Escribe Jorge Altamira
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En casi todo el mundo, los gobiernos parecen haberse concertado en ir desmantelando las diversas modalidades de cuarentenas o encierros que han estado aplicando ante la irrupción del Covid-19. Es posible que Brasil sea la excepción a la regla, ya que parece querer recorrer el camino inverso, aunque con un éxito escaso. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, y en menor medida en Chile o Uruguay, la fuerte resistencia del Estado a imponer un “lockdown” ha desatado crisis políticas severas, al punto que los medios de comunicación especulan con la caída de sus gobiernos.
No existen, sin embargo, datos objetivos que justifiquen el pasaje a lo que algunos han dado en llamar la “nueva normalidad”. En la conferencia de prensa que convocó el viernes pasado, acompañado de sus dos espadas político-sanitarias, Kicillof y Rodríguez Larreta, Alberto Fernández se topó con la noticia de que el número diario de infectados había pegado un salto. Como la detección de la enfermedad ocurre en torno a las dos semanas posteriores a la incubación del virus, el dato parece señalar el reinicio de una curva ascendente de la cifra de contagiados. Aun así, el trío anunció la apertura de comercios en la Ciudad y de industrias en el conurbano y en la Provincia en general. Dos semanas antes, otra conferencia de prensa de características similares había desembocado en una crisis, cuando tanto el intendente porteño como el gobernador bonaerense se distanciaron, junto a varios gobernadores, del anuncio del Presidente que prometía un mayor espacio de esparcimiento para la población enclaustrada. Lo que ocurrió en el medio es que la banca, la industria y el comercio advirtieron que lo que querían era el restablecimiento de la libertad de empresa, y no los paseos para los mayores de 60 o 70.
Considerada a escala mundial, esta libertad comercial no encuentra fundamentos en el desarrollo que tiene la pandemia. Los países que han logrado un amesetamiento de la curva de contagios no alcanza los dedos de una mano. Incluso en ellos no se descarta un rebrote de infectados, algo que ya ocurre en Corea del Sur, el país al que se atribuye el mayor éxito en el abordaje de la pandemia. Los datos que los sanitaristas han recogido en Argentina son esencialmente inciertos, porque no corresponden a pruebas masivas de salud sino a la minoría que detecta síntomas de la enfermedad. Esto ocurre también en la mayor parte del mundo. Aunque Argentina no registra, al menos todavía, una crisis hospitalaria, ella es arrasadora en Brasil y en Estados Unidos, y en menor medida en el resto de los países. Los especialistas en estadística calculan el nivel de contagios en las tierras de Trump y Bolsonaro un 60% superior a las oficiales; en Brasil ese porcentaje se aplica al número de fallecidos, debido a que superan en ese porcentaje a los de los últimos años, lo que supone muchos de ellos no han sido catalogados como Covid-19. En un mundo donde la cárcel es la solución establecida para el conflicto social que se esconde detrás del delito, la situación de la población carcelaria se está haciendo más grave cada día, y está provocando rebeliones que son reprimidas con la mayor dureza por los regímenes políticos de distinto carácter.
Salvo excepciones, el servicio privado de salud no colabora con la lucha contra la pandemia – en Brasil, de nuevo, algunos estados del país han comenzado a contratar, a precios elevados, una asistencia privada que, generalizada, quebraría los presupuestos públicos de salud. El cierre de escuelas ha provocado, no solamente en Argentina, un crecimiento del hambre infantil, como consecuencia de la privación de los desayunos y también almuerzos escolares. Donde esta crisis alimentaria es más manifiesta es en los Estados Unidos. La salida a la crisis por medio de una vacuna no se encuentra a la vista, de modo que la adopción de la “nueva normalidad” no encuentra base en una perspectiva optimista.
Numerosos sanitarias han advertido que, de todos modos, las vacunas contra enfermedades respiratorias tienen un alcance breve en el tiempo y son difíciles de descubrir. Citan numerosas enfermedades endémicas de aparición en las últimas décadas que son tratadas en forma regular pero no tienen vacunas que las prevengan. La salida a la crisis desatada por el Covid-19 debe ser abordada en términos internacionales porque para el nuevo coronavirus las fronteras son una ficción, en especial con la reanudación de las actividades económicas principales que prevé la “nueva normalidad” - con sus cadenas de producción y el tránsito activo de personas que supone. Superada la barrera de tres millones de contagiados efectivos, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, la porosidad de la pandemia se hará más intensa, sin que se haya registrado ningún avance en términos de tratamiento y de atención sanitaria. Lejos de esto, se ha desarrollado una disputa cada vez más intensa por el acaparamiento de instrumentos de pruebas médicas y en especial de respiradores, que en el caso de estos últimos están alcanzando precios exorbitantes, además de provisiones defectuosas.
La decisión de ‘abrir la economía’, como se dice en el lenguaje oficial, no está apoyada en ninguna preparación previa – es el resultado de la presión capitalista. El carácter interesado de esta ‘apertura’ se ve con mayor claridad en Estados Unidos, Brasil o Chile, cuyos gobiernos nunca aceptaron la política de “distanciamiento social”, porque afectaba el proceso capitalista. Se trata, precisamente, de los países que encabezan la difusión de los contagios. La masacre social que ha tenido lugar en el norte de Italia viene al caso, porque obedece a que es la zona industrial del país donde el confinamiento se aplicó tardíamente y bajo una intensa presión – no del capital sino de los trabajadores italianos.
El trío sanitario que componen AF, RL y K no adoptó ninguna medida que sea conocida para organizar la ‘reapertura’ de la industria, ni tampoco tienen condiciones para hacerlo, porque ella supone una reglamentación excepcional del Estado en los lugares de trabajo bajo dominio del capital. No han sido capaces de promover la ‘reapertura’ positiva que habría significado reconvertir a una parte de la industria para producir respiradores, ni de poner bajo comando único a la salud privada, a costa de sus patronales. La tarea de las empresas medias y grandes de organizar un transporte propio para los obreros tiene categoría de recomendación y supone, entre otras cosas, un aumento de costos para las patronales, que hoy reciben subsidios gigantescos del Estado. Hasta ahora, la ausencia de los trabajadores de las fábricas había disminuido el protagonismo de la clase obrera en las alternativas políticas establecidas bajo la cuarentena. Con el retorno, incluso parcial, al trabajo, los antagonismos de clase se harán más transparentes – como ya lo demuestran los casos de Acindar, Fate o Pirelli. Antagonismos de clase en torno a la preservación de la salud y antagonismos de clase por las rebajas salariales, las suspensiones y los despidos. En el caso de los trabajadores de salud, duramente golpeados por las condiciones precarias de los hospitales e incluso las rebajas salariales, las manifestaciones públicas abiertas han crecido en frecuencia, al igual que en el caso de organizaciones barriales. El trío AF-RL-K sigue teniendo abiertos, además, los focos de las cárceles y las villas.
La imagen inicial, o la presunción de algunos, de que la cuarentena ponía a todas las clases en el mismo terreno sometidas al rasero igualitario de un ataque sanitario, no solamente se ha disipado con el tiempo – la libertad de empresa pondrá en evidencia toda la amplitud del conflicto social y político que plantea la lucha contra la pandemia. Los subsidios que el gobierno ‘nacional y popular’ ha otorgado a las grandes empresas supera todo lo dado a la población sin trabajo o jubilados – es, de acuerdo a Clarín (3/5), de 150 mil millones de pesos, sin contar los créditos bancarios que tienen garantía del Estado nacional. El empobrecido Estado argentino paga los salarios de Arcor, Techint, Acindar, todo el grupo de grandes monopolios que exige que el gobierno se pliegue a los reclamos de los fondos internacionales en el tema de la deuda dolarizada bajo jurisdicción extranjera. Las patronales, como en el caso de Acindar Matanza y Fate, se niegan a pagar el sueldo completo de abril, mientras las paritarias no tienen fecha de reunión, a pesar de una inflación que se come el 50% de los salarios al año.
El Covid-19 cuestiona de nuevo la vigencia de la organización capitalista de la sociedad. Es que la pertinencia de una organización social está determinada por su capacidad para desarrollar las fuerzas de producción, o sea el intercambio con la naturaleza, para mejorar las condiciones de vida del individuo social. De otro modo, esa organización social se convertiría, de factor de desarrollo en un factor de destrucción. Lo que la humanidad está viviendo ahora es que en lugar de herramienta de protección social frente a una pandemia se ha convertido en lo contrario. En lugar de un instrumento que rescata a la sociedad de una agresión natural, el capitalismo reclama ser rescatado por esa sociedad de una bancarrota económica devastadora. En tanto los Estados han aportado migajas frente al flagelo del hambre, nada para la salud, nada para la atención médica; los bancos centrales y los Tesoros públicos han emitido más de u$s20 billones para rescatar fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones – una cuarta parte del PBI mundial anual, en un par de semanas. No hay un peso para sacar a la Villa 31 o a las demás del hacinamiento, pero sí el equivalente al 25% de la riqueza nueva por año, para salvar a los General Motors o a los Boeing. Cualquiera puede comprender lo que veinte billones de dólares significarían para atender la salud de la población mundial. El virus capitalista ha consumido las vías respiratorias de la humanidad en una escala infinitamente superior a lo que el nuevo coronavirus ha hecho con el sistema respiratorio de las personas. De esto se trata toda la crisis actual de la humanidad.
La emisión de decenas y decenas de billones de dólares a través de todo el mundo significa que el capital ha dejado de ser el pulmón financiero del Estado, y que el Estado es el pulmón financiero del capital. Los Estados acumulan déficits gigantescos y deudas enormes con los bancos centrales, para financiar el salvataje de las patronales. La organización capitalista de la sociedad ha neutralizado sus prodigios tecnológicos y científicos – que, bajo la presión del lucro, han sucumbido como factor de superación de una catástrofe epidemiológica.
Las características mismas del salvataje capitalista conspiran contra la reactivación económica que vienen a producir. Antes de la pandemia, la economía capitalista se caracterizaba por un bajo rendimiento y tasas minúsculas de crecimiento, mientras acumulaba deudas equivalentes al 250% del PBI mundial. Con decenas de millones de despidos en todo el mundo, incluida China, y con una suba extraordinaria del endeudamiento, tanto del Estado como de las corporaciones (supera el 300% del PBI mundial), la depresión económica luce más cercana que la reactivación. La descomposición del capitalismo se hace más patente cuando más tiene que enfrentar la prueba histórica de sacar a la humanidad de una pandemia. Los descomunales recursos acumulados por la sociedad muestran toda su impotencia en las condiciones de organización capitalista de esa sociedad.
El despilfarro capitalista se manifiesta en toda su potencia en Argentina. Más allá de los subsidios gigantescos ya señalados, la Argentina de la pobreza ha salido también al rescate de las petroleras, entre las cuales se encuentran las que Alberto Fernández calificó de “miserables”, es decir golpistas. Es así que ha salido a garantizar un precio de 45 dólares el barril, que se cotiza afuera a 20-25. La ‘apertura económica’ es frenada desde adentro del sistema por este costo adicional, que deja fuera de competencia a los usuarios industriales o agrarios de combustibles. El pretexto es salvar lo insalvable – Vaca Muerta, que necesita un precio internacional duradero de más de 50 dólares, que nadie ve posible. Las grandes empresas de servicios tecnológicos se retiraron del área hace más de un año, de modo que el subsidio a las petroleras son fondos perdidos. El gobierno ‘nacional y popular’ agrava la crisis de la economía que quiere reactivar.
Por otro lado, está la deuda externa, que el gobierno no ha dejado de pagar en ningún momento mientras preparaba la renegociación. Cerca de u$s 5 mil millones tirados al pozo ciego de los fondos internacionales. La multitud de apoyos que ha recibido el gobierno y el ministro Guzmán en los últimos días son un signo definitivo de que ha decidido tirar la toalla y aceptar las exigencias extranjeras. Porque el apoyo de las feministas K o progres, de los economistas, incluso liberales, de la UIA y de la CGT, llevan un único mensaje: ‘default, no’ - “te apoyo para que arregles con los buitres”. Lo que los ‘bonistas’ quieren es muy sencillo: un arreglo que asegure que la cotización de la deuda en cuestión, después de un canje, valga alrededor del doble del precio actual. Los buitres internacionales quieren vender de inmediato la deuda de Argentina, deshacerse de ella, porque las condiciones financieras mundiales y del país son horribles. Quieren vender a 60 o 70 dólares lo que hoy cotiza a 30 o 35 – para eso quieren otra oferta y el respaldo del FMI. El agitador financiero, Prat Gay, lobista declarado de los bancos norteamericanos, ya anticipó que un respaldo del FMI subía de diez a quince dólares la cotización de la deuda en discusión. Lo que el rescatista de los bancos en 2002/3 y el agente de los buitres en 2015/6 no aclara es que el FMI significa un ajuste mucho más violento que el que los Fernández están aplicando ya contra los jubilados, precisamente por un acuerdo con el FMI.
En medio de la pandemia, de la baja de salarios, de suspensiones y despidos, de subsidios a las patronales, aceptar el planteo de los ‘bonistas’ (con tenedores locales de deuda), convertiría una sangría extraordinaria, como lo es la oferta de Argentina, en una intolerable. En una u otra variante desatará una crisis política. Todo esto se desarrolla, insistimos, en medio de una pandemia que crece y la decisión de ‘reabrir la economía’, con el riesgo que significa para los obreros y para toda la población que se moviliza con los mismos sistemas agotados de transporte y los mismos escasos espacios públicos.
El capital necesita ‘reabrir’ la economía porque su substancia es la explotación de la fuerza de trabajo. No podrá ni querrá hacerlo en forma total, en un afán por ‘administrar’ las reincorporaciones para controlar las condiciones de ellas y para contener un estallido social. Las patronales y el gobierno invocarán a la pandemia como un pretexto para proceder a un ajuste negativo de las condiciones laborales.
Para encarar una lucha encarnizada en defensa de las conquistas y derechos, y en defensa de la salud y la vida, es necesario cuestionar las premisas de los planes patronales y de los gobiernos y Estados. Si la estrategia mundial de la burguesía es rescatar al capital y no el trabajo y la salud, esto significa que el capital no es la solución sino el problema; que la organización social capitalista es antagónica a una salida a la pandemia y a la amenaza de la vida cotidiana de las mayorías.
Si el Estado se considera con el derecho a emitir miles de millones del dinero que sea para salvar el capital, a costa de la fuerza de trabajo, se puede hacer lo mismo para salvar a la fuerza de trabajo, a costa del capital. Hay una salida: nacionalizar a la gran industria, la banca y el comercio, y especialmente la salud, en condiciones de pandemia, bajo control de los trabajadores, para que la clase obrera determine las condiciones de su trabajo en función de la vida y de la salud, y de las prioridades económicas de las mayorías. El Estado puede abrir un crédito general a la producción bajo la dirección obrera, sin necesidad de pagar sobrecostos y lucros, y menos todavía intereses usurarios. Que el Estado, como está ocurriendo, se endeude con los bancos para subsidiar los costos y lucros de las patronales industriales, es un descomunal despilfarro económico, cuando un sistema bancario nacionalizado y único podría hacer lo mismo sin pasar por el aumento de la deuda pública a favor de los banqueros. La emisión de moneda para subsidiar al capital es inflacionaria, porque implica una serie de intermediaciones, incluida la emisión de dinero bancario, lucros, comisiones e intereses; no es lo mismo con un sistema integrado de la industria y los bancos bajo dirección del Estado y el control obrero, supervisada por una contabilidad de los costos de cada fase de la producción.
La importancia de un planteo de conjunto o estratégico de la clase obrera reside en que quiebra las premisas del ‘ajuste’ y del sacrificio de vidas, y legitima los reclamos inmediatos de los trabajadores – salarios, distanciamiento social, derecho al trabajo, movilidad jubilatoria, reconversión de la industria para satisfacer los requerimientos sanitarios y adquirir todo lo necesario para contener la pandemia y para salvar vidas. Es un planteo de conjunto y una estrategia que tiene un alcance internacional y debería unificar la lucha de todos los trabajadores del mundo.
El sometimiento de la burocracia de los sindicatos a los planes anti-sanitario y anti-obreros del gobierno y el capital, estaba descontado, pero no tiene parangón en la historia de traiciones que la caracteriza. En todos los frentes de lucha que se han desarrollado bajo la pandemia y el desplome económico está presente una nueva generación y una nueva ‘primer línea’ de luchadores. Los trabajadores de la salud y los docentes, Penta, BedTime, Acindar, Fate, el Sutna, los movimientos barriales independientes han marcado los latidos de los explotados en estos dos meses. La crisis histórica asociada con la irrupción de la pandemia (porque no se trata de una crisis determinada por la pandemia), que confronta el antagonismo definitivo de la sociedad de clases, viene asociada a un sujeto obrero, a un sujeto de lucha, que asumirá, a través de la experiencia, a través de crisis, a través de luchas, el protagonismo que la historia reserva al proletariado mundial.
La nueva etapa de la crisis en que hemos ingresado plantea todos estos desafíos – y muchos más.