Maduro acordó con Trump la repatriación de venezolanos y la paulatina salida de capitales chinos de Venezuela

Esta semana se reunió el enviado de Trump, Richard Grenell, con Nicolás Maduro. Grenell consiguió los objetivos propuestos, ya que logró liberar a los seis norteamericanos que se encontraban asilados en la embajada argentina en Caracas, el compromiso de que Maduro reciba a los 600.000 venezolanos que se encuentran asilados en Estados Unidos bajo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y, de yapa, que se haga cargo del transporte. Además, en el marco de su guerra comercial con China, consiguió que una petrolera de este país -Sinopec- vendiera sus activos de PetroParia -empresa de mayoría venezolana- a la empresa estadounidense Amos Global Energy Management.

A cambio, Maduro consiguió la renovación de la licencia general que le permite a Chevron operar en Venezuela. Desde 2022, esa licencia es una fuente de financiamiento esencial para el régimen de Maduro, ya que las empresas con licencia producen alrededor de un tercio del petróleo venezolano. De esa producción, el gobierno se queda con al menos el 30 % en concepto de regalías e impuestos, dólares de los que Maduro dispone discrecionalmente sin rendir cuentas, gracias a la Ley antibloqueo de 2020 que le habilita firmar contratos en estricto secreto, por lo cual no hay ninguna clase de información pública sobre lo que entra y a dónde va. De esta manera, los 600.000 migrantes venezolanos son utilizados como moneda de cambio por el régimen de Maduro, al mismo tiempo que Trump no tiene reparos en aflojar su mano dura contra Venezuela enfocado como está en lograr la limpieza étnica de latinos en EE.UU., que es la piedra basal de su política fascista.

Así mirado, también puede decirse que Trump entregó el apoyo a María Corina Machado y compañía como moneda de cambio en pos de esta política. Después de todo, no es la democracia de Venezuela lo que le importa, sino la posibilidad de imponer sus condiciones al país con las reservas de petróleo convencional más grandes del mundo y que está a sólo unos kilómetros de Miami. Esto es una mala señal para la internacional de derecha y sus esperanzas en algún tipo de colaboración por la mera afinidad ideológica. A Milei lo ayuda su importancia como pieza clave en el mapa mundial y no su verborragia homofóbica.

Desde su aparición pública -encabezando una movilización que fue menos multitudinaria de lo que se esperaba- y aparente secuestro por unas horas, este último 9 de enero, María Corina Machado ha vuelto otra vez a la clandestinidad. En los grupos de la derecha discuten la conveniencia de que marche al exilio.

También a la derecha venezolana sus migrantes le interesan bien poco. En declaraciones de esta semana, desde el exilio, González Urrutia, el presidente venezolano reconocido por Estados Unidos, propuso llevar a sus compatriotas migrantes a otros países latinoamericanos. Ni siquiera atinó a sugerir el derecho a residencia del que él sí goza frente a la persecución política a la que son sometidos sus partidarios.

Esta vez, pese a que el triunfo de la derecha en las últimas elecciones presidenciales fue más indiscutido que en las de 2019 -en las que el opositor a Maduro fue Juan Guaidó-, el reconocimiento mundial como presidente electo hacia González Urrutia consiguió muchos menos adeptos. La Unión Europea, por ejemplo, se abstuvo de reconocerlo, al contrario de lo que había hecho en 2019. Esto en parte es producto del fracaso que implicó el antecedente inmediato, es decir, las malogradas operaciones internacionales en torno a sostener la legalidad de Juan Guaidó, que incluyeron la confiscación de los bienes y las reservas del Estado venezolano en el exterior, todas presiones que no lograron voltear a Maduro.

El principal sostén del régimen sigue siendo el ejército y el fracaso de la movilización opositora del 9 de enero parece haber sellado la suerte de la derecha por el momento. El régimen de Maduro también se ve beneficiado porque buena parte de la oposición se encuentra entre la diáspora de 8 millones de venezolanos que huyeron del país y porque la prórroga de la licencia a Chevron la ha dado un oxígeno invaluable, desde 2022, que le permitió aliviar la economía.

El pacto de Trump con Maduro es la continuidad de la política que venía llevando el gobierno de Joe Biden. Este también acordó la continuidad de la Licencia a Chevron a cambio de que Maduro acepte repatriar a los inmigrantes venezolanos, algo que debía concretarse a fines de 2024, pero que Maduro no le cumplió a Biden, como parece que sí va a hacer con Trump. De momento, la postura del Secretario de Estado, Marcos Rubio -quien no se cansó de lanzar amenazas sobre Cuba y Venezuela-, de acentuar la presión diplomática sobre Maduro parece haber quedado suspendida. Y el desembarco de marines es algo que sería vetado por Chevron por inoportuno para los negocios.

El que parece que ha dado un giro en su política y acepta todos los condicionamientos de Estados Unidos es el presidente venezolano en funciones, en sintonía con el colombiano Gustavo Petro, quien también aceptó recibir repatriados, y la mexicana Claudia Sheinbaum, quien cedió a militarizar la frontera.

Mientras tanto Trump avanza en su política fascista de razias buscando latinos, imponiendo cupos mínimos de detención a la policía, lo cual ha paralizado algunas ramas de la producción que utilizan mano de obra migrante. Frente al miedo de ser apresados, no se presentan a trabajar. Al mismo tiempo, envió los primeros aviones con inmigrantes a la prisión de Guantánamo, como parte de su plan de alojar allí a 30.000 de ellos, algo inviable materialmente por los altos costos que implica y la escasez de instalaciones.