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En la escuela secundaria N° 3 de Lagomarsino, distrito de Pilar, se escuchó una de las noticias más dolorosas en la vida de una comunidad educativa: un estudiante de 1° año fue atropellado por un camión en la puerta de la escuela minutos antes de ingresar a su jornada en el turno tarde.
Esta escuela, situada en un populoso barrio de Pilar, comparte la cuadra con la escuela primaria 24, a metros de la ruta 26, Beliera es una calle asfaltada y en regulares condiciones de transitabilidad comparada con el resto de las que caminan a diario nuestros alumnos y docentes del distrito; es por eso que es vía obligada de vehículos particulares y de carga transformándose en horas picos, entrada y salida de los alumnos, en un peligro latente para la comunidad educativa.
Mas allá del dolor por la pérdida de un niño, es imperioso analizar el porqué de una muerte totalmente evitable. Lo que parece una tragedia es, a todas luces, con una mirada más atenta, el resultado de una concatenación de impericias e inacciones del Estado en su conjunto, como la ausencia de veredas en los barrios, zanjas con aguas servidas, sin entubar; nulos controles viales en adyacencias de las escuelas, principalmente en la entrada y salida de los alumnos, entre otros. La tragedia se transforma en negligencia estatal, provincial y municipal: pudo haberse evitado si agentes del tránsito municipal cortasen por unos minutos el tráfico para una entrada segura de los alumnos. Una vez más, es el hijo de una familia obrera que paga con su vida los constantes ajustes en las partidas presupuestarias para obras de infraestructura en los barrios, mejoras edilicias, mejores transportes públicos, etc.
El ajuste del gobierno nacional que azota nuestra clase es implementado por una red de gobernadores e intendentes de variopintos partidos políticos. Aquí no hay grieta que valga, todos son agentes del capital privado.
Al cierre de la redacción de esta nota, padres y vecinos de la comunidad trasladaron su bronca e indignación a la Ruta 26 y Beliera, cortándola en ambos sentidos, bronca que, en un primer momento, se volcó hacia la escuela, poniendo incluso la seguridad de los propios docentes y auxiliares en peligro ante un evidente desborde de la multitud. Las autoridades distritales, en una actitud irresponsable, decidieron que la escuela abra sus puertas a lo que dé, alegando que los docentes “somos profesionales” y parte de nuestra tarea es bancarse cualquier contexto laboral, haciendo cumplir horario a trabajadores de la institución e invocando la premisa sostenida desde el Gobierno de Kicillof, “la escuela abierta” a cualquier costo.
Las familias obreras, alumnos, docentes, auxiliares, somos víctimas del ataque permanente del gobierno, del ajuste presupuestario y del vaciamiento de las medidas de seguridad vial mínimas para que las tragedias como estas no pasen; es la contra cara de este régimen social podrido y en decadencia.
