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Recién en estos días se conocieron las condiciones del contrato firmado, en febrero de 2023, entre la empresa israelí Mekorot y la exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Lo que el gobierno había informado en aquel momento era que se contrataría a la consultora Mekorot para diseñar un Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia. El plan debía contemplar los desafíos del cambio climático, diseñar una autoridad regulatoria, calcular el valor económico del agua, y proyectar una planta de desalinización sobre la costa atlántica, entre otros objetivos. Merkorot es la empresa que gestiona los recursos hídricos en el Estado de Israel, privando o limitando su acceso a los palestinos.
Ahora se supo que, por ese convenio, el gobierno de Río Negro aceptó cederle a Mekorot la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantiza inmunidad a su personal y asume la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. También acepta someter sus eventuales diferendos a un arbitraje privado en Inglaterra bajo las leyes de ese país, y se compromete a mantener la confidencialidad absoluta e indefinida de todos los términos de ese convenio de cuestionada legitimidad.
Entre las condiciones del contrato, que tiene comienzo en abril de 2023 con un plazo de dieciocho meses, figuran el pago de un millón de dólares y la posibilidad de prorrogarlo a razón de 72 mil dólares mensuales. Ya está prevista una prórroga por seis meses más, por lo pronto, porque la Consultoría está atrasada.
La acción de Mekorot en Palestina revela el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso, un método que ahora continúa a través de la guerra de exterminio que el ejército sionista desarrolla contra la población de Gaza. La empresa fue denunciada ante organismos internacionales por su accionar en Palestina.
Además de Rio Negro, Mekorot firmó convenios con otras once provincias argentinas, bajo patrocinio del exministro del Interior del gobierno de los Fernández, Wado de Pedro, en 2022. Por otro lado, el “acuerdo marco” de este contrato fue suscripto en 1982 entre la última dictadura y el Estado de Israel.
La confidencialidad y el secretismo con que se manejó la contratación, desmesurado para una simple consultoría y asesoramiento, habilitan interrogantes justificados que alimentan sospechas sobre las intenciones y reales intereses de la empresa Mekorot y el rol del Estado. En el caso de Río Negro, recientemente se difundió el propósito de la consultoría, que no disimula su propósito privatizador. Entre otros, prevé eestablecer “proyecciones de la demanda del sector en la provincia y la oferta de recursos hídricos, ambos considerando la influencia del cambio climático” y el “cálculo del valor económico del agua”. Un grupo de legisladores presentó un pedido de informes sobre las condiciones del contrato y sus cláusulas secretas, dado que establece que “ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida”.
El alineamiento con el sionismo y el imperialismo viene de mucho tiempo atrás.
