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El repaso de los últimos informes periodísticos sobre el sistema de salud revela la envergadura de una crisis. El Covid, por cierto, sigue presente con una explosión de casos en el último mes. En agosto se contabilizaron 35 muertes y un crecimiento del 190% de los contagios. Pero por la práctica nulidad de los testeos el número real se estima muy superior (Infobae, 11/9).
En la Ciudad de Buenos Aires el sistema público es una olla a presión. Según los registros oficiales, la demanda de atención se triplicó en el último año. Muchas familias se ven imposibilitadas de abonar el costo de las prepagas o pierden la posibilidad de contar con una obra social ante la falta de empleo formal. Del 2015 a la actualidad, aquellos que solo cuentan con el sistema público pasaron de 520 mil a 700 mil, un aumento de casi el 35% (Clarín, 11/9).
A esto debe sumarse que el sistema público es también el refugio para muchos que, pese a contar con obra social o prepaga, no consiguen turnos o son obligados a pagar copagos exorbitantes que los convierten en prohibitivos. Muchas obras sociales están quebradas y dejan de pagarles a sus prestadores, lo que inviabiliza la atención. Es lo que viene ocurriendo por ejemplo con el Programa Incluir Salud (ex PROFE) para personas con discapacidad. Para ellos la salud pública se convierte también en la única opción real.
En los hospitales y centros de salud esta sobrecarga se conjuga con una reducción real del presupuesto. Según un informe reciente, entre 2016 y 2019 se produjo un ajuste superior a los 42 mil millones de pesos constantes, es decir, un recorte presupuestario del 10%, solo interrumpido en 2020 por la emergencia de la pandemia. A partir de 2022, se reinicia el proceso de achique: en solo un año, su ejecución se redujo en casi 55 mil millones, a precios constantes de 2023, un 11% menos (Tiempo Argentino, 9/9).
De los 33 hospitales públicos de CABA, 31 sufrieron un recorte presupuestario en el período, cercano a los 36 mil millones de pesos a los precios actuales. El oncológico Marie Curie, por ejemplo, sufrió un ajuste entre puntas del 48% o 5 mil millones a precios de 2023. En salud mental, el Moyano perdió un 20% (2 mil millones), el Borda un 25% (2 mil quinientos millones) y el infantojuvenil Tobar García un 22% (900 millones). En los pediátricos, el presupuesto del Gutiérrez se redujo en mil millones y el Elizalde en mil quinientos.
Todo esto explica el éxodo de profesionales, con renuncias de especialistas a puestos de planta permanente, concursos que quedan desiertos y centenares de cargos vacantes para especialidades críticas en el sistema de residencias, lo que hace diez años atrás era impensado. La sobrecarga vino acompañada por una intensificación del control laboral, lo que combinado con los magros salarios y la falta de recursos empuja ya no solo al pluriempleo sino a la decisión de renunciar al sistema público. Pero no es un problema circunscripto a CABA ni tampoco a la salud pública.
En la provincia de Buenos Aires, un diagnóstico de situación lo brinda la crisis del Hospital del Niño de San Justo, en La Matanza, el único centro de salud pediátrico de la zona oeste del conurbano. En el último tiempo, ya son más de 60 profesionales los que abandonaron la institución, que sobrevive con un 30% del personal necesario para funcionar (La Nación, 6/9). Hace más de tres meses que la guardia está cerrada y solo se reciben emergencias. El hospital pasó de atender un promedio de 350 niños por día a solo 10.
Respecto a las obras sociales y prepagas, la crisis se refleja en lo ocurrido en los últimos días en Mendoza, donde asociaciones profesionales de más de 20 especialidades médicas decidieron dejar de atender las consultas de sus afiliados. Luego de reclamos desoídos por el aumento de honorarios, los profesionales definieron que solo aceptarán consultas abonadas de manera particular, que cobran 6 mil pesos en las diferentes especialidades y 8 mil en el caso de Psiquiatría, de las más demandadas (La Nación, 7/9).
En el mismo sentido se pronunció la cámara que nuclea a prestadores y profesionales de Oftalmología. Según denuncian, un profesional de cartilla cobra entre mil doscientos y 3 mil pesos la consulta clínica, que incluye prestaciones como control de la presión, receta de anteojos o examen por cataratas, entre otras. La cámara les exige a los financiadores implementar un “valor de consulta mínimo, vital y móvil de 8 mil pesos”, lo que representaría un aumento de entre 166 y 500%, dependiendo la jurisdicción. Argumentan que, por los actuales valores, “los médicos no quieren trabajar más” (La Nación, 7/9).
De acuerdo con los especialistas, la crisis general que afecta a la salud en todos los niveles y sistemas amenaza con reproducir el escenario de la pandemia, cuando se interrumpieron todos los controles y tratamientos crónicos. De cara a octubre, sin embargo, los cuatro candidatos se repiten en propuestas que apenas disimulan amenazas veladas de nuevos ataques a la salud pública, recorte del plan médico obligatorio y rienda suelta a una mayor flexibilización laboral y privatización de la salud. Unos ocultan y otros no, un programa de arancelización de toda la salud, y de “articulación-público privada de la atención médica, que se replicará en la educación y en el sistema previsional. La experiencia del Covid y de las últimas epidemias ha mostrado, sin embargo, que la atención integral de la salud es imposible sin su completa nacionalización, por parte de un gobierno de trabajadores.
Ante la postración de las direcciones sindicales, la crisis plantea reactivar el proceso de autoconvocatorias de profesionales y trabajadores, dándole un nuevo impulso y un alcance superior al movimiento que desbordó hospitales y centros de salud de todo el país durante el verano pasado. El régimen político y social vigente se tornó incompatible con el derecho a la salud. Su defensa, así como la del salario y el reconocimiento profesional y laboral exigen una reestructuración general del sistema de salud bajo la dirección de la clase obrera.
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