Escribe Olga Cristóbal
El desguace es un negocio inmobiliario de millones de dólares por los predios que tiene Canal 7 en Barrio Parque y Radio Nacional en todo el país.
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En su propagandizada decisión de privatizar todo lo que esté a su alcance, el gobierno de Javier Milei reemplazó al directorio de medios estatales e intervino todos los medios públicos por un año.
Los colocó al mando del jefe del Gabinete de ministros, Nicolás Posse, otro empleado de Eurnekian que nunca pisó una institución pública ni para formarse ni para trabajar. Posse tiene un título de ingeniero industrial y en su CV destaca una “marcada experiencia en filiales en Argentina de corporaciones multinacionales, grandes compañías de capitales privados, inversores familiares y organizaciones”, y “manejo de Relaciones Institucionales y Organismos Multilaterales de Crédito”. Más claro, agua.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
Las atribuciones de Posse son abrumadoras y le permiten “modificar las contrataciones y la estructura de personal”, “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto y modificar las partidas presupuestarias”, entre otros. Si no le alcanza un año, puede prorrogar su intervención por otro (La Nación 3/2).
Sin diplomacias, Chequeado.com afirma que la intervención “allana el camino hacia una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización a dar ese paso que figura en el proyecto de ley ómnibus”. A través del DNU 111/2024, el gobierno puso bandera de remate a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar. A Educ.ar y a Encuentro, utilizados por miles de estudiantes y docentes, ya los sacó de la pantalla.
La venta de los medios públicos es un negocio monumental que ya les fracasó a Macri y a Lombardi por la resistencia implacable de los trabajadores. Solo el predio de Canal 7, en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, pleno Barrio Parque, está valuando en 600 millones de dólares. Son los valores por m2 más caros de la ciudad.
Radio Nacional tiene un enorme predio sobre la Panamericana en General Pacheco, cerca de Pilar, en el valorado Corredor Norte, además de inmuebles en el centro porteño y en la mayoría de las provincias.
Posse designó como interventor a Diego Martín Chaher y como segundo a Diego Sebastián Marías. Chaher es un abogado mendocino empleado del grupo América (Vila y Manzano). Marias fue legislador porteño y funcionario, es propia tropa de Mauricio Macri que así logra meter baza en las proyectadas privatizaciones.
Los medios públicos tienen una planta de 3.500 trabajadores. En enero, Radio Nacional no renovó los contratos de medio millar.
En coincidencia, desde mediados de enero, el gobierno, algunos días, instaló ante las puertas del canal y la radio autos de la policía en un claro propósito de amedrentar a los trabajadores.
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