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La persecución político-ideológica que ha llevado adelante el gobierno liberticida desde el primer día de gobierno contra opositores, activistas, trabajadores y un largo etc, se trasladó, desde un comienzo, hacia adentro de las estructuras del Estado. El gobierno de Milei emprende ahora una purga de personal de carrera en reemplazo de tropa propia que responda a las órdenes directas de su camarilla.
En la primera semana de noviembre se conoció la renuncia Manuel García Solá a su puesto en el CONICET. Representante de los intereses del agronegocio en el organismo, ocupaba su cargo desde el 2022, cuando fue propuesto por la Sociedad Rural Argentina (SRA). García Solá afirmó “me pidieron la renuncia por objetar persecución ideológica a los becarios e investigadores”. En una misiva que tuvo como destinatario a Nicolás Pino, presidente de la SRA, le manifestó que no iban a acallar su voz “cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas”. (Página 12, 9/11). La burguesía liberal cuenta con una ultraminoría que adhiere al “estado de derecho”.
Respaldando a García Solá, investigadores, autoridades de institutos de ciencia y gremios, salieron a rubricar los dichos del renunciante, alegando que aquellos investigadores del CONICET, que investigan temas que están por fuera de la agenda del gobierno, como cambio climático y género, son discriminados por las autoridades puestas por el gobierno liberticida.
Fue el propio Pino el que le pidió a García Solá que presentase la renuncia a su cargo. Si bien no se conocen los motivos de Pino, todo apunta a Daniel Salamone, presidente del ente, designado por Milei y experto en clonación, como mentor de su salida. Las rispideces surgieron cuando García Solá le advirtió a Salamone que estaba por cometer un acto de “discriminación política” sobre un caso particular. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, había advertido que los proyectos presentados por los investigadores y becarios, iban a ser sometidos a una “segunda evaluación de corte político”. Una nueva forma de auditoría – la ideológica. Es lo que ha ocurrido en la Cancillería.
Por órdenes directas de Milei, se ha lanzado una redada para "identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad". Para llevar adelante este proceso persecutorio, Milei se vale de los “grupos de tareas”, bancados con los fondos reservados de la SIDE, que operan, sobre todo, en la red social X.
Uno de los patoteros virtuales preferidos por la presidencia, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, desde su programa de streaming, La Misa, afirmó que se debe llevar adelante una selección ideológica del personal. “Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, que literalmente son comunistas (sic). Hay que poner a los propios. Amigos, conocidos, que están con la ideología adecuada”. Las fuerzas de seguridad no escapan de la persecución ideológica. Milei hizo referencia a la infiltración de personal contrarios a los ideales de la “libertad” en la celebración de los 203 años de la Policía Federal: "Debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, dijo, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre”.
La diputada Lilia Lemoine, durante una entrevista en TN, afirmó que “McCarthy tenía razón. A mí no me ofende que digan que estamos siendo macartistas, porque si algo que vio McCarthy fue que la infiltración comunista en su gobierno era algo real, que después con el tiempo se probó, y no podemos permitirlo.”
Las sanciones ideológicas son una característica del fascismo. Milei le da un perfil especial a una tendencia que tiene una reiterada historia en Argentina.
