Del Plan Nacional de Alfabetización a los Planes Jurisdiccionales

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales presentan con bombos y platillos el Plan Nacional de Alfabetización (Decreto 579/2024). El programa no alude en ningún momento a los montos destinados para implementar dicho plan, la distribución de recursos ni la forma de encarar la enseñanza en los establecimientos.

Las acciones para la alfabetización se dividen en siete ejes. Pone acento en “La formación docente inicial y continua”, vinculada a la implementación de un proceso de evaluación continua y periódica de los docentes, lo que significaría una sobrecarga más.

Las evaluaciones periódicas, como muestreo educativo, van en el camino de la instauración de escuelas voucher, a fin de que los padres tengan elementos para elegir dónde educar a sus hijos. Generan negocios rentables en educación, desde escuelas “voucher ricas” a escuelas “voucher pobres.” Conocemos que el gobierno liberticida ya ha avanzado con los “vouchers educativos” que solo benefician a las patronales de la educación privada, a la par de la desinversión en el sistema público.

El programa promoverá acciones concretas en acuerdo con las veinticuatro jurisdicciones. En el caso de Tucumán, según las declaraciones de la ministra de educación, Susana Montaldo, ella misma aclara que desconoce cuál será el presupuesto asignado. Pese a ello, ya ha generado un plan para 70 escuelas de la provincia de acuerdo con diagnósticos “situados”.

En cuanto a los recursos materiales, el plan jurisdiccional deja en claro que no habría aumento presupuestario y respecto de los materiales didácticos solo buscará optimizar los recursos existentes, en un contexto de vaciamiento de los mismos. Se montará sobre proyectos preexistentes, como es el de Trayectorias Escolares.

La actualización académica se hará en vinculación con el CONICET y la UNT para especializar a docentes, directivos y supervisores de 100 escuelas llamadas Escuelas Prioritarias, lo cual da cuenta de que la UNT ya ha establecido acuerdos con el programa del gobierno liberticida.

La reforma trae mayor vinculación entre empresas y educación, como ocurriría en Tucumán con la Fundación Pérez Companc, Programa Infancias.

A partir de eufemismos, proclaman la consagración del derecho de enseñar y aprender, pasando por alto el colapso del sistema educativo que consagra una clara división de educación para ricos y de ignorancia masiva para pobres.

El nuevo plan no solo consagra esta división, sino que avanza en la descentralización educativa, pues cada jurisdicción determinará cómo aplicarlo, la gestión local de escuelas y el control de la mayor parte de sus gastos.

“No se puede soslayar que una de las limitaciones para incorporar la jornada completa es la infraestructura”, explicó la propia ministra Montaldo. En Tucumán se implementarán diversos formatos escolares, extensión de jornada completa y jornada extendida, según las necesidades de los alumnos y las “posibilidades de cada establecimiento”.

La distribución de los escasos recursos en un puñado de escuelas avanza hacia una mayor flexibilidad laboral para los docentes, su designación, descentralización y precarización del trabajo con la función de abarcar a esa diversidad.

En el caso de los maestros de grado con dos cargos, deberán “dejar” uno de ellos en reserva, para pasar a cubrir las horas de la escuela prioritaria de aprendizaje, cumplirán 3 horas más, pero no dentro del marco estatutario de las escuelas de jornada completa, quienes cobran 75 % del salario, más doble incentivo y conectividad, se pagará solo el 60 % del salario (60 % de sumas remunerativas y 60 % de sumas no remunerativas) .

Todo es bastante incierto respecto de la organización de las jornadas. Según comentan algunos colegas, se les dijo que la afectación será solo para los maestros de grado y especiales, dejando fuera a directores y secretarios, por lo que en esa extensión de jornada todo correrá bajo responsabilidad del docente.

La evaluación del proyecto se realizará a partir del seguimiento y monitoreo que realizarán directores y equipos técnicos ministeriales. Esto acarreará un control sobre los recursos unido a la exigencia de mayores rendimientos, lo que trae aparejada la posibilidad de asignar recursos en función de la satisfacción, como se consigna entre los ejes, la vinculación entre las inversiones en alfabetización con el aprendizaje.

En ningún renglón del programa se hace alusión a la obligatoriedad como obligación del Estado de garantizar becas, subsidios, asignaciones familiares, o comedores para todos los estudiantes. Tampoco hace mención de la gratuidad y los recursos para promover el acceso a toda la población. Mucho menos a los salarios docentes ni a satisfacer los reclamos de un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Aun con la extensión de jornada, el docente de grado que recién se inicia no llegaría a cubrirla, consagrando la precarización en la contratación y violando los derechos de igual tarea-igual remuneración.

El programa presentado está en real contradicción con la política que lleva adelante el gobierno liberticida, cuyo resultado es un agravamiento de la catástrofe económica y social, con un nivel de pobreza por encima del 53 por ciento, con crecientes despidos, ataque a los derechos laborales, alargamiento de la jornada laboral, desvalorización del salario, articulando todos los medios para profundizar la explotación en un franco ataque a los trabajadores, desocupados y gastos sociales. Un plan educativo que se abstrae de la miseria social no puede transformar la educación.

La ejecución del presupuesto nacional 2024 en las partidas destinadas a la educación pública muestra un ajuste feroz, es una prórroga del destinado a 2023 y no se ajustó por inflación. La caída afecta también a infraestructura, equipamiento escolar y comedores escolares. Se suspendieron becas para estudiantes de todos los niveles, compra de libros o manuales escolares y se suspendió el programa Conectar Igualdad, etc.

En el tiempo transcurrido del gobierno es claro que estamos también ante un ataque a la docencia. En lo que va del año, Milei ha procedido a la eliminación de la paritaria nacional docente y el FONID (15 % del salario). En las provincias se han firmado paritarias a la baja con los gobernadores, sumado al intento de declarar a la educación como servicio esencial para eliminar el derecho a huelga.

Llamamos a instalar la discusión en las escuelas.

Una verdadera ley de alfabetización debería sancionar la obligatoriedad de la enseñanza como obligación del Estado de garantizar la escolaridad para alcanzar a todas las capas de la población.

Un plan de becas, subsidios, comedores escolares, vivienda estudiantil, etcétera, el laicismo como eliminación de todos los subsidios a las escuelas confesionales.

La gratuidad como monopolio estatal de la enseñanza y su planificación centralizada.

Los intereses incompatibles de las clases sociales también se expresan en la educación. Contra los planes mentirosos del gobierno nacional y los gobiernos provinciales planteamos la participación de los verdaderos actores en la vida educativa: docentes, estudiantes, familias, organizaciones y consejos zonales encargados de supervisar y controlar el desarrollo de la escuela pública, en favor de la causa de los trabajadores y la verdadera emancipación nacional.