar ultraderechista, Numa Laplane, como jefe del Ejército. El mismo Perón se valía del escenario constitucional, para derribar gobernadores ‘montoneros’ y organizar las tres A. La intervención federal a Córdoba había sido pactada con Balbín, el líder de la UCR. El “bloque de los 8” buscó que los secuestros y asesinatos que comenzaron a hacerse para ‘eliminar a los violentos’, no descarrilaran a la democracia. En lugar de las “acciones prácticas” que exigía Lenin, el bloque de los 8 produjo una declaración que ni siquiera denunciaba los crímenes políticos, ni condenaba a los gobiernos militares vecinos o al imperialismo de Nixon y Kissinger, violentando la otra exigencia de Lenin que era destacar la diferenciación del partido de la clase obrera de los partidos de la burguesía y en especial de la pequeña burguesía, en toda lucha práctica contra los golpes reaccionarios (“Acerca de las consignas”). El mismo PST definió, un año más tarde, al bloque de los 8 como “una mesa de discusión (sic) a todas luces insuficientes (sic) para defender las libertades públicas”.

Este “bloque de los 8” hizo su debut oficial participando de una reunión con el presidente Perón en la Quinta de Olivos y emitiendo un documento conjunto. El PST publicó el documento íntegramente en las páginas de su periódico (Avanzada Socialista N°97, 28/3-5/4 de 1974), donde promovía “mantener y consolidar (sic) el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia y en la práctica de la convivencia y el diálogo constructivos”; “observar, con creciente inquietud, el desarrollo de factores de perturbación que afectan a distintas expresiones de la vida institucional de la República”; por “desarrollar la lucha en favor de la liberación nacional y la justicia social” y “en coincidencias con manifestaciones públicas anteriores del presidente de la Nación” subrayan “lo contraproducente y peligroso de cualquier intento por confundir el aparato del Estado con el partidario o hacerlo intervenir en luchas internas que deben resolverse en su círculo natural; y lo negativo de la acción de funcionarios que utilicen el poder para gravitar en ellas, introduciendo elementos que desconciertan y confunden a la opinión pública”. Finalmente, señala que “los que buscan el fracaso del régimen constitucional o esperan la aparición de circunstancias que hagan posible una nueva aventura reaccionaria (…) deben saber que aquí está reunido el país (sic) y en coincidencia fundamental, les ha dado la espalda”. Este texto lleva la firma del PC y el PST. En un artículo en la misma edición de Avanzada Socialista dice: “impusimos como condición previa para nuestra concurrencia a Olivos, la redacción de un documento que expresara los verdaderos alcances de nuestra presencia”. Las “exigencias” del PST, aclara, fueron aceptadas “tal como quedó redactado” en el documento, el cual “quedó reducido a la verdadera dimensión de la entrevista: expresar la inquietud colectiva de los Partidos Políticos frente a las amenazas y los ataques concretos llevados a cabo contra las libertades democráticas”. El ejecutor de esos ataques era el mismo gobierno de Perón.

El PST se jugaba de lleno a la política del Frente Popular, en una variante cien veces más derechista que la que el año anterior había llevado a la catástrofe en la experiencia chilena. En su periódico aseguraba que “el que ocho partidos políticos hayan coincidido en solicitar la entrevista para plantear el problema institucional es de extraordinaria importancia”. Aunque, añadía, es insuficiente, por lo que esa “coincidencia” debía pasar a a la acción, “comenzando por un gran acto público de todos los partidos, juventudes políticas y organizaciones obreras y estudiantiles”. A la salida de la entrevista con Perón, frente a los medios de comunicación, Coral (dirigente del PST que participó de la reunión) aseguró que “a diferencia de Chile, entre nosotros no hay en este momento ningún partido dispuesto a apoyar un golpe de estado” (reproducido en AS, ídem). El PST le lavaba la cara, con dos años de anticipación, a los partidos de la patronal que apoyarían en conjunto al golpe del 76. En el mismo número de su periódico el PST aseguraba que “la estabilidad de las actuales instituciones no está cuestionadas todavía por una nueva y superior democracia obrera (sic), no están cuestionadas desde el movimiento obrero”. El PST informó que “Perón nos formuló la categórica (sic) afirmación de que las Fuerzas Armadas están disciplinadas en torno a sus mandos; dio seguridades sobre su acatamiento a las instituciones legales; su firme compromiso de mantener la legalidad a todo trance”. De la Triple A, nada. Coral respondió a Perón que “los más importantes factores de inestabilidad [se están] desarrollando aceleradamente, aún al margen de la transitoria disciplina de las FFAA”.

Esta política de sometimiento a la burguesía y al Estado no era patrimonio exclusivo del PC y el PST. En junio de ese mismo año se llevaría a cabo el VI Congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), impulsado por el PRT, junto a otras organizaciones de izquierda y peronistas (incluida la adhesión del dirigente obrero Agustín Tosco), que reuniría en la ciudad de Rosario unos 25 mil activistas. El frente proponía la “unidad entre el peronismo y la izquierda”, así como incorporar a Montoneros y a “todas las fuerzas políticas que quieran luchar contra el fascismo”, en el cual no incluía a la fracción fascista del gobierno peronista (López Rega). Para impulsar la “unidad”, el FAS evitaría pronunciarse sobre el gobierno de Perón. Un año atrás, Roberto Santucho, había explicado que “a partir [del FAS] las fuerzas populares podemos darnos una política de Frente Popular más amplio y dirigido a neutralizar y después a ganar a sectores de la burguesía media o nacional uniéndolos al pueblo” (8/73). Días después fue lanzado el Operativo Independencia que militarizó la provincia de Tucumán con la excusa del campamento guerrillero que el PRT-ERP había instalado en el monte con algunas decenas de combatientes.

Aún más adelante, ante el fracaso del FAS, Santucho insistirá en la formación de un “Frente Democrático y Patriótico”. Los contactos entre el PRT y Montoneros serían permanentes en este período, aunque de manera interrumpida en numerosas ocasiones. El PRT había ya roto con el Secretariado Unificado de la IV Internacional para pasarse al 'castrismo' y denunciar al Secretariado de 'contrarrevolucionario'. En febrero de 1975, el boletín interno del PRT informará que “hace poco más de seis meses se retomaron las relaciones a nivel de dirección entre nuestro partido y Montoneros. Se han registrado avances positivos en las discusiones. Se abrieron perspectivas para el trabajo unitario e incluso para la formación de un solo ejército guerrillero en nuestra patria”. Montoneros había decidido pasar a la clandestinidad en septiembre de 1974, luego de la muerte de Perón. Después del golpe, ambas organizaciones harían nuevos intentos por fusionar su actividad guerrillera.

En el caso del PST, la firma del documento del “grupo de los 8” y la participación en la reunión de los partidos patronales con Perón suscitaron duras críticas desde dentro y fuera del partido. La organización de Moreno consideró necesario ofrecer una réplica (“Firmamos el 'documento de los ocho partidos', caímos en la trampa”, AS ídem) que atribuye a un simpatizante (“compañero F.”)(aunque en la crítica en cuestión cita el Boletín Interno del partido). El texto afirma que: “pocos días después de la muy significativa victoria de Villa Constitución (…) el Partido comete el grave error de firmar un documento junto con todos los partidos políticos de la burguesía nacional 'opositora', para presentárselo en bandeja a Perón. Este documento es un triunfo de Perón en todos los aspectos, que le facilitamos gratuitamente. Nos comprometemos a 'apoyar en todas sus instancias el proceso constitucional'. El 'proceso institucional' lo conduce Perón a su manera muy particular”, haciendo seguidamente mención a toda la política represiva y avasalladora de las libertades democráticas del gobierno. Y agrega: “El mito de Perón está tambaleándose. Y nosotros, en vez de ayudar a empujar para que se derrumbe definitivamente, al firmar ese documento ayudamos a reponer su prestigio. ¡Caímos en la trampa que Perón junto con Balbín y los demás socios del GAN nos han tendido! ¡Qué dirán los magníficos luchadores de Villa Constitución!”. El “compañero F.” aseguraba que “por temor al 'golpe fascistizante' buscamos la protección en un acuerdo completamente ineficaz con el enemigo de clase. Y me llaman a mí 'sectario' porque me opongo a este proceder”. Y agregaba que “la defensa contra el avance de la 'fascistizante' derecha se logra únicamente mediante la movilización de las masas y no por la firma de un documento con el enemigo de clase. ¿Hemos criticado correcta y acertadamente a los compañeros chilenos y bolivianos, para caer ahora nosotros en el mismo desastroso error?” Finalmente, sostiene: “el Frente Único, inclusive con el enemigo de clase y con 'la abuela del diablo' (L.T.) no solamente es admisible, sino un deber revolucionario, en determinadas circunstancias y condiciones. Pero siempre con un objetivo concreto y circunscripto. No es admisible para apoyar a un gobierno tambaleante. (…) El Frente Único no es admisible para ayudar a la burguesía a salir de una situación difícil que amenaza con un levantamiento popular”.

La respuesta por parte de la dirección del PST (“Respuesta al compañero F.”, AS, ídem) fue más que elocuente. Afirma que el documento firmado fue un acuerdo “en defensa de las libertades democráticas y del mantenimiento del régimen constitucional”. Luego le pregunta al 'compañero F.': “¿fue correcta o no la posición del Partido Socialista de los Trabajadores de llamar a la unidad de acción para que [Obregón Cano] fuera repuesto (sic) en su cargo? O dicho de otra forma ¿fue correcto o no llamar a la unidad de acción para defender la institucionalidad burguesa (¡¡sí, burguesa!!)?”.

La dirección del PST embrollaba todo. El documento firmado con los partidos patronales no representó ninguna unidad de acción de ningún tipo. Por otro lado, no hubo lucha contra el golpe derechista en Córdoba – una huelga general, no para ‘restituirlo’ sino para derrotar la acción golpista y detener a la camarilla navarrista. El PST agregaba que “usted habla de 'derrumbe' [del gobierno]. Nosotros le advertimos: cuidado con los cascotes. Porque si el edificio de la institucionalidad democrático-burguesa amenaza con derrumbarse -sea en la provincia de Córdoba o en el orden nacional- lo primero y elemental es ver concretamente quién lo derrumba, para qué lado va a caer y a quienes van a aplastar sus escombros. (…) Y esta institucionalidad democrática -mientras no podamos reemplazarla por un gobierno y una democracia obrera- nos conviene que se mantenga, porque es el mejor terreno, el más ventajoso, para luchar por ese gobierno obrero”. La posición es criminal: la defensa de las “instituciones burguesas” por medio de la acción directa, o sea la huelga, los piquetes y la movilización, apunta a crear las “instituciones” obreras –consejos obreros, soviets–, no al mantenimiento de la “institucionalidad democrático-burguesa” ¡lo que más nos conviene!

En una parte más que elocuente, el PST sostiene lo siguiente: “en esto hay que ser claros y precisos: o llamamos, en las actuales circunstancias, a derrocar a las instituciones, o estamos por mantenerlas por el momento. Lo que nunca pueda hacer un marxista es no plantear ni fu ni fa”. A es A y B es B, no se transforma una en otro. La oposición obrera al golpismo, con métodos de clase, abre un escenario de doble poder y la creación de una situación revolucionaria. El PST nos demuestra que su colaboracionismo de clase con el Estado está profundamente enraizado en una concepción metafísica del desarrollo de la lucha de clases -esto es esto y lo contrario de esto es otra cosa. El PST se convierte de este modo en portavoz de una extorsión contra los trabajadores, que han sustentado todos los Frentes Populares y, por lo tanto, fueron la antesala de los golpes derechistas. El párrafo final de su respuesta es contundente: “Por más vueltas que le demos, terminamos siempre en lo mismo: ¿hay que defender o no -en esta etapa- el mantenimiento (sic) del régimen constitucional y las libertades democráticas contra la escalada derechista. ¿Sí o no? Nosotros sostenemos que sí.”. El PST, efectivamente, realizó todo tipo de acuerdos con los partidos patronales en defensa de las instituciones.

La polémica sobre la política frentepopulista del PST continuó y en números posteriores de su periódico debieron defenderse nuevamente de las críticas a su orientación. Una de ellas vino del Secretariado Unificado. El SU dirá que el PST contribuyó con su política a una “mistificación de Perón”, sobre lo que en realidad era un Frente Popular que procuraba funcionar como reaseguro del régimen político. En su larga respuesta al SU (“En defensa del PST”, AS N° 119, 9/74), el Comité Ejecutivo del PST sostuvo por primera vez lo que luego dirá en numerosas ocasiones: que en realidad nunca habían firmado ningún documento con los partidos patronales. “Reconocemos que parte de la culpa [de que el SU 'creyera' que firmaron el “documento de los 8”] recae sobre nosotros. A.S. publicó el texto del supuesto (sic) documento conjunto en su edición del 28 de marzo-5 de abril, con una lista de supuestos (sic) firmantes. Se trata de un error del que nos hacemos responsables, así como de la demora en corregirlo”, asegura en septiembre de 1974, seis meses después de firmar, publicar y defender el documento de los 8. El PST no sólo había publicado el documento en su periódico, con la firma del PST incluida, sino que además había defendido el contenido del documento sistemáticamente y explicó con detalles, incluso, cómo el documento había sido confeccionado a instancias del propio PST.

El PST brindará aquí, seis meses después, una versión completamente diferente de los hechos a la que había dado anteriormente: “la proyectada entrevista [con Perón] tenía otro carácter: era un acto formal de gobierno, de características casi parlamentarias. (…) En consecuencia, Perón exigió que dichos partidos de oposición presentaran un documento que formulara los objetivos que buscaban logar en la entrevista. Que en ese momento un partido de oposición que se retirara habría significado un riesgo para su legalidad. Y para los leninistas el luchar por la legalidad y el mantenerla, cuando se la ha obtenido, es un problema de principios”. Mentiras: los principios de Lenin han sido defender la organización clandestina incluso en períodos de legalidad. El PST pagará caro este embuste cuando intentó mantener la legalidad a cualquier precio después del 24 de marzo de 1976.

El tono de la respuesta al SU, muy diferente al usado con el “compañero F.”, da cuenta del recule del PST: “puede argumentarse que fue un error que concurriéramos [a la reunión con Perón]. No creemos que lo haya sido, pero estamos dispuestos a discutir el problema y a reconocer nuestros errores si se nos presentan argumentos suficientemente convincentes. (…). Reconocemos que nuestra participación en la entrevista con Perón pudo no haber sido entendido por unos pocos militantes leales y malinterpretada maliciosamente por algunos de nuestros adversarios”. Finalmente, el PST asegura que “la entrevista se realizó sin que se presentara a Perón ningún documento común” y explica que “al informar a la prensa su versión personal de la entrevista con Perón, Balbín utilizó como ayudamemoria su propio proyecto de declaración, basado en las correcciones que había efectuado a los de Alende y Coral. Fue de este hecho, sin duda, que los periodistas recibieron la impresión de que se trataba de una declaración conjunta y, unos pocos de ellos, de que había sido entregada a Perón”. En su número de marzo-abril, el PST, recordemos, publicó el texto del documento con la firma de los ocho partidos y el título “Texto del documento presentado al presidente de la nación”. El PST sostiene (seis meses después) que se trató de un error en la publicación, producto del “rápido” y “gran crecimiento” que atravesaba el partido. Todo este embrollo, aunque con menos escándalo, esgrimiría luego el MAS acerca de si firmó o no el “acuerdo democrático” con los partidos patronales en ocasión del golpe de Aldo Rico en semana santa de 1987.

Ante la crítica del SU acerca de que el PST no hacía una distinción entre las libertades democráticas y las instituciones de la democracia burguesa, el PST respondía que “reconocemos que algunas de nuestras formulaciones pueden haber provocado esta impresión. Hasta es posible que hayamos cometido el error de no distinguir cuidadosamente, en la situación actual por la que atraviesa la Argentina, la diferencia entre la defensa de una 'estructura' burguesa dada y la defensa de los derechos democráticos. Puesto que se nos ha llamado la atención sobre el particular, lo estamos estudiando”. Estos recules eran pura maniobra. El partido de Moreno seguirá defendiendo a rajatabla su orientación política frentepopulista. Cuando la burguesía vuelva a reflotar el “bloque de los 8” un año después, el PST volverá a sumarse a él, siempre en nombre de la amenaza del golpe y la defensa de la institucionalidad.

En 1974 Política Obrera rechazaba la caracterización de una amenaza de golpe y destacaba la centralidad del gobierno peronista como el enemigo político de la clase obrera. Sin esta comprensión, el ERP y Montoneros continuaban con sus atentados contra instalaciones militares, en el entendimiento de que eran las fuerzas armadas y no el gobierno peronista que las protegía, el llamado ‘enemigo fundamental’. Cuando la situación se invierte, a partir de mediados del 75, esta misma izquierda declararía como ese ‘enemigo’ al declinante gobierno peronista, y no al golpe inminente, a cargo de un nuevo jefe, Jorge Rafael Videla. Decíamos: “¿Cuándo va a producirse el golpe de estado? Si bien en lo inmediato está descartado, el momento del golpe inevitable depende de la evolución de la lucha de clases: la crisis del Pacto Social, la radicalización del movimiento obrero, la crisis del peronismo son los factores que, con su ritmo, determinarán su momento. Lo fundamental es entender que Perón trabaja activamente con la burguesía en la búsqueda de su sucesión política, y que ésta, que está dirigida contra las masas no puede resolverse sino por la vía de la fuerza terminando con la fachada democrática. El golpe de estado no es contra la orientación de Perón: se enmarca en su ofensiva derechista, y él mismo trabaja para ella” (PO, 16/3/74). En efecto, es el gobierno peronista el que decretará, en agosto de 1975, el objetivo de “aniquilar a la subversión” por medio del Operativo Independencia de los generales Acdel Vilas y Antonio Bussi.

La muerte de Perón precipitó el copamiento del ala más derechista del gobierno (Isabel-López Rega), que reprimió brutalmente la huelga de Villa Constitución y militarizó la cuenca industrial del Paraná. Política Obrera fue el único partido que denunció este cambio parcial de régimen. La caracterización que hizo el PST del gobierno de Isabel era totalmente opuesta a la de PO. Entendían que “la señora de Perón se mostró decidida a ejercer el papel bonapartista; es decir, la función de árbitro capaz de resolver los roces y antagonismos entre las diversas clases y sectores. Dicho de otro modo, exhibió su voluntad de prolongar el principal atributo de su esposo, la tarea específica para la cual fue devuelto al poder”. El título del artículo era “Los primeros pasos de Isabel, con los trabajadores a la expectativa” (AS 112, 6/74) y se refería al gobierno de Isabel como un gobierno de “alianza de clases”. Ante el trascendido de un almuerzo celebrado por López Rega, Gelbard y los comandantes en jefe de las FFAA, el PST sostenía que “las Fuerzas Armadas han dado, pues, pasos concretos para cubrir el vacío de autoridad y, paralelamente, se advierten esfuerzos de distintos partidos de la burguesía por articular un 'frente popular' que logre cubrir el vacío político” (AS 113, 7/74). En ese cuadro, el PC, el PCR y el PST emiten pronunciamientos contra los golpes de estado, sin nunca identificar a los candidatos a dar el golpe. Esta orientación, sostenía entonces Política Obrera, “oculta el auto-golpe de Isabel y el Ejército, contra los trabajadores, que se hará dentro de la 'Constitución'”, como se comprobó enseguida con la militarización de Tucumán (“Operativo Independencia”). Mientras el partido comunista llamaba a una salida “constitucional” que surja del acuerdo de “todos los partidos, partidarios del diálogo, la CGT, la CGE, las Fuerzas Armadas, instituciones religiosas”, etc.; el PST saludaba “a la dirección sindical [la burocracia de las 62 Organizaciones] por haber marcado correctamente que el enemigo son los golpes de estado” (no el gobierno NR) y que “la situación política ha entrado en un trance en que puede producirse un golpe de estado”; el PCR planteaba luchar “junto al pueblo peronista en defensa del gobierno de Isabel contra las conjuras imperialista”.

El argumento del PST a favor de un frente popular era el mismo del stalinismo. Para el PC, la muerte de Perón y la asunción de Isabel “han puesto al rojo vivo un tema fundamental: el unánime apoyo del pueblo a la continuidad del régimen constitucional”. Y llamaba al “grupo de los 8” a formar “un gabinete de amplia coalición democrática, capaz de respaldar a la señora Presidente y dar estabilidad al gobierno con un poderoso apoyo de las masas” (Nuestra Palabra, 8/74).

El PST, en junio de 1974, en un artículo llamado “Proceso de institucionalización”, señala que “es una obligación socialista y revolucionaria defenderlo [al gobierno] de los ataques de la derecha golpista” (AS N° 110, 6/74). Allí sostenían que “nuestro partido es el único de la izquierda revolucionaria argentina que públicamente ha proclamado que apoya el 'proceso de institucionalización'. (…) En octubre de 1972, nuestro Partido concurrió a entrevistar al representante de la dictadura militar (sic) para decirle que apoyábamos el 'proceso de institucionalización' y que reclamábamos el retiro del poder de la Junta Militar. (…) Son las mismas medidas [que fueron planteadas en la posterior reunión con Perón] que hemos vuelto a reiterar tras la muerte del general Perón: nuestro apoyo al 'proceso de institucionalización' contra los ataques de la derecha golpista”. Al referirse a la condena a los golpes derechistas, el PST agregaba que “en esa condena coincidimos con distintos sectores, algunos patronales, como la UCR o el alendismo, y otros obreros, como nuestro Partido”. En su coincidencia con la UCR, insistían, “el doctor Balbín lo hace en nombre de la Constitución burguesa y liberal que él defiende; nosotros lo hacemos por la democracia obrera y el socialismo”. También explicaba que con María Estela Martínez de Perón tenían un “enemigo común”, que eran los intentos reaccionarios por derribarla. “Esas coincidencias con sectores patronales pueden tomar la forma de acuerdos circunscriptos, de documentos, declaraciones, etc.”; la “acción práctica” de Lenin fue sacada de circulación. En el mismo artículo sostienen una afirmación sin precedentes por su ‘claridad’: “el famoso 'proceso institucional' es hijo directo del Cordobazo. Fue la gran movilización obrera y popular la que despertó e incentivó las adormecidas conciencias democráticas (sic) de la burguesía”. Cuando los levantamientos obreros despiertan la “conciencia democrática de la burguesía”, ésta se convierte en revolucionaria, según advirtió Engels hace 150 años.

La huelga general de junio-julio de 1975 fue un parteaguas en la situación política y en la orientación seguida por todas las fuerzas, incluida la izquierda. El “bloque de los 9”, que murió sin haber defendido ningún derecho democrático, fue entonces resucitado (consciencia democrática de la burguesía) en medio de la huelga, como mecanismo derrotarla. En una declaración, el “bloque de los 9” (los 8 de siempre más el Partido Auténtico), con la firma del PC y el PST, sostenía que “el ordenamiento de la Nación debe regirse por la Constitución Nacional y por las leyes que en consecuencia se dicten; que la república debe gobernarse conforme a las instituciones que la historia y la lucha de nuestro pueblo han puesto en vigencia”. No llamaba a preparar una huelga general contra el golpe, sino que se enredaba en el palabrerío con los partidos que iban a reclamar el golpe con más fuerza, como ocurrió con la UCR y, hasta cierto punto, el mismo partido comunista. El PST señaló en mitad de la huelga general (5/7/75), contra la supresión de los convenios colectivos, por parte de Isabel-López Rega, que a los obreros “los ha confortado leer que el bloque sindical de la CGT en la Cámara de Senadores y Diputados, apoyado por el Frejuli, la Ucr y todos los representantes partidarios apoyan nuestra lucha”. El PST dedujo también que “está abierta la posibilidad de que surja un partido basado en los sindicatos y en la CGT. Se conquistaría así, por esa vía, el objetivo revolucionario más importante” (5/7/75). En ese marco, el PST planteó la renuncia de Isabel y la elección de un representante de la burocracia sindical en el Congreso como presidente del Senado para actuar como presidente interino. En esa política se embarcaron el PST y el PC. Política Obrera sostuvo, en cambio, que “la defensa de la institucionalización es exactamente lo contrario de (la defensa) de las libertades democráticas” (PO, 30/04/74). En el apogeo de la huelga, PO destacaba la emergencia de una situación revolucionaria y, contra “el auto-golpe de Isabel-López Rega”, dejó planteada “la huelga general centralizada con ocupaciones de fábricas” (04/07/75).

Política Obrera denunció el levantamiento por arriba de la huelga general de junio-julio de 1975, en los siguientes términos: “sólo quienes buscan evitar la revolución obrera pueden proclamar como una victoria la desmovilización de las masas con el 90 por ciento de sus aspiraciones sociales y democráticas sin resolver". Comienza a prefigurarse entonces la salida golpista, a fines de agosto del 75, una vez que Videla, un general ‘liberal’, fuera nombrado comandante en jefe del ejército, Política Obrera caracterizó entonces que estaba en preparación, ahora sí, un golpe de Estado. PO había abierto el capítulo de la cuenta regresiva del golpe a partir del compromiso alcanzado por la CGT con el gobierno peronista, que desarmó a la clase obrera e incluso inició un periodo de reflujo. Advertidas de la profundidad de la crisis política que puso de manifiesto la huelga general de más de un mes, las Fuerzas Armadas concluyeron que la experiencia del retorno de Perón había concluido, y que era necesario aprovechar el desarme político de la clase obrera, para encabezar una salida de conjunto, o sea golpista. El PST llegó a otra conclusión – que había que prepararse para las elecciones adelantadas que había prometido Isabelita para mediados del 76, a diferencia del PC, que propugnaba un gobierno cívico-militar, y del PCR, que defendía al gobierno de Isabel contra un golpe “(d)el imperialismo ruso” (sic).

El resto de la izquierda vio en Videla a un ‘defensor de las instituciones’ y no al jefe del futuro golpe. Fue entonces también cuando la izquierda “institucionalista” abandona el planteo anti-golpista y pro institucionalista. Incluso, le da la espalda a la lucha por las libertades democráticas. El PC comenzó a reclamar la constitución de un “gabinete cívico-militar”. El PST planteó que no había que reclamar la libertad de los presos los guerrilleros, porque éstos no eran presos políticos. En oportunidad del asesinato del vicecomodoro Rolando Sileoni, director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, el PST se solidarizó “con el dolor de sus familiares y colegas” (19/9/75).

Política Obrera caracterizaba entonces que “en las Fuerzas Armadas se encuentra el estado mayor de la ofensiva antiobrera, y ésta tomará más tarde o más temprano la forma de un golpe militar para sustituir por completo el régimen político basado en el parlamento, las elecciones y la libertad de organización de los trabajadores. La clase obrera debe tener una actitud militante contra el golpismo, porque los propósitos de éste serán en definitiva el aplastamiento de los explotados. Pero en ningún caso la necesidad de la lucha contra el golpe militar debe ser una razón para defender políticamente al actual gobierno. Esto porque el gobierno peronista no sólo es un gobierno antiobrero sino que está en completa descomposición, y detrás de él se preparan las soluciones impulsadas por el imperialismo. Toda conciliación con este gobierno con el pretexto de ‘no provocar’ el golpe significa exactamente atarse las manos para la resistencia antigolpista. Sólo mediante la más enérgica movilización contra el gobierno actual, construyendo en esta lucha los órganos del poder político de los explotados, podrá el proletariado derrotar al golpe militar” (8/9/75). ¡Un planteamiento ejemplar!

A fines de 1975, el PST decidió retirar la consigna de "renuncia de Isabel”. La razón era que “La renuncia, tal como la pedimos nosotros, para abrir paso a elecciones verdaderamente libres ya no es posible. Todas las grandes organizaciones: la CGT, el Parlamento, los mandos militares, los partidos políticos patronales, es decir, todas las fuerzas que en la huelga general de junio-julio estaban detrás del movimiento obrero y reclamando, con algunas diferencias el alejamiento del Gobierno (por supuesto que con objetivos distintos a los nuestros) ahora están a favor de que se quede” (5/12/75). O sea, en vísperas del golpe, para el PST nadie quería el golpe, de modo que había que apoyar, institucionalmente, la continuidad del gobierno peronista, que incluso era poyado por las FFAA, La relectura de posiciones contrarrevolucionarias tan imbéciles sigue asombrando; denunciaba incluso a quienes pronosticábamos la inminencia del golpe, como “impresionista”. Decía que “la crisis política sigue, pero las fuerzas patronales han sellado, con el plan Robledo, un acuerdo fijando el nuevo terreno para enfrentar al movimiento obrero: el de las elecciones... tenemos que señalar claramente: ahora la lucha contra el gobierno, contra sus variantes y contra las distintas alternativas patronales se va a trasladar al campo de las elecciones. Para luchar en ese campo debemos prepararnos rápidamente”. Las FFAA, en diciembre de 1975, habían “sellado’ la continuidad constitucional. Entre los pronósticos desacertados, este tiene un lugar singular – no se equivoca en su previsión, simplemente dice todo lo contrario. El PST simplemente dio crédito los rumores de una división en el ejército, que luego se manifestarían en la formación de una Junta Militar encargada de supervisar al uniformado que sería escogido como Presidente.

Pero 15 días después se produjo una sublevación golpista de la Fuerza Aérea. En una Multisectorial convocada en Córdoba en las semanas siguientes, el PST sostuvo que “nosotros consideramos que es positivo el inicio de este tipo de reuniones” (24/1/76) y que “era un paso muy importante en la lucha contra los secuestros. (...) Si bien no se tomó ninguna resolución la reunión fue muy útil (sic) porque permitió expresar el repudio generalizado a las bandas armadas y sentó un precedente (sic) para encarar futuras acciones comunes” (9/2/76). Una vez más, el PST ponderaba un frente con los partidos de la burguesía, que semanas después llamarían a “erradicar a la guerrilla fabril”. El PST insistía en que la burguesía no quería desplazar al peronismo del gobierno. El golpe de Videla que se produjo un mes más tarde encontró al PST totalmente desarmado. No fue el final, porque el triunfo del golpe suscitó las más descabelladas posiciones políticas.

Después del golpe

La inmensa mayoría de la izquierda y de las organizaciones nacionalistas no previó, ni se preparó para, la inminencia del golpe militar. A finales de 1975, la principal organización armada peronista, Montoneros, que había retornado a la clandestinidad en setiembre de 1974 (después de la muerte de Perón) creó del Partido Peronista Auténtico para presentar candidatos propios en las elecciones que debían realizarse en 1977 (y que el gobierno de Isabel luego adelantó a finales de 1976). El PC y el PST habían visto en Videla (reemplazante de Numa Laplane al frente del Ejército) a la entronización del ala “blanda” y “democrática” de las Fuerzas Armadas, por lo que también preveían un regreso democratizador en el país. El PC consideraba “una necesidad política e histórica la participación de las Fuerzas Armadas, en igualdad de condiciones con los civiles, en un gobierno cívico militar de amplia coalición democrática” (Comunicado del PC, 23/3/76). Por su parte, el PST caracterizaba desde finales de 1975 que el conjunto de las patronales había llegado a un acuerdo acerca de “el nuevo terreno para enfrentar al movimiento obrero: el de las elecciones”, remarcando que “ahora la lucha contra el gobierno, contra sus variantes y contra las distintas alternativas patronales se va a trasladar al campo de las elecciones. Para luchar en ese campo debemos prepararnos rápidamente” (Avanzada Socialista, 5/12/75). Política Obrera consideraba que la cuenta regresiva del golpe se había iniciado con el cierre de las huelgas de junio-julio del 75.

El decreto 6 de la Junta Militar suspendió la actividad, política y los partidos políticos en todas las jurisdicciones. El decreto ley 21.323, del 25 de marzo, prohibió todo tipo de partido político calificado como de extrema izquierda, entre los que se encontraban el Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores y Política Obrera (no así el Partido Comunista). En su articulado se decretaba la clausura de sus locales y se les bloqueaban los bienes patrimoniales y cuentas bancarias. Luego, las leyes 21.322 y 21.325 disolvieron y declararon ilegales a la mayor parte de las agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles de la izquierda marxista y peronistas. Pero, más importante, en paralelo a las medidas “legales”, la dictadura comenzó a secuestrar y cobrarse la vida de miles de militantes y activistas obreros y estudiantiles desde el mismo 24 de marzo de 1976.

Partido Comunista y PCR

La primera reacción de la izquierda frente al golpe fue elocuente. El PC se convirtió inmediatamente en poco más que un vocero de la dictadura. Al día siguiente del golpe emitió un comunicado firmado por su Comité Central: “Ayer, 24 de marzo, las fuerzas armadas depusieron a la Presidente María Estela Martínez reemplazándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación había llegado a un límite extremo 'que agravia a la Nación y compromete su futuro' como se dice en uno de los comunicados de las fuerzas armadas. (…) El Partido Comunista siempre se pronunció contra los golpes de estado. La experiencia indica que desde 1930 los golpes de estado tuvieron por objeto defender el latifundio improductivo y aumentar el grado de dependencia del país. Esta vez ¿se romperá esa nefasta tradición? El Partido Comunista está convencido de que no ha sido el golpe del 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política y económica, cultural y moral. Pero estamos ante una nueva realidad. Estamos ante el caso de juzgar los hechos como ellos son. Nos atendremos a los hechos y a nuestra forma de juzgarlos: su confrontación con las palabras y promesas. Los actores de los sucesos del 24 expusieron en sus primeros documentos sus objetivos, que podríamos resumir de la siguiente manera: fidelidad a la democracia representativa con justicia social, revitalización de las instituciones constitucionales, reafirmación del papel de control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y a la defensa nacional, defensa de la capacidad de decisión nacional. El Partido Comunista, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su Programa, que se propone el desarrollo con independencia económica; la seguridad con capacidad nacional de decisión, soberanía y justicia social”. Ante la promesa de la Junta de “poner fin a la subversión”, el PC reclamaba “también (sic) investigar y castigar con el máximo rigor a las bandas hasta ahora impunes de criminales fascista”. Finalmente, “el Partido Comunista considera auspicioso que la Junta Militar haya desechado una solución pinochetista”.

Para el PC: “las fuerzas armadas justifican su acción expresando que tienen el deber de salvar la Nación. Esta no es su tarea privativa, sino la de todos los argentinos, civiles y militares. La gravedad de la situación no podrá ser superada por ninguna fuerza política por separado, ni por sector social o por las fuerzas armadas. Existe sin duda una situación de emergencia nacional que se debe abordar con medidas de emergencia. (…) Para hacer viable una plataforma de emergencia nacional se requiere llegar a un Convenio nacional democrático que sirva de fundamento a un gobierno cívico-militar de amplia coalición democrática. El Partido Comunista reconoce el papel que juegan las fuerzas armadas en la vida nacional. Si la Junta Militar es una transición al tipo de gobierno que el país necesita, se habría dado un paso adelante. Se derrumbaría la barrera que separa las fuerzas armadas del pueblo”.

El apoyo del PC a Videla no hizo más que crecer con el correr de los meses. En septiembre de 1976, sostenía que “el discurso del general Videla, con motivo del aniversario de la Batalla de Tucumán, y en ocasión de cumplirse el sexto mes, desde el 24 de Marzo, cuando las FF. AA. se hicieron cargo del gobierno nacional, tiene indudable importancia. Confirma enunciados programáticos y condiciones mínimas de convivencia hacia 'la Fundación de un orden justo para todos, sin excepciones: para gobernantes y gobernados; para la solución pacífica de las controversias sectoriales; para quienes aspiran a competir con sus méritos y conductas por las posiciones de mando, y para quienes inicien el curso honorífico de su vocación por el bien público; para quienes se arriesgan con su espíritu de empresa, y para quienes abonan con su trabajo el esfuerzo común (…)'”. El texto del PC reproduce en su periódico y elogia las palabras del dictador argentino: “'el proceso no está dirigido contra ningún sector' —reitera el General Videla, en momentos en que esta afirmación es atacada por los voceros del oscurantismo y la desunión de los argentinos — agregando que la 'reorganización nacional en que las FF. AA. están comprometidas tiene por finalidad instaurar, en su momento, una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de evolución y progreso del pueblo argentino'”. El PC reprodujo grandes extractos del discurso de Videla, exaltándolo, y hablaba de “las miles de víctimas de la represión y del terrorismo, de uno y de otro signo”, en referencia a las organizaciones guerrilleras. El llamado final del PC seguía la misma línea política: “Urge concretar una convocatoria generosa que permita refrendar públicamente la solidaridad para converger en los grandes objetivos comunes, superando nuestras diferencias. Los distintos sectores populares, de la cultura y de la economía, de la ciencia y de la política, de la Iglesia y de las FF. AA., de la juventud y de las mujeres, de la ciudad y del campo, pueden acordar las bases de un auténtico convenio nacional, amplio y democrático”. Nada de esto impidió (más bien favoreció) que la militancia del Partido Comunista fuera secuestrada por docenas a metros de los locales que la dictadura les permitía mantener abiertos.

El Partido Comunista Revolucionario, que defendió políticamente hasta el último día al gobierno de Isabel-López Rega, vio detrás del golpe del 24 de marzo el largo brazo de la burocracia de la URSS; una orientación que pasó a la historia. Pocos días después del golpe, publicó un texto que afirmaba que “el golpismo lanussista prosoviético [del 24 de marzo] conspira abiertamente para concretar aceleradamente su golpe 'reordenador' adelantándose al creciente repudio del pueblo argentino. Sólo la decidida movilización obrera y popular puede enfrentarlo y derrotarlo. Armas al pueblo. Coordinar desde las fábricas la acción popular. Toda medida de lucha debe contribuir a la acción ofensiva y combativa de los trabajadores, al levantamiento popular antigolpista y liberador. Cárcel para los conspiradores y libertad a los patriotas antigolpistas presos. En defensa de las conquistas amenazadas y en el camino de la lucha por la liberación definitiva, junto al pueblo peronista y patriotas argentinos defender al gobierno de Isabel Perón. Contra el golpe prorruso y proyanqui. Otro 55 no Pasará (Nueva Hora, órgano del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, año IX, Nº 222, 23 al 29/3/76). El PCR llamaba al gobierno destituido de Isabel a que armara al pueblo y encarcelara a los golpistas (prosoviéticos).

Montoneros y PRT-ERP

Otras organizaciones, como Montoneros y el PRT-ERP prosiguieron la “guerra de guerrillas”. La disociación con la realidad era completa. En octubre de 1976, Montoneros todavía sostenía que “para disminuir las fuerzas del campo enemigo, nuestra propuesta es la guerra integral, popular y prolongada, que en esta etapa asume la forma de defensa activa mediante la resistencia popular en todas sus formas y la guerra de desgaste”. Montoneros planteaba en ese documento las “contradicciones de la política enemiga”: “contradicción entre la necesidad de aniquilar rápidamente a la vanguardia de las fuerzas populares (para impedir la masificación de la lucha, para recuperar el crédito internacional y para mantener cohesiona¬das a las Fuerzas Armadas y a los diversos sectores de las clases domi¬nantes), y el gran desarrollo político y organizativo de las fuerzas populares (...)”. Montoneros se proponía, “para agudizar esta contradicción”, desenvolver una “guerra de desgaste” (Evita Montonera, año II, Nº 14, octubre de 1976). Un ataque al ejecutivo de la Ford, el 26 de marzo, fue respondido por la dictadura, 24 horas después, con el secuestro y desaparición de 33 delegados gremiales de la Juventud Trabajadora Peronista. Montoneros mantenía en la legalidad a sus cuadros obreros.

Un año después del golpe, en un balance del año transcurrido, Montoneros planteaba que “en el terreno de la lucha armada, la Dictadura no tuvo el campo libre de obstáculos precisamente. Múltiples operaciones militares se desarrollaron durante el año; y van desde el ataque individual al ataque masivo, con la incorporación de una nueva táctica que causó estragos (cargas explosivas en sus madrigueras); produciendo fuertes golpes tanto entre sus efectivos militares como entre la patronal, con más de trescientas bajas entre muertos y heridos. Pero más que las bajas en sí, lo que más interesa es la demostración de que es posible continuar con el hostigamiento militar, y de la vulnerabilidad del enemigo (que conspira contra su pretendida imagen de estabilidad); adecuando las tácticas y ligando permanentemente el accionar armado con la necesidad de sostener y ampliar el espacio político. También en este terreno hay que señalar el heroico comportamiento de la inmensa mayoría de los compañeros, que resistieron los ataques del enemigo y convirtieron en verdaderas batallas lo que antes era un simple allanamiento, obligando a actuar a fuertes contingentes, con ametralladoras pesadas, e incluso piezas de artillería”. La dirección de Montoneros mandaría así a la muerte al conjunto de su militancia.

A fines de marzo del 76, el PRT-ERP publicó en su periódico El Combatiente un documento titulado “Argentinos: ¡A las armas!”, que confunde una situación contrarrevolucionaria con una revolucionaria. Allí, Roberto Santucho afirmaba que “el paso dado por los militares [el golpe] es como sabemos una irracional aventura condenada de antemano al fracaso”. El error es de dimensiones históricas. El documento sostenía que “llenos de pánico por el vigoroso desarrollo revolucionario de la clase obrera y del pueblo argentino, por el crecimiento constante y acelerado de las organizaciones de vanguardia [la guerrilla], por la amenaza real que ello representa para el régimen capitalista, el Partido Militar, como representante principal de los más grandes capitales extranjeros y nacionales, se ha decidido por la guerra total, por una prueba de fuerza definitiva”. La dictadura, decía, “coloca a todo nuestro pueblo frente a un desafío histórico, en una nueva etapa de la lucha revolucionaria ya iniciada, a las puertas de una época histórica y gloriosa por la que ya marcha erguida y determinada su vanguardia guerrillera”. Continuaba con una arenga mesiánica: “Es una tarea grandiosa que nos honrará y purificará, que despertará y activará las mejores virtudes, que hará surgir de nuestro pueblo miles y miles de héroes. ¡El espíritu del Che, del Negrito Fernández, de los heroicos compañeros que cayeron en la lucha se multiplicará por miles en las filas populares! Respondiendo con honor y vigor al desafío de la hora, uniéndonos y organizándonos para la resistencia y la victoria conquistaremos para nuestros hijos el nuevo mundo socialista de felicidad colectiva. Nadie podrá decir el día de mañana que los argentinos no supimos cumplir nuestros deberes de patriotas y revolucionarios. Las nuevas generaciones, por cuya felicidad daremos todo de nosotros, recordarán con orgullo a sus mayores, como nosotros recordamos a los patriotas que fundaron la nacionalidad. Y esa histórica responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros será dignamente cumplida por nuestro pueblo, por nuestro Partido, por nuestro Ejército Guerrillero y todas las fuerzas revolucionarias progresistas y patrióticas, organizando e impulsando virilmente la resistencia popular, avanzando en la unidad obrera, popular y patriótica, movilizando amplias masas, empleando todos los medios y formas de lucha, desarrollando el trabajo político entre los soldados y suboficiales, aniquilando con decisión a la oficialidad enemiga, construyendo con energía y habilidad profesional las fuerzas revolucionarias políticas y militares” (Mario Roberto Santucho, “Argentinos, ¡a las armas!”, El Combatiente nº 210, 31/3/76).

El PRT-ERP planteaba que la época de gobiernos democráticos se había cerrado definitivamente. “El régimen que se acaba de establecer con el golpe militar de Videla no es provisorio. Es el tipo de gobierno definitivo que se dan las fuerzas burguesas-imperialistas para luchar contra las fuerzas revolucionarias argentinas. (…) El cálculo de nuestro Partido es que efectivamente éste será el tipo de gobierno contra el que tendremos que batallar a todo lo largo de nuestra guerra revolucionaria, que ya no habrá más elecciones democrático-burguesas, que a este gobierno lo derribaremos al contar con grandes fuerzas revolucionarias políticas y militares, cercanos al triunfo definitivo de nuestra revolución antiimperialista y socialista” (ídem). El tiempo que llevará a terminar con el régimen militar dependerá de “el ritmo de desarrollo de las fuerzas revolucionarias. (…) Estrechamente unidos en torno al Comité Central, siguiendo el elevado y poderoso ejemplo de nuestros héroes y mártires, los militantes del PRT cumpliremos cabalmente y con honor nuestras misiones revolucionarias” (ídem).

Recién en el mes de julio, un nuevo documento del PRT-ERP reconocerá una etapa de retroceso, que no afectaba, sin embargo, a la vanguardia revolucionaria (el foco guerrillero). Sostenía que “la comunidad proletaria se debilita en un primer momento; se desdibuja la fábrica como centro combativo, aparece el fantasma del despido ante los sectores más débiles de las masas, y la inmensidad de los problemas personales y familiares (alimentación, vestido, educación, salud, vivienda) presiona a cada obrero a buscar soluciones personales inmediatas”. Por el contrario, el accionar represivo de la dictadura “no ha aniquilado ni aniquilará a la guerrilla”. Además, “de la simpatía romántica hacia la guerrilla durante la lucha contra la dictadura de Lanusse se pasó a un auténtico interés político y combativo por la guerra civil en curso; las masas obreras y populares van dejando de ser meras espectadoras del choque entre la guerrilla y las fuerzas represivas y comienzan a tomar partido activamente por los revolucionarios (...)”. (El Combatiente nº 224, Editorial, julio de 1976). El PRT-ERP había resuelto que Santucho se instalara en La Habana por algunos años, desde donde comandaría las operaciones en Argentina. Pero, pocos días después de que se publicaran las líneas citadas arriba, el 20 de julio de 1976, Santucho y un conjunto de militantes morían a manos de la dictadura en un asalto de las FFAA al cuartel general del PRT-ERP.

PST y Política Obrera

El PST, al igual que el PC, consideraba a Videla el ala “moderada” de las Fuerzas Armadas. En relación a las elecciones que debían tener lugar a fines de 1976, según el calendario que había establecido el gobierno de Isabel, el PST sostuvo que “aguardar otros 9 meses de pesadilla y crisis hasta unas elecciones azarosas resultó imposible, (…) la destitución del peronismo fue un hecho que los militares cumplieron a su manera (sic), después que la marea popular no alcanzó a hacerlo por la defección de sus dirigentes” (Cambio, mayo de 1876). Videla habría sustituido a las masas en la concreción de un derrocamiento inevitable del gobierno de Isabel, sin denunciar el rol de confusión política de toda esta izquierda en la clase obrera, mediante el apoyo al gobierno de Perón y al régimen político patronal.

La proscripción del PST produjo un cambio de nombre de sus publicaciones, primero a Cambio, del cual salió un sólo número, luego La Yesca, dos números en mayo y julio de 1976, luego prohibida, y finalmente Unidad Socialista, que será prohibida en 1977. En 1978 editará el periódico Opción. Las primeras publicaciones del PST, bajo la dictadura, circulaban públicamente y se vendían en kioscos. “Teniendo en cuenta que el partido se vio afectado de diferentes formas (sic, asesinatos) por la represión, y que fue prohibido y disuelto por decreto, es pertinente preguntarnos: ¿Cómo logró sostener la venta de una publicación legal hasta mediados de julio de 1976, en el contexto de la brutal ofensiva y control que el gobierno lanzó contra la izquierda en su conjunto y los medios de comunicación?”, se pregunta la investigadora Florencia Osuna (“De la «Revolución socialista» a la «Revolución democrática». Las prácticas del Partido Socialista de los Trabajadores/Movimiento al Socialismo durante la última dictadura”). Bajo el fuego de la brutal represión del gobierno de Videla, el PST seguía atribuyendo las acciones represivas a “bandas paramilitares” y no a la dictadura. Comentando un atentado contra un local de otro partido, aseguraba que el hecho provocó “una repulsión que ha alcanzado al presidente de la República, quien habló telefónicamente (...) para expresarle su consternación y asegurarle que el hecho se investigaba aceleradamente”. (La Yesca, N° 1, mayo 1976). Todavía a mediados del año 1977, el PST criticará al gobierno por permitir “que actúen impunemente las bandas asesinas de extrema derecha que han convertido a nuestro país en una zona de horror” (Unidad Socialista, agosto de 1977). Con esta caracterización, el PST intentó mantenerse en el plano de la legalidad (sin citar a Lenin), con actividades públicas y un periódico legal. A diferencia del PRT, para quien la dictadura sería eterna, el PST se preparó para ‘el retorno a la democracia’ con seis a siete años de antelación.

En su primera publicación bajo la dictadura, el PST sostenía que “el gobierno de Onganía, íntimamente ligado a los capitales originarios del Norte, nunca alcanzó los niveles de represión de Brasil, Chile o Uruguay. El gobierno actual, a juzgar por sus declaraciones hasta el momento, tampoco se inclina por la política de sangre y fuego que preconizan los regímenes más duros del continente” (Cambio, mayo de 1976). También que: “en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros”, aunque “algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha (sic), cuya autoría sigue sin establecerse (sic), dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero”. Más adelante, en junio de 1976, agregaba: “LA YESCA considera (…) que existe y actúa una ultraderecha criminal (…) Y el gobierno argentino tiene la responsabilidad de investigarla, desnudarla y combatirla”.

El primer número de La Yesca señalaba que *“el 25 de Mayo, aniversario de nuestra liberación de la colonia, nos encuentra no sólo con este tipo de restricciones de la ultraderecha para ejercer la libertad de prensa sino con la cruel preocupación siguiente, ¿es que acaso contra el terrorismo criminal de la ultra-izquierda vuelve a aparecer el terrorismo doblemente criminal de la ultraderecha? LA YESCA va a seguir ejercitando su derecho a la libertad. Su permanencia será una prueba de que la brecha democrática se amplíe y que la libertad, esa libertad que le hizo decir el general Videla que no aspira a una prensa complaciente, se fortalezca”.* Este párrafo merecen la negrita en cursiva que le adjudicamos.

El PST intentó recuperar su anterior estatus de partido legal con personería jurídica, como había prevalecido en el caso del PC. Enrique Broquen, abogado principal del partido, presentó diferentes recursos en esa dirección, para un partido que “injustamente” había sido prohibido y disuelto. “Es probable que estas estrategias, que incluían el ocultamiento de la identidad partidaria, hayan permitido la supervivencia de la publicación hasta julio de 1976” (Osuna, ídem), y también facilitar los secuestros y asesinatos de militantes, otra conclusión posible.

Aun así, el sostenía PST, con relación a las leyes proscriptivas, que “un artículo establece que para que el nuevo delito (ejercer actividades políticas) sea punible debe haber sido previamente explicitado como tal. Es decir, para ser punible la actividad política-partidaria debe haber sido anunciada con anterioridad. Evidentemente esto constituye un atenuante introducido en la ley como contrapeso a su severidad general…” (La Yesca, ídem). “Contrasta fuertemente —prosigue la dirección del PST— el hecho de que en reiteradas declaraciones del general Menéndez, del comandante Massera y del presidente Videla, entre otros, se haya ratificado el objetivo democrático (sic) por un lado, mientras por otro las autoridades se reservan (sic) un instrumento jurídico de esta naturaleza, que permite el control sobre los partidos y tiende (sic) a eliminar, ahora más que nunca, a la izquierda”. De nuevo, “un objetivo democrático”, por aquí, y un aniquilamiento de militantes, por allá. El repudio a la dialéctica, que es la unidad de los contrarios, asume aquí un carácter contrarrevolucionario abierto.

El PST fue disuelto por la dictadura al igual que sus publicaciones a mediados de 1976. En marzo de 1977, el PST advertirá que “a un año de instalado el gobierno militar, escuchadas sus promesas y constatadas sus realizaciones, no puede discutirse que sólo ha servido para redoblar la ofensiva económica y política contra el nivel de vida y los derechos democráticos del pueblo trabajador”. Un partido de retaguardia, seguidista de los hechos consumados. En 1978, en ocasión del Mundial de Fútbol jugado en Argentina, el PST criticará la “campaña montada en el exterior por la ultraizquierda [que] le favoreció sus planes [a la dictadura] con la táctica equivocada y utópica del boicot y con las exageraciones e imprecisiones sobre la realidad represiva que padecemos” (Opción, julio 1978). “Excesos”.

El testimonio posterior de un exmilitante del PST dejó en claro el dislate de la política legalista: “…me echan de [la empresa] 'Crespo' por un error táctico que tenemos (…) [los dirigentes del PST] discuten que hay que hacer una alianza táctica con la burocracia sindical y la línea es ir y hablar con ellos [los dirigentes sindicales]. Entonces me hacen ir (…) Me transparenté y me echaron a los dos días ¡una estupidez, una locura! Una pelotudez política” (citado por Osuna, O. Cit.). Un exdirigente del PST señaló posteriormente que en la dirección del partido “se tejieron mil teorías que, como la de la semilegalidad, nos costó la vida o la prisión de muchos compañeros, ya que era imposible tensar al máximo las medidas de seguridad si la caracterización política era que gozábamos de una semilegalidad” (Jorge Guidobono, 1992). Para que no queden dudas, en un informe policial de aquella época se señalaba que el carácter público de las actividades del PST tenía una ventaja para las fuerzas represivas: “permite hacer aparecer paulatinamente a viejos cuadros quemados” (216 Archivo DIPBA, mesa “A”, carpeta nº 37, legajo nº 245, folios 65-66, citado por Osuna, Op. Cit.). Recién en el año 1978, a partir de una “autocrítica” para la dirección del PST la situación ya no se caracterizará como “prerrevolucionaria” para ser “contrarrevolucionaria”. Durante los primeros dos años de la dictadura desaparecieron decenas de militantes del PST.

Política Obrera caracterizó a la situación creada por la victoria del golpe como “contrarrevolucionaria no acabada”, para distinguir las diferencias con el pinochetismo, que de entrada destruyó a todas las organizaciones de masas de la clase obrera y a su partido históricos. El golpe fue desde el comienzo como una acción de toda la burguesía -imperialista y “nacional”- para abortar el desarrollo de una experiencia histórica independiente de la clase obrera signada por la huelga general de junio-julio del 75 contra el gobierno peronista. Desde el comienzo del golpe, PO denunció las atrocidades de la dictadura y planteó un combate unitario por las libertades democráticas. PO fue la primera organización política que dio su apoyo incondicional y su colaboración orgánica a los movimientos de familiares de desaparecidos y presos y editará el primer vocero político del movimiento democrático, por la libertad de presos y desaparecidos, “Libertades Democráticas”.

Dos meses antes del golpe, PO reorganizó su actividad, para hacer frente al golpe. A partir del 24 de Marzo publicó su periódico clandestino, primero camuflado como ¡Adelante! y luego Tribuna y, nuevamente, Política Obrera, siempre de circulación clandestina. La campaña de PO por las libertades democráticas se desarrolló a nivel nacional e internacional. En agosto del 76, PO denunciaba: "masacre de 30 personas en Pilar, decenas de secuestros por mes, allanamientos saqueando casas, torturas, centenas de familiares que recorren dependencias oficiales y eclesiásticas, embajadas y domicilios de dirigentes de los partidos tratando de ubicar a desaparecidos en los últimos 5 meses. El país vive bajo estado de sitio, hay permanentes controles policiales en las calles, barrios y rutas; las fuerzas armadas están en operaciones en todo el territorio. Los extremos más atroces definen las características del brutal régimen de represión instaurado el 24 de marzo" (¡Adelante!, 6, agosto de 1976).

PO ratificó esta caracterización en su II Congreso, celebrado bajo la dictadura, en 1977. Allí aprobó varios documentos que planteaban un balance de la etapa política pasada y trazaban la perspectiva futura. "El golpe militar del 24/3 constituye un movimiento de reacción política, pues su función es liquidar el ascenso revolucionario iniciado en 1969 y cuyo pico más alto tuvo lugar en junio-julio de 1975. Este movimiento fue activamente impulsado por la inmensa mayoría de los explotadores nacionales y extranjeros bajo la dirección del imperialismo norteamericano, a partir del momento en que se hizo manifiesta la imposibilidad de operar un viraje abierto hacia el campo imperialista en el cuadro del gobierno peronista y del régimen constitucional... La victoria del golpe significó una importante derrota política de la clase obrera, pues ha alterado su ascenso político y provocado la pérdida de grandes conquistas y del derecho de organización. No ha sido, sin embargo, una derrota decisiva, pues no quebró su resistencia por un periodo prolongado. El factor fundamental que impidió que hubiera una derrota decisiva fue la ruptura del proletariado con el gobierno peronista, pues esto evitó que cayera en una desmoralización aplastante”. En contraste con lo que planteaban el PC y el PST, señalaba que “las reiteradas alusiones de Videla y los altos mandos a un retorno a la democracia representativa, no expresan una vocación democrática de la Junta por referencia a regímenes como los de Chile y Uruguay. Expresan el cuadro de crisis (ausencia de derrota decisiva de la clase, desagregación imperialista, crisis gubernamental) en que se desenvuelve la dictadura, que la lleva a apelar una y otra vez a los partidos burgueses, al stalinismo y a la burocracia como factores de desarticulación de la resistencia obrera y democrática (...) El plan Martínez de Hoz debe ser entendido en su función política reaccionaria de reestructuración de la plena dominación de la clase capitalista... es un plan al servicio de los acreedores extranjeros y de todos los acreedores del estado, (plan) clásico de crisis, que consiste en recuperar a niveles elevados la tasa de beneficio, mediante el abaratamiento de la fuerza de trabajo y del costo de la inversión en bienes de capital, mientras se encarecen los bienes de consumo personal. El abaratamiento de los bienes de capital significa la quiebra de la industria instalada... la concentración industrial que resulta de este proceso de expropiación será enteramente capitalizada por el capital extranjero... aunque el plan desarrolló una colosal transferencia de ingresos a la oligarquía agraria, ello no significa que haya golpeado a otros sectores de la gran burguesía, pues éstos recibieron la garantía de fabulosos beneficios en inversiones de bonos y acciones... El fabuloso crecimiento del capital ficticio, generado por las operaciones especulativas, es una brutal hipoteca sobre las reservas del país, no existe ninguna posibilidad de que se vuelque a la industria porque es un capital internacional que rota de país en país, aprovechando las diferencias de súper beneficios. El mínimo síntoma de crisis del plan Martínez de Hoz desatará una colosal fuga de capitales. (...) Las huelgas automotrices, de Luz y Fuerza y portuarias han puesto un límite efectivo a la ofensiva posterior al 24/3, y que se revela en la crisis ascendente del plan Martínez de Hoz. Este ha agotado el recurso de bajar el salario real y debe plantearse nuevos ataques contra las condiciones de trabajo, las empresas estatales, la desprotección industrial, la inflación, en un creciente grado de belicosidad de los trabajadores".