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Una rebelión popular que cubre la mayor parte de Ecuador ha obligado al presidente Lenín Moreno a trasladar la sede gubernamental de Quito, la capital, a Guayaquil – la sede el poder económico del país. Mientras Moreno busca un último refugio, en Quito los manifestantes han tirado abajo las verjas de la Asamblea Nacional (Parlamento) y entrado al edificio al grito de "¡Fuera Moreno, fuera!".
Los sindicatos de trabajadores y el movimiento indígena, luego de una semana de paros, cortes de carreteras y movilizaciones multitudinarias, han anunciado la huelga general desde hoy miércoles 9 de octubre, por tiempo indefinido. Los yacimientos de petróleo y las refinerías se encuentran paralizadas. Aunque la dirección de la huelga reclama el fin de las medidas que provocaron un aumento del 125% en la tarifa de las naftas, la huelga plantea la caída del gobierno y una cuestión de poder. Un intento del gobierno para levantar la huelga en once líneas de transporte, provocó una rebelión de choferes que marca un nuevo nivel en la movilización política.
En medio de anuncios oficiales acerca de la inminencia de una recesión en la economía internacional, la huelga de masas de Ecuador constituye un golpe severo al FMI, responsable del naftazo, que se suma a la debacle que el Fondo ha sufrido en Argentina. La huelga general en Ecuador se integra de este modo en una crisis política del capital internacioal.
No es sólo el naftazo
El pasado 1 de octubre, el presidente anunció un paquete de medidas dentro de las cuales, entre las más duras, destacan el fin de los subsidios a la gasolina y al diésel, que supone un aumento del 123% en el combustible más utilizado en el país, y la reducción de las vacaciones a los empleados públicos de 30 a 15 días. El llamado Paquetazo incluye recortes de gasto público, la aplicación de una reforma laboral, y mayor libertad de operación a las grandes empresas entre otras. Una batería de medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder a Ecuador una línea de crédito de 4.200 millones de dólares. El paquete constituye una tentativa de reorganización social de características contrarrevolucionarias. La bancarrota financiera es la expresión del hundimiento de un régimen social en su conjunto.
Pocas horas después del anuncio de la eliminación de los subsidios, el gremio del transporte comunicó su decisión de paralizar sus actividades y la capital ecuatoriana amaneció sólo con transporte municipal.
Por su parte, Comunidades indígenas de Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Azuay, Santa Elena y Chimborazo, bloquean las carreteras hasta forzar la derogación de las medidas económicas gubernamentales.
En Quito, Guayaquil y Cuenca, las alcaldías y gobernaciones fueron cercadas y resguardadas por personal policial y militar, quienes han reprimido fuertemente las multitudinarias movilizaciones de gremios, estudiantes y ciudadanos.
Acuerdo con el FMI
Los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos internacionales en el acuerdo con Ecuador alcanzan los $ 10.279 millones, y llegarían en tres años.
De los 10.200 millones de dólares obtenidos, unos 6.700 millones de dólares son de libre disponibilidad y el resto están atados a la aplicación en regla de reformas estructurales.
El FMI pactó la entrega de un monto total de $ 4.209 millones, mientras el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) entregará $ 1.800 millones, le sigue el Banco Mundial con $ 1.744 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $ 1.717 millones. Adicionalmente, el Banco Europeo de Inversiones, el Flar y la Agencia Francesa de Desarrollo AFD entregarán, en su orden $379 millones, $280 millones y $150 millones. El país requería para 2019 financiamiento por unos 8.000 millones de dólares (un 7% del PIB). La intención de las autoridades era cubrir un 12,5% de ese déficit con una emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares a diez años plazo y una tasa de interés de 10,75%, la más alta en el mercado internacional desde 2011.
A su vez enfrenta un fuerte endeudamiento externo. El presupuesto de Ecuador para 2019 fue aprobado en 31.300 millones de dólares y la deuda externa pública alcanzó los 35.730 millones (32,6% del PIB) en diciembre del año pasado.
Reforma laboral
La avanzada para liquidar derechos laborales es inminente en Ecuador. En el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), los empresarios y las burocracias sindicales han acordado las primeras tres medidas de flexibilización laboral ya en mayo de este año. Hubo entonces, una primera huelga nacional para rechazar la reforma laboral.
Otras organizaciones de trabajadores, como los eléctricos, igualmente habían convergido en el mismo rechazo, junto con una amplia reacción entre los colectivos ciudadanos. Pero la división en el movimiento de los trabajadores fue una debilidad en ese momento para la profundización de una medida colectiva.
Al igual que en varios países de Latinoamerica, el reciente acuerdo con el FMI, impone la reforma laboral “soñada”, para que el capital “fluya”, se vuelva “competitivo” y provoque el “avance” del país. Es decir, una masacre para los trabajadores que se traduce en flexibilización de la jornada, el no reparto de utilidades, el fin de las indemnizaciones por despido así como el aporte patronal a la jubilación, la flexibilización de contratación, con contratos en negro que alcanzarían los 3 años, e incluso privatizar la seguridad social.
Unidad Obrero-Campesina y tradición de lucha
Entre aplausos y vítores, la población quiteña recibía a las columnas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), uno de los movimientos sociales más potentes del continente, que agrupa a decenas de pueblos originarios y centenares de miles de personas.
De esta forma, las poblaciones originarias de la sierra y la selva ecuatoriana se unían a una movilización iniciada el 3 de octubre por sectores mayoritariamente urbanos.
En las últimas tres décadas, cuando han coincidido los reclamos del movimiento indígena y el movimiento obrero urbano, no ha habido ley o gobierno que soporte la arremetida.
En 1997, una coalición de movimientos y organizaciones populares, indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y magisteriales, con el nombre de Frente Patriótico, tumbó al presidente Abdalá Bucaram, que se definía como “el gobierno de los pobres”, pero decretaba aumentos de la electricidad del 320% y del gas en un 417%, siguiendo los dictados del FMI.
En el año 2000, las columnas indígenas volvieron a salir de sus comunidades y de las ciudades de la sierra, y tomaron el Palacio Legislativo y otros centros de poder de la capital para echar al presidente Jamil Mahuad, que había dolarizado la economía y —siguiendo otra vez las directivas del FMI— llevado a la pobreza a gigantescos sectores de la población ecuatoriana. Sin embargo, en esta ocasión contaron con el apoyo de un un sector de oficiales del Ejército de rango medio liderado por un joven coronel llamado Lucio Gutiérrez.
Fue precisamente este militar quien capitalizó las movilizaciones lideradas por la Conaie y consiguió convertirse en presidente en 2003 con el apoyo del movimiento indígena. Apenas un mes después de entrar en el Palacio de Carondolet, Gutiérrez viajaba a Washington, se declaraba “el mejor amigo de Estados Unidos” y firmaba una carta de intención con el FMI, donde se comprometía a una batería de privatizaciones y ajustes estructurales para acceder a una nueva línea de créditos. En unos meses había iniciado las negociaciones con George W. Bush para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
La alianza con Lucio Gutiérrez supuso un enorme desgaste para la Conaie. Cuando una horda de jóvenes “indignados” con la clase política tomó Quito en abril de 2005 al grito de “que se vayan todos” y obligó a dimitir al ex militar, el movimiento indígena apenas participó. “Sí, se pudo”, era el grito de los “indignados” cuando Lucio Gutiérrez abandonó el Palacio de Carondelet. Si alguien supo capitalizar todo ese desencanto con todos los políticos fue un hasta entonces desconocido Rafael Correa, que ganó las elecciones el año siguiente.
La Conaie consiguió rearmarse y liderar la exitosa movilización de 2006 contra el tratado de libre comercio con EE UU y la base estadounidense de Manta. Pero una vez más, su apoyo inicial al gobierno “plurinacional” y ecologista de Correa —la Constitución de 2008 fue la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza— le costó caro cuando quedó claro que la visión de desarrollo del Gobierno de Alianza País —basada en la explotación petrolera y minera— chocaba directamente con los intereses de los pueblos indígenas. Las divisiones internas del movimiento impidieron que la Conaie adoptara durante el correísmo el protagonismo que había gozado en décadas anteriores.
Los diez años de correísmo fueron de “criminalización de la lucha social”, de “cooptación de líderes indígenas a favor del gobierno”. Pero Rafael Correa no logró, dice la líder indígena Laura Tibán, “destruir la estructura del movimiento indígena” en Ecuador. Ahora resulta, continúa, “que Quito es tomado con las fuerzas vivas del indigenado y no será sorpresa que, así como votamos para el gobierno, hoy botemos [echemos] un gobierno más”. Frente a las acusaciones del presidente Lenin Moreno a Correa de impulsar los levantamientos, la Conaie respondió lo siguiente: “Nuestra lucha es por la salida del FMI del Ecuador. No permitiremos a los que nos criminalizaron por diez años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano”.
Correa, Nebot y de más hierbas
Jaime Nebot, histórico alcalde de Guayaquil, y líder del partido social cristiano, que se impuso en las últimas elecciones seccionales en el Ecuador, también intervino en la crisis. Acompañado de su sucesora en el trono, la reciente alcaldesa electa Cinthia Vitteri, se refirió a la situación que atraviesa el país: “El Gobierno se equivocó”, en relación a la forma en que fueron aplicadas las medidas económicas del régimen del presidente Lenin Moreno. Es decir que el problema para Nebot no fueron las medidas sino la forma en las que fueron aplicadas, Y continuó: “En estos momentos todos nuestros logros peligran. Individuos ecuatorianos y extranjeros, pero totalmente ajenos a nuestra ciudad, intentan, desde anoche, tomársela para caotizarla y realizar actos vandálicos, que atentan contra vuestra seguridad y vuestros bienes”. Dejando entrever su temor de que las movilizaciones masivas en quito se trasladen a Guayaquil, y tener que disponer de sus fuerzas de seguridad para defender a su socio Moreno a la vista del pueblo.
En tanto otro cadáver político que apareció en escena fue el ex mandatario Rafael Correa: “Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha habido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud”, dijo Correa. Correa omite que dejó a Ecuador con diez mil millones de dólares de deuda externa y el cese de la financiación que otorgaba China a cambio de petróleo. Y continuó: “Aquí no hay golpismo, los conflictos en democracia se resuelven en las urnas” - un adelanto de las elecciones, “como lo permite la Constitución.” Correa quiere salvar a Moreno mediante una transición electoral.
Huelga General y Asamblea Constituyente, el horizonte para toda Latinoamérica
La rebelión en curso en Ecuador, la crisis de poder entre el ejecutivo y el parlamento en Perú, las movilizaciones masivas contra Bolsonaro en Brasil, y el derrumbe del proceso electoral en Argentina en el marco de profundas crisis económicas, políticas, y sociales son el reflejo del quiebre político de la derecha, que vino a llenar el vacío dejado por el quiebre del llamado ‘populismo’. En el proceso, América Latina se ha hundido todavía más con la deuda externa y la crisis de ésta ha asestado golpes definitivos al FMI – el supervisor de las ‘economías emergentes’.
Los trabajadores de toda Latinoamérica, los campesinos, los indígenas tenemos la oportunidad de golpear con un solo puño a quienes nos han esclavizado históricamente, de echar al FMI de América Latina y de salir de esta crisis como verdaderos protagonistas.
A la HUELGA GENERAL en toda América Latina.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Soberana para que ante el derrumbe que plantea el FMI, los trabajadores podamos reorganizar nuestros países, en defensa de los intereses del pueblo.
Coordinadoras y comités obreros Por un gobierno de trabajadores.
Fuera el FMI de América Latina.
