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La investidura de Pedro Sánchez inaugura un nuevo gobierno de coalición signado por la debilidad. El mismo día de la investidura las fuerzas parlamentarias a su izquierda dentro de la coalición agrupadas en el frente Sumar, roído por la crisis desde su constitución, dio la nota. Uno de sus miembros en caída libre, Podemos, ya ha anunciado sus discrepancias y ha amenazado con abandonarlo si su dirigente Irene Montero no es nombrada ministra. Por su parte el hasta ahora ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que deja la militancia política. El desenlace de la maratón parlamentaria es una expresión de la crisis de régimen en la que está sumergida España.
El Partido Popular, el más votado, no ha encontrado aliados suficientes para formar gobierno mientras que el PSOE para lograrlo ha tenido que traspasar sus propias líneas rojas. El éxito de Sánchez se debe a la presentación por el PSOE al Congreso de un proyecto de ley de Amnistía pactado entre el partido socialista y Junts x Catalunya. El presidente Sánchez ha logrado el sí de las Cortes a expensas de una serie de acuerdos sumamente precarios con los grupos nacionalistas catalanes.
En la inauguración del debate JxC criticó el discurso de Sánchez sugiriendo que no se ajustaba al guión pactado. Tanto esta formación, como Esquerra Republicana no se cansaron de señalar que no había un pacto de legislatura, sino que cada acto parlamentario tendría que ser objeto de acuerdo previo. Podemos ha sugerido que se va a encuadrar en esa misma política si no logra un sillón en el consejo de ministros. Esto da idea de la inestabilidad del Gobierno que saldrá de esta investidura. Por su parte el Partido Popular ha dejado de lado su anclaje de centro, y bajo la presión del fascista Vox intenta acotar el espacio de esa formación con un fuerte viraje a la derecha. Pero este deslizamiento al mismo tiempo que le ha permitido quitar votos a Vox lo ha alejado de toda posibilidad de llegar a un acuerdo con las fuerzas nacionalistas conservadoras como el Partido Nacionalista Vasco o el mismo JxC y de alcanzar una mayoría para encumbrar a su líder Alberto Núñez Feijoo a la presidencia del gobierno.Parte de este cuadro ha sido una manifestación de policías y guardias civiles en Barcelona el 10 de noviembre en apoyo a sus compañeros procesados por los disturbios de 2017. También una declaración de una asociación de guardias civiles condenando una ley de amnistía que aun no se ha aprobado. A esto se ha sumado un manifiesto de generales y oficiales retirados que piden “la destitución de Sánchez”, es decir un golpe de estado. Se trata de un grupo que ya manifestó sus posiciones abiertamente fascistas en el pasado reciente. Estos hechos, junto con las críticas y amenazas de jueces y funcionarios contra la ley, han sido instrumentados por la derecha, mientras que la reacción del gobierno ha sido el silencio o declaraciones con sordina.
Nacionalistas en retroceso
Mientras tanto, el propio texto del pacto con JxC presenta a la corriente nacionalista supuestamente más independentista desmontando del caballo. En lo que respecta a un futuro referendo sobre la independencia de Catalunya el partido nacionalista afirma que se hará al amparo del artículo 92 de la Constitución. Este establece que el referendo será consultivo, es decir no vinculante, y que lo convocará el rey a propuesta del presidente del gobierno tras su aprobación parlamentaria. Es decir una renuncia explícita de la lucha por la independencia. Por su parte el PSOE no abre la boca sobre el referendo, sino que por el contrario defenderá “el amplio desarrollo” del Estatut de Catalunya de 2006. Estamos ante un catálogo de discrepancias, con excepción de la ley de amnistía, esa sí diseñada al milímetro.
La ley es un proyecto espurio cuyo único objetivo es asegurar los votos de una de las fuerzas nacionalistas catalanas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. La amnistía se restringe según fuentes del gobierno a 309 procesados y en riesgo de ser procesados en el bando nacionalista y a unos 73 policías que enfrentan a la justicia por su actuación en las jornadas de protesta que rodearon el fallido referendo del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña. Los dirigentes nacionalistas por su parte dicen que abarca a un total de 1400 ciudadanos procesados o con riesgo de ser procesados penalmente. Algo que está por verse. Que hay una corriente de la burguesía imperialista favorable a esta ley lo demuestra el editorial del Financial Times del 6 de noviembre que afirma que aunque los motivos son oportunistas “esta es una apuesta que vale la pena hacer” para sosegar el clima político en Cataluña.
La ley no obstante deja fuera a miles de ciudadanos que pueden ser condenados dentro y fuera de Cataluña y a una infinidad de presos y procesados por motivos políticos y sociales, desde raperos como Pablo Hasel hasta luchadores sociales incluyendo a miembros de plataformas como la de los Afectados por las Hipotecas. El proyecto de ley de amnistía deja en pie al conjunto de la legislación represiva, incluyendo a la ley mordaza, cuya derogación es otra promesa incumplida de la coalición que gobernó España en los últimos cuatro años.
El pacto fue coronado en vísperas del fin de semana del 11 y 12 de noviembre con acuerdos suplementarios con el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria que garantizaron los votos necesarios. La inminencia del voto de investidura positivo para Pedro Sánchez sobre la base de una ley de amnistía pactada con JxC y diversas transferencias como los ferrocarriles de cercanía y la condonación de parte de la deuda autonómica, ha desatado una importante movilización de todo el arco de la derecha desde el Partido Popular, pasando por Vox y hasta el conjunto de los grupos fascistas militantes, al mismo tiempo que avivaron fuertes tensiones dentro del propio Partido Socialista. En el interior de este partido se registran choques entre dirigentes mientras la vieja guardia se ha pronunciado en contra.
El proyecto de ley de amnistía no es un golpe en contra de los enemigos de la clase obrera y a favor de las libertades democráticas. Mantiene el conjunto de la legislación represiva. Solo beneficia a un número restringido de procesados o amenazados con procesos vinculados estrictamente al nacionalismo catalán y por añadidura deja esa amnistía al arbitrio de los jueces. Incluye a destacados policías represores. Deja en pie una judicatura que ha procesado sistemáticamente a los luchadores sociales, a los trabajadores y a los militantes de la izquierda que se reclama revolucionaria. Es decir que sirve de forma exclusiva a los estrechos intereses del PSOE y sus socios para mantenerse en el Gobierno y seguir desarrollando su política ajena a los intereses de los trabajadores como las reformas laboral y de pensiones.
PSOE y Sumar, los hechos desmienten las promesas
En el debate parlamentario tanto el PSOE como Yolanda Díaz, la dirigente de Sumar, han reiterado las promesas de mejoras sociales que no han cumplido en su gobierno anterior. La política de disfrazar medidas regresivas de progresos sociales, como sus reformas, no son aceptadas por los trabajadores y solo se amparan en la “paz social” decretada por los aparatos burocráticos de los sindicatos UGT y CCOO. Una “tregua” que los trabajadores rompen sistemáticamente con sus luchas. Otro hecho que desnuda la política del PSOE Sumar es la presencia de buques de guerra españoles en el cortejo del portaviones estadounidense frente a las costas del Mediterráneo oriental. La supuesta defensa de un alto el fuego en Gaza del Gobierno de España queda desmentida por los hechos. Armas y buques de guerra para apoyar a Israel contra la población de Palestina.
El acuerdo para la transferencia de los ferrocarriles de cercanías a la Generalitat de Catalunya además ha provocado un conflicto con los trabajadores de la red nacional de ferrocarriles, Renfe, porque no ha fijado las condiciones del traspaso de la plantilla que opera esos ferrocarriles en la actualidad. Esta decisión en los hechos supone la fractura del gremio creando una división artificial entre los trabajadores de una empresa del estado y los que ahora serán traspasados a un ente autónomo sin garantías.
La condonación de un 20% de la deuda de la comunidad autónoma, y la oferta en igualdad de condiciones hecha al resto de las autonomías, es en realidad un subsidio fiscal para las grandes fortunas y grandes empresas que son quienes deberían pagar el déficit generado por la reducción de aportes a la Seguridad Social y por la falta de presupuesto para sanidad y educación vía impuestos. En cambio esta condonación recaerá sobre la tributación del salario de los trabajadores.
La realidad es que Sánchez decidió conseguir los siete votos que le faltaban a expensas de la concesión exigida por el partido de Carles Puigdemont. El presidente en funciones tiró por la borda su posición preelectoral, que consideraba esa amnistía inconstitucional. Este era un punto de acuerdo firme entre el PSOE y el PP al mismo tiempo que un punto de vista consensuado dentro de las filas socialistas. El PSOE otorgó en 2017 su pleno apoyo al gobierno de Mariano Rajoy para la aplicación del artículo155 de la constitución utilizado para intervenir el gobierno catalán y convocar elecciones autonómicas que fueron ganadas nuevamente por los partidos nacionalistas. Pero si Sánchez ha hecho la apuesta, como la define el Financial Times, es porque JxC renunció por escrito a la “vía unilateral” y se sometió a la letra de la Constitución de 1978 al decir que un hipotético referendo se haría de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución.
En junio de 2021 el Gobierno de coalición indultó a nueve dirigentes nacionalistas procesados y presos por el denominado “Procés”, entre ellos al dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya y ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. En el texto que fundamenta ese indulto el gobierno dejó claramente señalado su apoyo a la intervención represiva y judicial durante y después de la declaración unilateral de independencia que el propio parlamento catalán dejó en suspenso en el mismo acto de su aprobación. El acontecimiento dejó en claro que no había ninguna intensión de llevar la lucha por la independencia hasta sus últimas consecuencias provocando la decepción política y una desmovilización que se ha reflejado en la pérdida de votos de esos partidos.
El empuje de la derecha
El pacto para la investidura ha permitido a la derecha atraer a un sector descontento de la pequeño burguesía afectado por la carestía y la caída de sus ingresos acelerando claramente la polarización de la sociedad española, reanimando a grupos fascistas y reforzando a Vox que ha perdido votos a manos del PP en las últimas elecciones. La magnitud de la movilización lograda por el bloque de la derecha es revelador de que la salida a la crisis de régimen mediante componendas electoreras anuncia nuevas crisis políticas y un gobierno inestable que quedará sujeto a la embestida de la derecha. Los propios nacionalistas catalanes han señalado que el pacto de investidura es pan para hoy y hambre para mañana porque tendrán que caminar por la cuerda floja cada vez que quieran aprobar una ley.
El Grupo Independencia Obrera denunció el programa electoral del PSOE y su aliado Sumar llamando a votar en blanco y a organizar la lucha por el salario, las pensiones, contra las reformas laborales y sociales retrógradas, por la derogación de la legislación represiva mediante la independencia de clase, por un gobierno de los trabajadores y la federación de repúblicas socialistas ibéricas. Los que llamaron a votar al PSOE y Sumar para frenar a la derecha han preparado una investidura que es la antesala de una sucesión de crisis que van a reforzar el crecimiento de la derecha por el desengaño creciente de las masas trabajadoras. La ausencia de una política independiente de la clase obrera conduce al desarrollo de la ultra derecha, a nutrirla con trabajadores y elementos de la pequeño burguesía desencantados. Es la política del PSOE y de Sumar lo que alimenta esa perspectiva.
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